Gobierno prohíbe y aprueba Uber a la vez

Brindar el servicio de Uber a los pasajeros costarricenses es ilegal, dijo el presidente Luis Guillermo Solís, la semana antepasada, en el momento en que la empresa anunció la intención de crear un Centro de Servicios Compartidos en el país, desde donde respaldará sus operaciones para varios países latinoamericanos.
Sin embargo, la operación costarricense es cubierta mediante el llamado Seguro de Automóviles en Colones con clase de tarifa “Chofer APP”, de Quálitas, avalado por la Superintendencia General de Seguros, una dependencia del mismo Gobierno.
“Se trata de un producto que ya existía para su comercialización, al cual se adjuntó una cobertura extra por el riesgo”, explicó Melissa Molina, de Comunicación de Sugese.
Las declaraciones de la Presidencia por un lado, y por otro, la comercialización de la póliza parecen dejar a Uber en un limbo, en cuanto a su estatus legal.
Para complicar aún más el escenario, el centro de servicios, que generará 300 puestos de trabajo, fue atraído a Costa Rica por la Coalición de Iniciativas de Desarrollo, cuyo presupuesto anual procede en parte de los fondos públicos.
"Como abogados, creemos que el tema de la legalidad de Uber no es tan sencillo como afirmar si es legal o ilegal, el servicio no se limita a una aplicación o a coordinar entre usuarios y proveedores; pues el fin último es la provisión de un servicio de transporte de personas", comentó en su blog el abogado Rogelio Navas.
Ese es uno de los temas que les preocupan a varios taxistas, como parte de la queja de que Uber es una operación “inadecuadamente regulada”.
Sin embargo, los clientes de Uber cuentan con una cobertura mínima de ¢50 millones por responsabilidad civil de personas y ¢20 millones por bienes, entre otros beneficios, de acuerdo con la póliza de Quálitas.
Mientras tanto, la póliza mínima del taxi para indemnizar a una persona lesionada o muerta, es de ¢6 millones, producto del Seguro Obligatorio Automotor.