¿Hacia dónde va la democracia costarricense?

¿Hacia dónde va la democracia costarricense?

Quiero que reflexionemos no sólo sobre la presencia de la democracia en América Latina y en Costa Rica, sino también sobre su condición.

Estoy plenamente convencido de que las reglas democráticas son universales y que los países son más o menos democráticos, dependiendo de cuánto se acercan o cuánto se alejan de ese sistema que esbozaron los griegos, que perfeccionaron los estadounidenses, que sofisticaron los nórdicos y que hoy intentamos impulsar, con mayor o menor éxito, tantos países de la Tierra.

Debemos ser muy cautelosos. Nos ha costado casi doscientos años configurar esta realidad nuestra que no es perfecta, pero que ciertamente es mejor que lo que tienen otras naciones latinoamericanas.

Una democracia es disfuncional allí donde el gobernante, del partido político que sea, está imposibilitado para ejecutar la voluntad de la mayoría.

Un gobernante tiene el sagrado deber de rendir cuentas y reconocer errores. Pero no es el único. Deben rendir cuentas también los políticos de oposición, los medios de comunicación, y los grupos de presión. Deben rendir cuentas por la forma en que, con muchas de sus acciones, bloquean la posibilidad de construir una Costa Rica más moderna y más competitiva. Hoy es más sencillo sembrar una duda con afirmaciones irresponsables, que refutarla con evidencias y pruebas. Hasta que no comprendamos esto, el debate democrático en nuestro país seguirá estando viciado por el ensañamiento.

Nos hemos sumido en una lógica perversa, conforme con la cual primero se dicta sentencia y después se leen los cargos. Esto es lo que ha sucedido recientemente en el caso de las consultorías contratadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en mi pasada Administración. Después del escándalo mediático y de una primera investigación por parte de la Asamblea Legislativa, la Procuraduría y la Contraloría General de la República le dieron la razón al gobierno: los recursos empleados para pagar las consultorías no eran fondos públicos, y por lo tanto no debían ingresar en el Presupuesto de la República, ni someterse a los requisitos de la contratación administrativa. También reconocieron la Contraloría y la Procuraduría que mi gobierno nunca recibió dinero del BCIE, sino bienes y servicios como parte de un programa de cooperación no reembolsable; que no se burló ninguna ley; y que nadie se robó un cinco.

Ante la ausencia de casos de corrupción durante mi pasada Administración, el montaje del BCIE ha sido de nuevo objeto de escándalos y falsas acusaciones, tanto en la prensa como en la Asamblea Legislativa. Al paso que vamos, se convertirá en algo así como la telenovela Betty la Fea: en un refrito mediático para hacerles creer a los costarricenses que mi Administración no fue transparente. Quedamos advertidos: el control político en nuestro país se ha convertido en un show que debe hacerse cada dos o cuatro años a toda costa: si no existen actos de corrupción que investigar y sancionar, entonces hay que inventárselos. Y si ya se explotaron algunos hechos como material de persecución política, entonces hay que hacer de esos hechos un refrito para obtener de nuevo réditos políticos y mediáticos.

Costa Rica tiene entre sus manos la posibilidad de convertirse en una nación desarrollada, si es capaz de construir, también, una cultura política desarrollada, una forma más madura de entender el proceso democrático.

Confío en que aún estamos a tiempo de trascendernos y recuperar esa ética pública. Confío en que tendremos la osadía de construir un futuro aún más glorioso que el que previeron nuestros ancestros.

(Extractos del discurso pronunciado por el ex presidente de la República Oscar Arias en el Club Unión)