Gobierno de Micheletti fue ilegal
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Viernes 08 julio, 2011
Gobierno de Micheletti fue ilegal
Comisión de la Verdad culpa a todos los actores del golpe de Estado en Honduras
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) dijo ayer que "todos los actores" violaron la Constitución en la crisis que culminó con el golpe de Estado de 2009 en Honduras, cuyo actual presidente, Porfirio Lobo, se comprometió a cumplir las recomendaciones del organismo para evitar futuras rupturas constitucionales.
"Todos los actores gubernamentales y estatales involucrados en los eventos de junio de 2009 actuaron fuera de los límites de la Constitución hondureña de varias maneras", concluyó la Comisión, instalada en mayo de 2010 por Lobo y que este jueves presentó su informe final.
El resultado de esa situación "fue una crisis constitucional extendida, la cual no solo tuvo costos sustanciales al Gobierno y la ciudadanía de Honduras, sino que también planteó serios obstáculos al Estado democrático de derecho", indicó el informe oficial.
El 28 de junio de 2009 el entonces presidente hondureño Manuel Zelaya fue derrocado por los militares, en momentos en que pretendía celebrar una consulta popular, no prevista en las leyes locales, con miras a la instalación de una Asamblea Constituyente que supuestamente abriría las puertas a su eventual reelección.
La Comisión presentó su informe ante Lobo y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, entre otras autoridades locales y diplomáticos, en un acto celebrado en un museo infantil de Tegucigalpa.
El coordinador de la Comisión, el exvicepresidente de Guatemala Eduardo Stein, subrayó que "la reconciliación no será fácil", y para lograrla se requiere la "asimilación de la verdad", así como "la justicia y el esfuerzo ciudadano de lograr acuerdos de convivencia respetuosa".
La Comisión concluyó que lo ocurrido el 28 de junio de 2009 fue "un golpe de Estado" y que la designación de Roberto Micheletti como gobernante, ese mismo día por parte del Congreso Nacional, "fue ilegal", porque ese poder público no tenía "atribuciones para destituir al presidente de la República ni para nombrar al sustituto".
Denunció que la crisis causó 20 muertos, 12 de los cuales atribuyó a la Policía y a las Fuerzas Armadas, e indicó que los otros ocho "fueron asesinados selectivamente" aunque su autoría "no se ha confirmado con certeza".
La Comisión dijo que Zelaya "atentó contra las normas constitucionales" con el fin de instaurar "un nuevo régimen" con su pretensión de llevar adelante la consulta sobre la Constituyente.
Zelaya amenazó al Parlamento con una "ruptura constitucional" en enero de 2009, durante la crisis previa a su derrocamiento, si no se elegía como magistrados de la Corte Suprema de Justicia a abogados que no estaban entre los 45 candidatos oficiales, indicó el informe.
La Comisión recomendó que el Estado de Honduras investigue, procese y sancione "todas las violaciones a los derechos humanos acaecidas a partir del 28 de junio de 2009 hasta el 27 de enero de 2010", cuando asumió Lobo.
También aconsejó crear la figura del juicio político en la Constitución, limitar las funciones de las Fuerzas Armadas, crear un Tribunal de Justicia Constitucional, y evaluar la actuación de los magistrados del Poder Judicial en casos de violación de los derechos humanos.
Además, que el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos se someta a una investigación independiente.
Tegucigalpa
EFE
Comisión de la Verdad culpa a todos los actores del golpe de Estado en Honduras
"Todos los actores gubernamentales y estatales involucrados en los eventos de junio de 2009 actuaron fuera de los límites de la Constitución hondureña de varias maneras", concluyó la Comisión, instalada en mayo de 2010 por Lobo y que este jueves presentó su informe final.
El resultado de esa situación "fue una crisis constitucional extendida, la cual no solo tuvo costos sustanciales al Gobierno y la ciudadanía de Honduras, sino que también planteó serios obstáculos al Estado democrático de derecho", indicó el informe oficial.
El 28 de junio de 2009 el entonces presidente hondureño Manuel Zelaya fue derrocado por los militares, en momentos en que pretendía celebrar una consulta popular, no prevista en las leyes locales, con miras a la instalación de una Asamblea Constituyente que supuestamente abriría las puertas a su eventual reelección.
La Comisión presentó su informe ante Lobo y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, entre otras autoridades locales y diplomáticos, en un acto celebrado en un museo infantil de Tegucigalpa.
El coordinador de la Comisión, el exvicepresidente de Guatemala Eduardo Stein, subrayó que "la reconciliación no será fácil", y para lograrla se requiere la "asimilación de la verdad", así como "la justicia y el esfuerzo ciudadano de lograr acuerdos de convivencia respetuosa".
La Comisión concluyó que lo ocurrido el 28 de junio de 2009 fue "un golpe de Estado" y que la designación de Roberto Micheletti como gobernante, ese mismo día por parte del Congreso Nacional, "fue ilegal", porque ese poder público no tenía "atribuciones para destituir al presidente de la República ni para nombrar al sustituto".Denunció que la crisis causó 20 muertos, 12 de los cuales atribuyó a la Policía y a las Fuerzas Armadas, e indicó que los otros ocho "fueron asesinados selectivamente" aunque su autoría "no se ha confirmado con certeza".
La Comisión dijo que Zelaya "atentó contra las normas constitucionales" con el fin de instaurar "un nuevo régimen" con su pretensión de llevar adelante la consulta sobre la Constituyente.
Zelaya amenazó al Parlamento con una "ruptura constitucional" en enero de 2009, durante la crisis previa a su derrocamiento, si no se elegía como magistrados de la Corte Suprema de Justicia a abogados que no estaban entre los 45 candidatos oficiales, indicó el informe.
La Comisión recomendó que el Estado de Honduras investigue, procese y sancione "todas las violaciones a los derechos humanos acaecidas a partir del 28 de junio de 2009 hasta el 27 de enero de 2010", cuando asumió Lobo.
También aconsejó crear la figura del juicio político en la Constitución, limitar las funciones de las Fuerzas Armadas, crear un Tribunal de Justicia Constitucional, y evaluar la actuación de los magistrados del Poder Judicial en casos de violación de los derechos humanos.
Además, que el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos se someta a una investigación independiente.
Tegucigalpa
EFE