Guerra por telecomunicaciones entraba Asamblea Legislativa
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Lunes 26 noviembre, 2007
Cinco batallas específicas sobre la apertura del mercado crispan Congreso
Guerra por telecomunicaciones entraba Asamblea Legislativa
• Recrudece bombardeo entre fracciones sobre modelo operativo, regulación, concurso por concesiones, limpieza de frecuencias y conceptos de solidaridad y universalidad
• Rectoría del sector telecomunicaciones y polifuncionalidad de Superintendencia amenazan con un “apagón” del diálogo legislativo
Eduardo Baldares
ebaldares@larepublica.net
Los conductos del diálogo legislativo no pueden estar más tensos, porque los impulsores de la apertura del mercado de telecomunicaciones se confiesan “inflexibles” en puntos que sus adversarios advierten que defenderán “hasta la muerte”.
La alianza pro Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (Cafta) apunta a la aprobación de la agenda de implementación a mediados de enero, para lo cual aplica la denominada “vía rápida”, pero los opositores minan sus intenciones con numerosas mociones y también esgrimen la consulta ante la Sala IV.
Lo anterior agregaría un mes adicional a las dos semanas que tenían previstas los impulsores del Cafta solo en el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones… Uno de los 11 que forman la agenda sin la cual el Tratado no podría entrar en vigencia antes del 29 de febrero, plazo para su aprobación sin necesidad de solicitar prórroga.
Específicamente sobre las leyes General de Telecomunicaciones y de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas de este sector, consideradas las más polémicas de la agenda, sobresalen cinco puntos que han mantenido el debate al rojo vivo: modelo operativo, regulación, concurso por concesiones y limpieza de frecuencias, así como los principios de solidaridad y universalidad en acceso y servicios, sin olvidar una disputa de poder entre el ministro del Ambiente, Roberto Dobles, y el regulador general, Fernando Herrero.
Sobre la organización del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) surgen conflictos acerca del grado de autonomía que debería tener en el marco de una apertura. Por un lado se teme que cuanto más controles tenga tanto menor sea su competitividad; por el otro, preocupa que entre mayor libertad se le dé decrezca su sentido social.
“Se quiere hacer que el ICE compita con empresas extranjeras de enorme capital, pero no le quitan las amarras que lo dejan en desventaja: Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), Contraloría General de la República, control interno y las leyes General de la Administración Pública y de Contratación Administrativa. Hay intenciones de debilitarlo detrás de esto”, comentó la diputada Grettel Ortiz, del Partido Acción Ciudadana.
El libertario Carlos Gutiérrez respondió que no es cierto que el ICE quede tan atado, “porque en la Ley de Fortalecimiento se le quitan un montón de trabas, pero no se puede pretender que tenga todas las libertades de una empresa privada al mismo tiempo que sigue siendo pública, con otras ventajas que eso conlleva”.
Agregó que “si (a Ortiz) le molesta que la Contraloría esté encima, le propongo que hagamos una sociedad anónima repartiendo entre todos los costarricenses las acciones del ICE”.
De cualquier manera la oposición anuncia que luchará a toda costa para mantener al Instituto como de servicio público subsidiado, “técnicamente regulado, pero en beneficio de los usuarios. Si no, desaparecería y luego vendrían los incrementos de precios, así que lo vamos a defender hasta la muerte”, adelantó Ortiz.
Gutiérrez contestó que “no estoy en contra de los subsidios; incluso acepto que se dé el agua para la electricidad sin pagar impuestos… pero a todos los operadores. No se puede fomentar desigualdades en un mercado abierto”.
En el tema de la limpieza de las frecuencias para que entren a operarlas las empresas interesadas también se escuchan detonaciones. La determinación del órgano encargado de definir cuánto y por qué conceptos pagarán estas, y lo concerniente a las concesiones mantiene encendida la discusión.
El ICE perdería la rectoría, “pero ganaría la libertad para invertir que no tuvo durante los anteriores cuatro gobiernos, en los cuales se le obligó a acumular superávits y, por ende, a estancarse”, reflexionó Leonel Fonseca, ex regulador general.
