Gobierno daría tobilleras electrónicas a población de mayor peligrosidad
“Uno no puede olvidar que el mecanismo electrónico es una pena también, que sirve para darle seguimiento riguroso a alguien que ha avanzado en el proceso penitenciario”, comentó Marco Feoli, viceministro de Justicia. Gerson Vargas/La República
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“En las condiciones actuales, démosles las tobilleras a personas peligrosas. A las personas no peligrosas, que les flexibilicen las condiciones”.

Esta opinión de Roy Murillo, juez de ejecución de la pena, en entrevista con este medio, coincide con la visión del Ministerio de Justicia, que promueve una serie de modificaciones a la ley que marca la cancha de la vigilancia a privados de libertad, tras casi seis meses de ejecución.

A criterio de jueces y supervisores, se está sometiendo a mecanismos de control excesivos a poblaciones con muy baja peligrosidad, por lo que es necesario flexibilizar los requisitos.

De un total de 321 personas bajo vigilancia electrónica, solo a un 3% se le ha revocado la tobillera.

El texto base del nuevo proyecto, que fue presentado inclusive antes de instalar los primeros dispositivos, permitiría que privados de libertad con sentencias de hasta siete años (actualmente el límite es seis) sean candidatos, siempre y cuando la pena no sea por delitos sexuales contra menores de edad, delincuencia organizada o cuando haya existido violencia sobre alguien.

“Las tobilleras están pensadas, según el legislador, para casos en que no hay grave violencia. Deben incluirse otros, a mi criterio. Esto aumentaría la seguridad, al dárselas a personas, que por su peligrosidad serían vigiladas de manera más rigurosa. Habría que incluir, que no se circunscriba al monto de la pena, sino a las características del privado de libertad”, comentó Marco Feoli, viceministro de Justicia.

La reforma elimina el filtro de tobilleras solamente para no reincidentes; en su lugar, el requisito se modifica para quienes no hayan cometido delito doloso en los cinco años anteriores a la condena.

Para Feoli, también hay que añadir las sugerencias de jueces y supervisores al texto base del proyecto, luego de que la experiencia de estos seis meses arrojara nuevas conclusiones, una de las más importantes, sobre la necesidad de otorgar permisos de estudio y trabajo en la etapa de sentencia, y no en la ejecución, ocasionando demoras de hasta nueve meses, en algunos casos.

“Estos vacíos legales generan una distorsión en el concepto. Se está imponiendo vigilancia sin establecer condiciones de trabajo o empleo, a gente que no la necesita”, agregó Feoli.

Entre las críticas más comunes destaca que la ley no hace una conceptualización correcta de “mecanismos electrónicos”, induciendo a jueces y fiscales a confundir esta medida con el arresto domiciliario.

El nuevo proyecto permitiría al Ministerio de Justicia hacer recomendaciones para la asignación de tobilleras electrónicas. De acuerdo con Feoli, hay nuevos elementos que se añadirán en la etapa de consultas.

El proyecto de ley de mecanismos de vigilancia electrónica fue presentado en octubre del año anterior, y está asignado a la comisión de seguridad y narcotráfico de la Asamblea Legislativa, bajo el expediente 20130.

“Urgen los cambios”

Tanto jueces como defensores públicos y funcionarios encargados directamente del monitoreo electrónico coinciden en que la práctica ha revelado muchos agujeros que deben cubrirse.

Roy Murillo
Juez de ejecución de la pena


Debería garantizarse que los tribunales de juicio cuenten con una valoración interdisciplinaria de las condiciones personales y sociales de la persona, así como de sus vulnerabilidades, antes de tomar la decisión de sustitución; los permisos de salidas por razones laborales, educativas, de salud o familiares deberían quedar aprobados por imperativo legal, condicionados solo al aval técnico de la Oficina de Monitoreo Electrónico, siempre bajo el control judicial.

Manuel Delgado
Jefe de la Unidad de Vigilancia Electrónica


Se deben aumentar las penas, o sea, que personas con mayores condenas puedan hacer uso de la pena
alternativa de mecanismo electrónico. La condena no representa necesariamente la peligrosidad de la persona. En este caso, lo que se haría es un estudio razonable, de manera que la persona a la cual se le asigna el monitoreo electrónico no presente algún grado de peligrosidad.

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