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La situación arrastrada durante años ha cambiado y muchas pymes ahora probablemente pasarán a ser actores del sector formal de la economía, gracias a la puesta en marcha, al fin, del SBD


Hacer bien las cosas en el SBD

A pesar de ser Costa Rica un país donde tradicionalmente las pymes han sido importantes motores de la economía, estas pequeñas y medianas empresas se habían ido quedando sin posibilidades de acceder a crédito bancario por no disponer de todas las garantías que en la actualidad los bancos solicitan para préstamos convencionales.
Esto a pesar de existir, desde 2008, un Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), aprobado por ley para solucionar el problema.
Dicho sistema se fondea por medio del peaje que pagan los bancos privados por sus cuentas corrientes, un 5% que aportan los bancos públicos de sus utilidades, e incluso de fondos provenientes de varios antiguos fideicomisos no ejecutados desde hace muchos años.
La situación arrastrada durante años ha cambiado y muchas pymes ahora probablemente pasarán a ser actores del sector formal de la economía, gracias a la puesta en marcha, al fin, del SBD.
Por otro lado, y para hacer bien las cosas, un adecuado acompañamiento y capacitación técnica y administrativa a las pymes favorecidas con crédito, a fin de que sus operaciones sean exitosas, así como el debido control dentro del sistema mismo, servirían para que no se pierda el dinero prestado ni puedan presentarse casos de fraude.
En esto, como se sabe, no suelen ser los sistemas sino el factor humano, el político y la falta de controles los que permiten el mal uso de fondos públicos.
Ahora las pymes tienen la posibilidad de acceder a los fondos del sistema, a una tasa de hasta un 10% menor, en colones, a las que están disponibles en el mercado convencional.
Esta buena noticia, para los empresarios con negocios que tengan no más de 100 empleados, podría dinamizar la economía de Costa Rica por medio de un sector con buenas posibilidades de crecimiento pero que no tenía acceso al financiamiento bancario.
En el caso de la gente que no cuente con una garantía, la banca suscribiría un aval.
Todo es cuestión a partir de ahora, de dar un buen seguimiento al funcionamiento del SBD, que cuenta con un consejo rector que, entre otras funciones, deberá remitir anualmente a un consejo asesor mixto (público – privado) a la Asamblea Legislativa, a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, un informe sobre el cumplimiento de las metas y los impactos sociales y económicos alcanzados con los recursos del SBD.

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