Gobierno de Arias quedó debiendo
| Jueves 30 septiembre, 2010
Gobierno de Arias quedó debiendo
Después de muchos años, en la Asamblea Legislativa se discute la liquidación presupuestaria, en este caso corresponde al ejercicio económico del año 2009.
La liquidación fue conocida en la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Público, que tiene como función la vigilancia y fiscalización permanente de la Hacienda Pública.
He suscrito el Informe Negativo de Mayoría, porque esta es una liquidación presupuestaria que tiene una nota roja.
Los resultados negativos en la liquidación presupuestaria no descansan exclusivamente en la crisis internacional, sino que involucran otros aspectos cuya responsabilidad recae directamente en el Poder Ejecutivo, porque es este Poder, y son sus Ministros quienes manejan y distribuyen el presupuesto que es aprobado por esta Asamblea Legislativa.
Del análisis de esta liquidación presupuestaria tenemos claro que los objetivos, programas y su respectivo contenido presupuestario no corresponden con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, tal y como lo señala el artículo 4 de la Ley 8131.
El Plan Nacional de Desarrollo es el marco global que debe orientar los planes operativos institucionales, según el nivel de autonomía que corresponda de conformidad con las disposiciones legales y constitucionales pertinentes.
Al analizar la liquidación presupuestaria nos encontramos que mucho de este presupuesto no cumplió con lo que establece este marco legal, porque la inversión y el gasto no correspondió en muchas ocasiones con lo que se estableció en ese Plan Nacional de Desarrollo, y más que eso, muchos de los programas fueron improvisaciones para atender una coyuntura, alejada de planes definidos, de objetivos y planes que lograran disminuir los problemas nacionales.
Aún cuando se acepte que la crisis tuvo efectos negativos, es inaceptable que se recurra al endeudamiento para financiar los gastos corrientes.
Esta liquidación presupuestaria, contiene desaciertos de la Administración Arias, entre los que se pueden señalar:
Presenta un grave vicio de legalidad, al incumplirse el artículo 6 de la Ley Nº 8131, el cual prohíbe el financiamiento de gastos corrientes con ingreso de capital, este presupuesto financió el 15% del total de gastos corrientes con deuda interna, para un total de ¢444.895 millones.
Esta liquidación presupuestaria, no refleja la realidad en que vivimos, no refleja la Costa Rica que algunos nos quieren vender, no es la sociedad justa, ni inclusiva que queremos para nuestros hijos.
Por otro lado esta liquidación tiene una serie de problemas operativos que impiden una evaluación general apropiada y una rendición de cuentas que sea transparente en el buen manejo de los fondos públicos.
Walter Céspedes Salazar
Diputado
Jefe de Fracción, Partido Unidad Social Cristiana
Después de muchos años, en la Asamblea Legislativa se discute la liquidación presupuestaria, en este caso corresponde al ejercicio económico del año 2009.
La liquidación fue conocida en la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Público, que tiene como función la vigilancia y fiscalización permanente de la Hacienda Pública.
He suscrito el Informe Negativo de Mayoría, porque esta es una liquidación presupuestaria que tiene una nota roja.
Los resultados negativos en la liquidación presupuestaria no descansan exclusivamente en la crisis internacional, sino que involucran otros aspectos cuya responsabilidad recae directamente en el Poder Ejecutivo, porque es este Poder, y son sus Ministros quienes manejan y distribuyen el presupuesto que es aprobado por esta Asamblea Legislativa.
Del análisis de esta liquidación presupuestaria tenemos claro que los objetivos, programas y su respectivo contenido presupuestario no corresponden con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, tal y como lo señala el artículo 4 de la Ley 8131.
El Plan Nacional de Desarrollo es el marco global que debe orientar los planes operativos institucionales, según el nivel de autonomía que corresponda de conformidad con las disposiciones legales y constitucionales pertinentes.
Al analizar la liquidación presupuestaria nos encontramos que mucho de este presupuesto no cumplió con lo que establece este marco legal, porque la inversión y el gasto no correspondió en muchas ocasiones con lo que se estableció en ese Plan Nacional de Desarrollo, y más que eso, muchos de los programas fueron improvisaciones para atender una coyuntura, alejada de planes definidos, de objetivos y planes que lograran disminuir los problemas nacionales.
Aún cuando se acepte que la crisis tuvo efectos negativos, es inaceptable que se recurra al endeudamiento para financiar los gastos corrientes.
Esta liquidación presupuestaria, contiene desaciertos de la Administración Arias, entre los que se pueden señalar:
Presenta un grave vicio de legalidad, al incumplirse el artículo 6 de la Ley Nº 8131, el cual prohíbe el financiamiento de gastos corrientes con ingreso de capital, este presupuesto financió el 15% del total de gastos corrientes con deuda interna, para un total de ¢444.895 millones.
Esta liquidación presupuestaria, no refleja la realidad en que vivimos, no refleja la Costa Rica que algunos nos quieren vender, no es la sociedad justa, ni inclusiva que queremos para nuestros hijos.
Por otro lado esta liquidación tiene una serie de problemas operativos que impiden una evaluación general apropiada y una rendición de cuentas que sea transparente en el buen manejo de los fondos públicos.
Walter Céspedes Salazar
Diputado
Jefe de Fracción, Partido Unidad Social Cristiana