Gobierno corporativo en empresas del sector público

Cada vez es más común escuchar el concepto de Gobierno corporativo; sin embargo, casi automáticamente relacionamos este concepto con empresas del sector privado. Quizás esto se deba a la necesidad que tenían los accionistas minoritarios de empresas privadas, hace ya varias décadas, de conocer el estado de sus inversiones. Desde entonces, varios organismos internacionales han venido emitiendo principios de gobierno corporativo dirigidos fundamentalmente a las empresas de ese sector en particular.
En los últimos años nuestro país ha estado inmerso en un proceso de apertura comercial, desaparición de monopolios públicos y de cuestionamientos sobre aspectos de transparencia, falta de rendición de cuentas y buen funcionamiento del Estado. En ese orden de cosas, la aplicación de buenos principios de gobierno corporativo se vuelve indispensable.
Ha sido ampliamente comprobado a través de estudios y muchas historias de éxito, que la aplicación de buenos principios de gobierno corporativo ha ayudado a mejorar en forma sustancial la gestión de las empresas del sector privado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no aplicar estos principios en el sector público?
De lo dispuesto por la OCDE se pueden extraer directrices que resultan interesantes:
• El gobierno no debe implicarse en la gestión cotidiana de las empresas públicas.
• OCDE recomienda crear una entidad coordinadora de la propiedad del Estado en las empresas públicas y que se responsabilice de sus actuaciones ante el Poder Legislativo y que esté sujeta a control de la Contraloría.
• Adoptar un proceso transparente para la selección de los miembros de las juntas directivas y establecer claramente las responsabilidades y dotarlos de independencia.
• El establecimiento de sistemas de divulgación que hagan posible el seguimiento y evaluación regular del desempeño de la empresa pública.
• Un marco jurídico que ofrezca suficiente flexibilidad en las estructura de capital de las empresas públicas
La rigidez de la estructura de capital de las empresas estatales dificulta su desarrollo y el logro de sus objetivos. Por ejemplo, en nuestro país se debería permitir y promover la inversión conjunta público-privada, lo cual permitiría desarrollar obra pública donde la limitación de recursos no sea el elemento clave. Se pueden estudiar los casos de México y Chile, donde el concepto de alianza público-privada ha dado buenos resultados.
Luego de haber consultado a la Contraloría General de la República y otros entes estatales, sabemos que aunque existen esfuerzos individuales en algunas entidades, incluyendo los bancos estatales, que han adoptado las directrices que sobre este tema ha emitido el CONASSIF, no hay un proyecto coordinado por parte del Gobierno o del Poder Ejecutivo para adoptar en nuestro país las directrices sobre gobierno corporativo emitidas por la OCDE.
Por otro lado, nuestro país ha efectuado algunas gestiones para tratar de incorporarse a la OCDE; sin embargo, resultaría difícil creer que ese organismo nos permita el ingreso sin haber cumplido con directrices básicas sobre la sana administración de las empresas públicas.

Eric Alfaro Vargas

Socio de KPMG