Sacrifica competitividad mientras favorece sector público

Gobierno aprieta a sector productivo

Empresarios se quejan de “impuestos disfrazados”

La competitividad del país se compromete ante una serie de medidas impulsadas por el Gobierno, de acuerdo con los empresarios y la oposición.

Además del rezago en infraestructura, los excesivos trámites y el costo de la electricidad, que son problemas heredados, el sector productivo está inquieto por una ofensiva fiscal que los aprieta.
El cobro de nuevos impuestos, y las distintas iniciativas fiscales recogidas en el llamado plan anti-evasión para la lucha contra el fraude y la elusión, son vistos como sacrificios de la productividad.
Sin embargo, lo que miran con mayor preocupación es el hecho de que el Gobierno abrió la llave del gasto para favorecer al sector público con aumentos por encima de la inflación.
Asimismo, cuestionan la decisión presidencial de impulsar un presupuesto con uno de los endeudamientos más altos de la historia, donde la mitad de lo que se invertirá el otro año, es prestado.
En ese sentido, también señalan el aumento del presupuesto para las universidades en un 15%, sin haber aumentado la recaudación.
Las medidas tomadas en los dos sentidos, se traducirían a mediano plazo en un efecto dominó, que incluye el cierre de empresas, un mayor desempleo, la pérdida de competitividad y el cierre de negocios, según advierten políticos y el sector productivo.
Desde que Solís puso un pie en Zapote, el Ministerio de Hacienda ha propuesto cobrar un 13% de gravámenes a ciertas actividades del sector turismo como rafting, rapel y canopy, que han estado exoneradas durante años.
Para los empresarios de turismo se trata de un nuevo tributo, pues cuando se aprobó la Ley del Impuesto General sobre las Ventas en 1984, dichas actividades no existían, mientras tanto, para el Ministerio de Hacienda es tan solo una nueva interpretación de la ley existente.
“La aplicación del gravamen en las condiciones en las que se presenta y con el efecto de retroactividad, brinda un mensaje de desesperanza para la industria del turismo. La autoridad tributaria deberá sopesar si esta medida generará los réditos esperados o si por lo contrario, dejará de contar con todos los ingresos que genera el principal motor de la economía”, explicó Pablo Heriberto Abarca, presidente de Canatur.
Otra de las medidas fiscales que cuestionan los empresarios y la oposición, está incluida en la ley anti-evasión que ya estudia el Congreso.
En ese sentido, dicho proyecto incluye el cobro de impuestos para los profesionales liberales; sin embargo, Antonio Álvarez Desanti, legislador por el PLN, afirma que también se incluyen nuevos gravámenes “encubiertos”.
“Esta iniciativa busca poner nuevos tributos a la acreditación de dividendos que hoy en día se encuentran exentos cuando se distribuyen a favor de una persona jurídica. Es lamentable que el Gobierno recurra a un método indirecto para aumentar la carga tributaria, dejando de lado la transparencia en cuanto a la forma de proponerlo”, añadió el verdiblanco.
Otro tema que preocupa a los empresarios es la directriz para retener un 2% del impuesto de la renta, para los negocios o actividades que cobren con tarjetas de crédito o débito.
Esta última medida podría golpear las pymes que tienen una baja rentabilidad, y en el peor de los casos, podría culminar con el cierre de sus negocios.
Debido a la protesta de las empresas, el Gobierno ya decidió hacer una revisión a esta directriz y no la aplicará a los comercios que tengan una rentabilidad de un 2%.

Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
@earrietaLR