Golpe o deber de resistencia
| Martes 07 julio, 2009
Golpe o deber de resistencia
Los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos fueron unánimes en condenar lo sucedido en Honduras y demandar el restablecimiento de las cosas a su estado anterior, sin entrar a analizar las versiones de las autoridades de Honduras, pues existen otros medios para resolver las actuaciones ilegales de un Presidente.
El asunto pudo haber sido manejado de forma distinta, desde un punto de vista del debido proceso y de una democracia evolucionada. No obstante la experiencia de los últimos años en Latinoamérica, está claramente demostrado que el sistema y los organismos internacionales protegen únicamente los formalismos de la democracia, pero no su real y efectivo ejercicio, pues la democracia es mucho más que la elección de un presidente por un término.
Cuando un gobierno tiene control absoluto de todos los poderes, ejerce arrestos contra dirigentes que se le oponen, confisca medios de comunicación, bancos, propiedades privadas y ataca a minorías, ejerce un poder de terror ausente de cualquier tipo de control, y un poder sin límites ni controles, no puede ser una democracia.
Si un gobernante considera que puede desobedecer una orden de la Corte Suprema porque la considera ilegal, existe una transgresión a la separación de poderes y con ello quebranta gravemente uno de los principios más sensibles de cualquier constitución republicana. Si la sociedad civil lo permite, sería el comienzo de la curva descendente de la institucionalidad democrática, es decir, se iniciarían los actos arbitrarios de un gobierno, que una vez instaurados son muy difíciles de revertir, pues la comunidad internacional los avala y no tiene interés ni capacidad para intervenir.
Si se analizan las cosas en frío, tenemos el perfecto ejemplo con nuestro gobernante. Arias es un demócrata consolidado y defensor acérrimo de todos los principios democráticos. Al inicio de su gobierno, criticó incansablemente a los regímenes de Chávez y de Fidel Castro. Seguidamente Venezuela reaccionó con el anuncio del cierre de su fábrica Alunasa en Esparza. Posteriormente los comentarios de Arias cesaron totalmente, siendo que, la planta continúa funcionando y posteriormente Costa Rica fue incorporado a Petrocaribe que lo hace acreedor de una serie de beneficios en la compra del crudo venezolano.
Probablemente, como gobernante, Arias actuó bien, pues debe pensar en los mejores beneficios para el país, pero con esto se demuestra que la comunidad internacional difícilmente actuará para defender la Constitución de otros países, pues siempre prevalecen otros intereses, por lo que los hondureños sabían que si permitían que Zelaya avanzara con sus planes de violar la órdenes judiciales, sería difícil erradicar el peligro futuro de la vida democrática de ese país.
El ejército y el Congreso de Honduras incumplieron los procesos que se deben seguir para juzgar a un Presidente, pero de lo aceptado por el propio Zelaya, bien pudieron haber actuado en ejercicio de un derecho o deber de resistencia. “Cuando el Gobierno viole las libertades y los derechos garantizados por la Constitución, la resistencia en todas sus formas es el derecho más sagrado y el más imperioso de los deberes”, reza el texto de la Constitución Francesa de 1958.
Luis Lechtman Meltzer
Abogado
Los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos fueron unánimes en condenar lo sucedido en Honduras y demandar el restablecimiento de las cosas a su estado anterior, sin entrar a analizar las versiones de las autoridades de Honduras, pues existen otros medios para resolver las actuaciones ilegales de un Presidente.
El asunto pudo haber sido manejado de forma distinta, desde un punto de vista del debido proceso y de una democracia evolucionada. No obstante la experiencia de los últimos años en Latinoamérica, está claramente demostrado que el sistema y los organismos internacionales protegen únicamente los formalismos de la democracia, pero no su real y efectivo ejercicio, pues la democracia es mucho más que la elección de un presidente por un término.
Cuando un gobierno tiene control absoluto de todos los poderes, ejerce arrestos contra dirigentes que se le oponen, confisca medios de comunicación, bancos, propiedades privadas y ataca a minorías, ejerce un poder de terror ausente de cualquier tipo de control, y un poder sin límites ni controles, no puede ser una democracia.
Si un gobernante considera que puede desobedecer una orden de la Corte Suprema porque la considera ilegal, existe una transgresión a la separación de poderes y con ello quebranta gravemente uno de los principios más sensibles de cualquier constitución republicana. Si la sociedad civil lo permite, sería el comienzo de la curva descendente de la institucionalidad democrática, es decir, se iniciarían los actos arbitrarios de un gobierno, que una vez instaurados son muy difíciles de revertir, pues la comunidad internacional los avala y no tiene interés ni capacidad para intervenir.
Si se analizan las cosas en frío, tenemos el perfecto ejemplo con nuestro gobernante. Arias es un demócrata consolidado y defensor acérrimo de todos los principios democráticos. Al inicio de su gobierno, criticó incansablemente a los regímenes de Chávez y de Fidel Castro. Seguidamente Venezuela reaccionó con el anuncio del cierre de su fábrica Alunasa en Esparza. Posteriormente los comentarios de Arias cesaron totalmente, siendo que, la planta continúa funcionando y posteriormente Costa Rica fue incorporado a Petrocaribe que lo hace acreedor de una serie de beneficios en la compra del crudo venezolano.
Probablemente, como gobernante, Arias actuó bien, pues debe pensar en los mejores beneficios para el país, pero con esto se demuestra que la comunidad internacional difícilmente actuará para defender la Constitución de otros países, pues siempre prevalecen otros intereses, por lo que los hondureños sabían que si permitían que Zelaya avanzara con sus planes de violar la órdenes judiciales, sería difícil erradicar el peligro futuro de la vida democrática de ese país.
El ejército y el Congreso de Honduras incumplieron los procesos que se deben seguir para juzgar a un Presidente, pero de lo aceptado por el propio Zelaya, bien pudieron haber actuado en ejercicio de un derecho o deber de resistencia. “Cuando el Gobierno viole las libertades y los derechos garantizados por la Constitución, la resistencia en todas sus formas es el derecho más sagrado y el más imperioso de los deberes”, reza el texto de la Constitución Francesa de 1958.
Luis Lechtman Meltzer
Abogado