Gobierno incumplió acuerdo con alcaldes
Las municipalidades reciben en este momento, tan solo un 7% del impuesto a las gasolinas, sin embargo, les toca arreglar el 90% de la red vial nacional.
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Gobierno y municipios enfrentados por impuesto a gasolinas

Aunque a finales de la semana pasada, el Gobierno se comprometió a discutir el proyecto que rebalancea la distribución del impuesto a las gasolinas, los alcaldes señalaron esta tarde, un supuesto nuevo incumplimiento por parte de Zapote en este tema.
En principio, Luis Guillermo Solís convocaría este martes a las sesiones extraordinarias, la iniciativa que aumenta de un 7% a un 22%, los recursos que recibirían los ayuntamientos para arreglar las vías cantonales.
Sin embargo, todavía no lo ha hecho y por el contrario, convocó a los alcaldes a una nueva reunión mañana en Casa Presidencial.
“La verdad siento un gran dolor, en política lo que más vale es la palabra que uno empeña y cuando se falla en esa palabra, no hay nada que hacer. El Gobierno incumplió con su palabra al régimen municipal y a Costa Rica”, se quejó Luis Barrantes, vicepresidente de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias.
En su lugar, Zapote promovió hoy el dictamen de otro proyecto en la comisión de asuntos municipales, que vendría a darle un 10% del presupuesto nacional a los ayuntamientos, pero, de forma paulatina.
En ese sentido, la Presidencia destacó el dictamen de dicha iniciativa, ya que contempla no solo la distribución de recursos, sino que también la descentralización de las competencias a favor de los gobiernos locales, afirmó Luis Paulino Mora, viceministro.
“Este proyecto les permite a los municipios, ir más allá de darle mantenimiento a la capa asfáltica, e invertir en señalización, demarcación y la construcción de paradas de autobuses, aceras y ciclovías”, concluyó Mora.
La exigencia de los alcaldes por más dinero para atender las vías nacionales, se debe a que los ayuntamientos le dan mantenimiento al 90% de la red de carreteras y tan solo reciben un 7% de ese impuesto.
Con el cambio propuesto, se generaría un hueco fiscal de ¢60 mil millones en las arcas del gobierno.
Días antes, Marco Redondo, legislador oficialista del PAC, explicó que el Estado estaría dispuesto a desprenderse de ese dinero, a cambio de nuevos tributos.


Esteban Arrieta
[email protected]
@earrietaLR

 

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