Gobierno mexicano acepta diálogo con guerrilla
| Miércoles 30 abril, 2008
Gobierno mexicano acepta diálogo con guerrilla
México
EFE
El Gobierno mexicano aceptó ayer negociar con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), una guerrilla surgida hace doce años y que en 2007 cometió varios atentados explosivos contra instalaciones petroleras, sin víctimas pero con millonarias pérdidas económicas.
El proceso para que las partes se sienten a dialogar, con la participación de un grupo de personalidades como testigos, está en una fase de tira y afloja, pues ambos han puesto sus condiciones, que de acuerdo con el analista político Salvador García Soto no parecen insalvables.
Los acercamientos se precipitaron en pocos días, luego de que el jueves pasado el EPR planteara un diálogo con un grupo de personalidades públicas como mediadores, quienes aceptaron la encomienda al día siguiente.
Ayer, cinco días después, el Gobierno fijó su postura.
Por un lado, la organización armada propone que el diálogo gire en torno a la desaparición de dos de sus militantes hace casi un año, que el Gobierno no los hostigue ni emprenda acciones en contra del grupo y ofrece, a cambio, una tregua durante la negociación.
El Ejecutivo, por su lado, pide que las personas que el EPR propuso como mediadores, entre ellos el obispo emérito Samuel Ruiz, sean “testigos sociales” con el objetivo de “facilitar el diálogo” y que la organización suspenda sus acciones.
También exige que el diálogo no se constriña sólo al caso de los dos militantes desaparecidos, sino a otros que interesen al Estado mexicano, y advierte que continuará sus investigaciones para dar con los responsables de los atentados.
Aun así, García Soto considera que si hay voluntad, ambas partes se sentarán a negociar porque, en su opinión, el Gobierno no desea más atentados explosivos cuando se acerca el primer aniversario de la desaparición de los “eperristas” y la guerrilla quiere evitar una ofensiva de envergadura en su contra.
México
EFE
El Gobierno mexicano aceptó ayer negociar con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), una guerrilla surgida hace doce años y que en 2007 cometió varios atentados explosivos contra instalaciones petroleras, sin víctimas pero con millonarias pérdidas económicas.
El proceso para que las partes se sienten a dialogar, con la participación de un grupo de personalidades como testigos, está en una fase de tira y afloja, pues ambos han puesto sus condiciones, que de acuerdo con el analista político Salvador García Soto no parecen insalvables.
Los acercamientos se precipitaron en pocos días, luego de que el jueves pasado el EPR planteara un diálogo con un grupo de personalidades públicas como mediadores, quienes aceptaron la encomienda al día siguiente.
Ayer, cinco días después, el Gobierno fijó su postura.
Por un lado, la organización armada propone que el diálogo gire en torno a la desaparición de dos de sus militantes hace casi un año, que el Gobierno no los hostigue ni emprenda acciones en contra del grupo y ofrece, a cambio, una tregua durante la negociación.
El Ejecutivo, por su lado, pide que las personas que el EPR propuso como mediadores, entre ellos el obispo emérito Samuel Ruiz, sean “testigos sociales” con el objetivo de “facilitar el diálogo” y que la organización suspenda sus acciones.
También exige que el diálogo no se constriña sólo al caso de los dos militantes desaparecidos, sino a otros que interesen al Estado mexicano, y advierte que continuará sus investigaciones para dar con los responsables de los atentados.
Aun así, García Soto considera que si hay voluntad, ambas partes se sentarán a negociar porque, en su opinión, el Gobierno no desea más atentados explosivos cuando se acerca el primer aniversario de la desaparición de los “eperristas” y la guerrilla quiere evitar una ofensiva de envergadura en su contra.