¿Hacer negocios con el Gobierno?

¿Hacer negocios con el Gobierno?

Hacer negocios con el Gobierno de Costa Rica, y en especial aspirar a una concesión otorgada por el Estado, no es recomendable; esto es algo que se va conociendo a nivel mundial y cada vez menos empresas internacionales participan en las licitaciones que organiza el país. No importa lo que digan los jerarcas de la administración de turno, y la legalidad del proceso de negociación, en algún momento es casi seguro que aparecerán tropiezos, atrasos, apelaciones inesperadas, cambios de ideología y de términos de referencia, que convierten algo que antes era atractivo en una pesadilla.
Se pueden dar argumentos en pro o en contra de las concesiones que tocan a los recursos naturales, pero la verdad es que Las Crucitas, Harken, Mellon y otros que han encontrado sus operaciones frenadas, fueron invitados al país, participaron en licitaciones públicas siguiendo todas las reglas, pasaron sus contratos por SETENA, el MINAET, la Contraloría y la Sala IV, sobrevivieron apelaciones, fueron rubricados los convenios, pero no han podido iniciar su trabajo por razones netamente políticas. Algunos al fin terminarán en juicios o arbitrajes internacionales donde el Estado será condenado; luego Costa Rica no cumplirá con la condena de pago por “falta de recursos” y pudieran pasar muchos años estas empresas antes de que reciban lo adeudado.
Pero ¿qué hay de la cárcel en Pococí, de las líneas de autobuses intercantonales, de la carretera a San Ramón, el aeropuerto Juan Santamaría y tantos más? Ninguna de estas concesiones tiene implicaciones con el medio ambiente, pero con la excepción del aeropuerto citado que después de más de una década está a “medio palo,” no se implementaron finalmente, no obstante inversiones de parte de los adjudicados. Con el Aeropuerto hay toda una serie de compromisos legales del Estado que no se están consumando con la implicación de sanciones por incumplimiento. Si el concesionario se atreve a hablar de estas multas se oye un gran grito en la opinión pública, pero no en contra del Estado que incumple (por sí es la norma para los costarricenses tener gobierno que no ejecuta) si no en contra de la empresa. “¿Cómo es posible” dicen las voces de tantos enojados, “que una multinacional extranjera esté tratando de agredir a nuestro gobierno?”
Ahora comienza el camino agonizante para APM Terminals, empresa holandesa que ganó la concesión para construir un puerto de contenedores en Limón, algo que se necesita desesperadamente. Ya se comienzan a escuchar las voces contrarias. Después vendrán las demandas en los tribunales, las campañas en los medios en contra y a favor y no es improbable que finalmente no se construya o que esta administración u otra igual de débil “patee la lata” a 2014 para la toma de decisión.
Un ejemplo de la falta de confianza en el país es el hecho de que no pudo vender las tres frecuencias de telefonía celular que ofreció al mercado. Solo dos empresas entraron y no obstante un referendo, una decisión firme en este caso de seguir adelante, ha tomado hasta la fecha cuatro años para que el gobierno cumpla con su propio pueblo que aprobó la apertura en este campo en 2007.
Los opositores, bananeros, sindicalistas, ecólogos, reos (en el caso de Pococí), cleros, universitarios, y otros cantan victoria cada vez que paran o atrasan uno de estos proyectos. No obstante sus argumentos, no creo conveniente que Costa Rica gane tan mala fama en el exterior

Carlos Denton
cdenton@cidgallup.com