Gobierno usó correctamente fondos del BCIE

Contraloría confirmó que ejecución de donaciones por $2 millones fue legal

Gobierno usó correctamente fondos del BCIE

• Cooperación financiera con organismo internacional podrá mantenerse

Ernesto José Villalobos

evillalobos@larepublica.net

Los fondos donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para el pago de asesorías fueron utilizados en forma adecuada por la Presidencia.

Hasta agosto de 2008, el Gobierno contó con $2 millones para pagar 84 consultorías justificadas dentro de proyectos que manejó directamente la Casa Presidencial.

No obstante, ayer la Contraloría determinó que “los fondos aportados por ese Banco conservan su naturaleza de fondos públicos internacionales, razón por la cual no le aplica la normativa interna de nuestro país”.

A partir de la lectura del informe, queda claro que la Presidencia actuó en todo momento “con buena fe”.

Su contenido supone también un claro desmentido para afirmaciones de que el Gobierno manejaba “fondos secretos”, “chequeras secretas” o “cuentas corrientes ocultas” para “pagar sobresueldos a altos funcionarios”.

La resolución del ente contralor generó satisfacción a nivel gubernamental.

“Nosotros siempre partimos del supuesto de que estábamos usando fondos que no eran públicos, lo cual fue externado ante los señores diputados y la opinión pública. Con esto se aclaran muchas dudas”, comentó Rodrigo Arias, ministro de la Presidencia.

La Comisión de Gasto Público solicitó la investigación de la Contraloría para determinar si el uso de los fondos se apegaba a la ley.

Ante la incertidumbre que existía, los legisladores a cargo del Presupuesto de la República aprobaron el lunes anterior recursos para el Poder Ejecutivo por ¢570 millones, para destinarlos al pago de asesorías y consultorías; esto a fin de equiparar la partida que dejaría de percibir Casa Presidencial por concepto del programa de donaciones del BCIE.

“Los contenidos del informe demuestran que no se afectó al erario; en definitiva es muy positivo en términos de devolver a los costarricenses la confianza sobre la forma en que proceden las instancias de Gobierno”, destacó Oscar Núñez, jefe de fracción de Liberación Nacional, en la Asamblea Legislativa.

No obstante, de los $2 millones otorgados por el BCIE, quedaba un remanente no ejecutado por $450 mil.

Estos recursos corresponden al segundo convenio firmado con el BCIE, ante lo cual la Contraloría ordenó que sean ejecutados de inmediato, según el modelo previamente establecido con el banco.

Al respecto, el presidente Oscar Arias afirmó hace pocos días que solicitaría la renovación de algunos de los contratos que fueron cesados mientras la CGR concluía su indagación.

Las conclusiones del informe también reconocen que las cooperaciones financieras no reembolsables representan una ventana de oportunidades para el financiamiento de proyectos y programas de asistencia técnica y de desarrollo económico o social para el país.

Con la orden de la Contraloría, también terminaría la zozobra para decenas de colaboradores cuyos ingresos dependían de la partida con el BCIE y que habían tenido que dejar de laborar. Los empleados se ubicaban en el área de comunicación, o eran abogados y economistas.

No obstante, el estudio también detectó algunas debilidades en los procedimientos de ejecución de los programas.

“En virtud de los resultados obtenidos, se giraron disposiciones al Consejo de Gobierno y al Ministro de la Presidencia, para que en futuras cooperaciones no reembolsables, se subsanen las debilidades determinadas en el informe respecto de los convenios firmados, la formulación de los proyectos que se vayan a financiar con los fondos a recibir y la carencia de una unidad funcional que se responsabilice por el desarrollo de esos proyectos”, señala textualmente el documento.

Sobre el particular, el Partido Acción Ciudadana (PAC) sostuvo que el informe presenta otra cara.

“El informe sí es concluyente, porque revela desórdenes, pero el Gobierno no dice absolutamente nada sobre las debilidades señaladas”, señaló Alberto Salom, miembro de la fracción del PAC en el Congreso.

“El fondo aquí es que en Casa Presidencial no se manejó ni un cinco de estos dineros, y que más bien todo fue ejecutado a través del BCIE, que es un organismo público internacional”, finalizó el ministro Arias.

En Casa Presidencial anunciaron además que procederán a ejecutar lo contemplado en el informe contralor, en un plazo no mayor a los 30 días que le otorga la Contraloría.