Entonces el proyecto de ley estipula que la rectoría del sector recaería en el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet), que recibiría los dictámenes de una nueva entidad creada bajo el alero de la Aresep, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel). Esto ha generado encendidas discusiones.
“Por compatibilidad con la materia, lo correcto es que rija Ciencia y Tecnología (Micit), pero hay intereses para hacer del Minaet un superministerio del ambiente, agua, energía, parques nacionales y hasta telecomunicaciones, a pesar de sus deficiencias que le imposibilitan un funcionamiento efectivo”, justificó Ortiz.
Entre las fracciones pro Cafta hay opiniones distintas.
La liberacionista Gilda González opina que es imposible darle la rectoría al Micit, “porque es muy pequeño y habría que transformarlo mucho. En eso somos inflexibles”.
El libertario Gutiérrez estima que si bien el tema da para analizar, “lo mejor es consensuar para que la agenda esté aprobada lo más rápido posible”, por lo que su fracción se unió con la mayoría.
Pero es el poder de la Sutel lo que más polémica ha causado, y no solo por ser la encargada de determinar qué frecuencias del espectro radioeléctrico se limpiarán y cómo, sino porque su injerencia se cruza con la regulación y hasta la administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), mediante el que se pretenden garantizar los principios de solidaridad y universalidad en acceso y servicio.
De los cinco puntos quizás el más candente es el de la regulación, al punto que se han deshecho y vuelto a hacer los artículos relacionados en la Ley General de Telecomunicaciones, en medio de interpretaciones encontradas del ministro Dobles y del regulador general Fernando Herrero, y ni que decir de las fracciones parlamentarias.
Primero se encomendó a Sutel el control y entrega de las frecuencias, pero Dobles respaldó informes de Procuraduría y Contraloría en el sentido de que el Ejecutivo debería tomar esas riendas, por lo que se promovió un Consejo Sectorial de Telecomunicaciones dentro del Minaet, lo que fue aprobado por el grupo pro Cafta.
En contraparte, un estudio de Aresep defendió que la injerencia directa del Ejecutivo podría prestarse para malas interpretaciones. “Sería nefasto que un (eventual) gobierno corrupto tuviese semejante poder”, aseguró Leonel Fonseca.
Herrero agregó que “estas decisiones deben tener un carácter más técnico que político” y defendió que sea Aresep la que regule, porque si se dividen funciones se perdería eficiencia. “Claro que tiene que rendir cuentas al Ejecutivo, pero sería a través de informes técnicos despolitizados”.
Entonces, la semana pasada los mismos impulsores del Cafta dieron marcha atrás y volvieron a depositar en Sutel esas responsabilidades. No obstante, sus detractores no quedaron conformes.
Herrero propuso en el informe oficial “Hacia un nuevo marco regulatorio en el sector de telecomunicaciones de Costa Rica” que Aresep directamente debería ser la encargada de las concesiones y permisos especiales, dejándole a Sutel estudios sobre aspectos muy técnicos. Ortiz y Fonseca fueron todavía más críticos.
“Se ha puesto de manifiesto un enfrentamiento entre Roberto Dobles y Fernando Herrero, y al final se pretende insertar dentro de la Autoridad Reguladora a otra entidad. Entonces se complica un asunto que debería ser más expedito, pues Sutel le remite a Aresep, esta a Minaet y de ahí al Ejecutivo. Es un absurdo”, dijo Ortiz.
“La Autoridad Reguladora podría hacer esas funciones, pero le injertan la mencionada superintendencia, lo que jurídica, institucional y técnicamente constituirá un engendro difícil de entender, operar y coordinar”, opinó el ex regulador.
Y esto nos lleva al último punto de la discordia: “Asignan funciones totalmente ajenas a un organismo regulador, como la administración de los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), para la solidaridad y universalización de servicio y acceso”, refirió Fonseca. “Es como que un árbitro, que media en asuntos de uso de infraestructura, por ejemplo, también meta goles”.
