Gobierno respalda límite a salario de burócratas en ¢5 millones

Con el objetivo de enviar señales positivas en cuanto a la restricción del gasto, el Gobierno anunció ayer que está a favor de un proyecto del PUSC, para limitar los salarios en el sector público a ¢5 millones.
La propuesta busca racionalizar el gasto en remuneraciones del Gobierno, así como el de las instituciones descentralizadas, el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa y la banca.
Eso sí, para que la iniciativa se sienta en las finanzas públicas, primero tendrían que pasar algunos años, ya que la ley no eliminaría los salarios de lujo que superan ese monto, porque se trataría de derechos adquiridos, comentó Rafael Ortiz, diputado del PUSC y uno de los proponentes del proyecto.
En caso de aprobarse esta normativa, la ley dejaría sin efecto todos los pluses salariales que reciben los empleados públicos, al alcanzar los ¢5 millones y a partir de ahí, solo se reconocería un alza por concepto de inflación anual.
El respaldo de Luis Guillermo Solís a esta propuesta, se da al iniciar las sesiones extraordinarias, las cuales, se extenderán por cinco meses y en las cuales, el Presidente tiene la potestad de establecer la agenda de debate en el Congreso.
La decisión del mandatario se da en momentos en que el país debate el costo de los salarios mínimos y las remuneraciones de lujo que se brindan en algunas instituciones públicas.
Durante meses, Solís fue cauto en este tema, pero ayer, Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, aceptó que para darles validez a los nuevos tributos es necesario racionalizar el gasto.
En ese sentido, anunció que el debate del IVA y renta se iniciará en 2016.
“El Poder Ejecutivo convocará una ley de pensiones, un plan para regular los salarios públicos y una iniciativa para evaluar el trabajo de los funcionarios. El Gobierno está de acuerdo con el proyecto que ha propuesto el PUSC para limitar a ¢5 millones el salario de los empleados públicos”, dijo Alfaro.
El anuncio de Zapote causó satisfacción entre los principales partidos de la oposición, como el PLN, PUSC, Movimiento Libertario, Alianza Demócrata Cristiana, mientras que el Frente Amplio rechazó la decisión.

Esta última agrupación presiona para que también se discuta en el plenario una ley para aumentar en unos ¢90 mil mensuales el salario mínimo.
“Quieren empobrecer a la clase trabajadora con una ley que viene a eliminar los pluses salariales y a quitar derechos adquiridos, en vez de debatir lo que es importante, como aumentar el salario mínimo”, expresó Ligia Fallas, diputada del Frente Amplio.