En medio de este contexto para hoy se programó una huelga de sindicatos del Instituto Costarricense de Electricidad.
Guerra por telecomunicaciones entraba Asamblea Legislativa
• Recrudece bombardeo entre fracciones sobre modelo operativo, regulación, concurso por concesiones, limpieza de frecuencias y conceptos de solidaridad y universalidad
• Rectoría del sector telecomunicaciones y polifuncionalidad de Superintendencia amenazan con un “apagón” del diálogo legislativo
Eduardo Baldares
ebaldares@larepublica.net
Los conductos del diálogo legislativo no pueden estar más tensos, porque los impulsores de la apertura del mercado de telecomunicaciones se confiesan “inflexibles” en puntos que sus adversarios advierten que defenderán “hasta la muerte”.
La alianza pro Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (Cafta) apunta a la aprobación de la agenda de implementación a mediados de enero, para lo cual aplica la denominada “vía rápida”, pero los opositores minan sus intenciones con numerosas mociones y también esgrimen la consulta ante la Sala IV.
Lo anterior agregaría un mes adicional a las dos semanas que tenían previstas los impulsores del Cafta solo en el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones… Uno de los 11 que forman la agenda sin la cual el Tratado no podría entrar en vigencia antes del 29 de febrero, plazo para su aprobación sin necesidad de solicitar prórroga.
Específicamente sobre las leyes General de Telecomunicaciones y de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas de este sector, consideradas las más polémicas de la agenda, sobresalen cinco puntos que han mantenido el debate al rojo vivo: modelo operativo, regulación, concurso por concesiones y limpieza de frecuencias, así como los principios de solidaridad y universalidad en acceso y servicios, sin olvidar una disputa de poder entre el ministro del Ambiente, Roberto Dobles, y el regulador general, Fernando Herrero.
Sobre la organización del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) surgen conflictos acerca del grado de autonomía que debería tener en el marco de una apertura. Por un lado se teme que cuanto más controles tenga tanto menor sea su competitividad; por el otro, preocupa que entre mayor libertad se le dé decrezca su sentido social.
“Se quiere hacer que el ICE compita con empresas extranjeras de enorme capital, pero no le quitan las amarras que lo dejan en desventaja: Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), Contraloría General de la República, control interno y las leyes General de la Administración Pública y de Contratación Administrativa. Hay intenciones de debilitarlo detrás de esto”, comentó la diputada Grettel Ortiz, del Partido Acción Ciudadana.
El libertario Carlos Gutiérrez respondió que no es cierto que el ICE quede tan atado, “porque en la Ley de Fortalecimiento se le quitan un montón de trabas, pero no se puede pretender que tenga todas las libertades de una empresa privada al mismo tiempo que sigue siendo pública, con otras ventajas que eso conlleva”.
Agregó que “si (a Ortiz) le molesta que la Contraloría esté encima, le propongo que hagamos una sociedad anónima repartiendo entre todos los costarricenses las acciones del ICE”.
De cualquier manera la oposición anuncia que luchará a toda costa para mantener al Instituto como de servicio público subsidiado, “técnicamente regulado, pero en beneficio de los usuarios. Si no, desaparecería y luego vendrían los incrementos de precios, así que lo vamos a defender hasta la muerte”, adelantó Ortiz.
Gutiérrez contestó que “no estoy en contra de los subsidios; incluso acepto que se dé el agua para la electricidad sin pagar impuestos… pero a todos los operadores. No se puede fomentar desigualdades en un mercado abierto”.
En el tema de la limpieza de las frecuencias para que entren a operarlas las empresas interesadas también se escuchan detonaciones. La determinación del órgano encargado de definir cuánto y por qué conceptos pagarán estas, y lo concerniente a las concesiones mantiene encendida la discusión.
El ICE perdería la rectoría, “pero ganaría la libertad para invertir que no tuvo durante los anteriores cuatro gobiernos, en los cuales se le obligó a acumular superávits y, por ende, a estancarse”, reflexionó Leonel Fonseca, ex regulador general.
Entonces el proyecto de ley estipula que la rectoría del sector recaería en el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet), que recibiría los dictámenes de una nueva entidad creada bajo el alero de la Aresep, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel). Esto ha generado encendidas discusiones.
“Por compatibilidad con la materia, lo correcto es que rija Ciencia y Tecnología (Micit), pero hay intereses para hacer del Minaet un superministerio del ambiente, agua, energía, parques nacionales y hasta telecomunicaciones, a pesar de sus deficiencias que le imposibilitan un funcionamiento efectivo”, justificó Ortiz.
Entre las fracciones pro Cafta hay opiniones distintas.
La liberacionista Gilda González opina que es imposible darle la rectoría al Micit, “porque es muy pequeño y habría que transformarlo mucho. En eso somos inflexibles”.
El libertario Gutiérrez estima que si bien el tema da para analizar, “lo mejor es consensuar para que la agenda esté aprobada lo más rápido posible”, por lo que su fracción se unió con la mayoría.
Pero es el poder de la Sutel lo que más polémica ha causado, y no solo por ser la encargada de determinar qué frecuencias del espectro radioeléctrico se limpiarán y cómo, sino porque su injerencia se cruza con la regulación y hasta la administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), mediante el que se pretenden garantizar los principios de solidaridad y universalidad en acceso y servicio.
De los cinco puntos quizás el más candente es el de la regulación, al punto que se han deshecho y vuelto a hacer los artículos relacionados en la Ley General de Telecomunicaciones, en medio de interpretaciones encontradas del ministro Dobles y del regulador general Fernando Herrero, y ni que decir de las fracciones parlamentarias.
Primero se encomendó a Sutel el control y entrega de las frecuencias, pero Dobles respaldó informes de Procuraduría y Contraloría en el sentido de que el Ejecutivo debería tomar esas riendas, por lo que se promovió un Consejo Sectorial de Telecomunicaciones dentro del Minaet, lo que fue aprobado por el grupo pro Cafta.
En contraparte, un estudio de Aresep defendió que la injerencia directa del Ejecutivo podría prestarse para malas interpretaciones. “Sería nefasto que un (eventual) gobierno corrupto tuviese semejante poder”, aseguró Leonel Fonseca.
Herrero agregó que “estas decisiones deben tener un carácter más técnico que político” y defendió que sea Aresep la que regule, porque si se dividen funciones se perdería eficiencia. “Claro que tiene que rendir cuentas al Ejecutivo, pero sería a través de informes técnicos despolitizados”.
Entonces, la semana pasada los mismos impulsores del Cafta dieron marcha atrás y volvieron a depositar en Sutel esas responsabilidades. No obstante, sus detractores no quedaron conformes.
Herrero propuso en el informe oficial “Hacia un nuevo marco regulatorio en el sector de telecomunicaciones de Costa Rica” que Aresep directamente debería ser la encargada de las concesiones y permisos especiales, dejándole a Sutel estudios sobre aspectos muy técnicos. Ortiz y Fonseca fueron todavía más críticos.
“Se ha puesto de manifiesto un enfrentamiento entre Roberto Dobles y Fernando Herrero, y al final se pretende insertar dentro de la Autoridad Reguladora a otra entidad. Entonces se complica un asunto que debería ser más expedito, pues Sutel le remite a Aresep, esta a Minaet y de ahí al Ejecutivo. Es un absurdo”, dijo Ortiz.
“La Autoridad Reguladora podría hacer esas funciones, pero le injertan la mencionada superintendencia, lo que jurídica, institucional y técnicamente constituirá un engendro difícil de entender, operar y coordinar”, opinó el ex regulador.
Y esto nos lleva al último punto de la discordia: “Asignan funciones totalmente ajenas a un organismo regulador, como la administración de los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), para la solidaridad y universalización de servicio y acceso”, refirió Fonseca. “Es como que un árbitro, que media en asuntos de uso de infraestructura, por ejemplo, también meta goles”.
En medio de este contexto para hoy se programó una huelga de sindicatos del Instituto Costarricense de Electricidad.
