Gobierno de Morales rechaza estatutos "inviables"
| Lunes 02 junio, 2008
Presidente boliviano aseguró que referendos son “un intento ilegal" para imponer estatutos de autogobierno que debilitan la legítima causa autonómica
Gobierno de Morales rechaza estatutos "inviables"
La Paz EFE
El Gobierno de Evo Morales denunció ayer que los referendos celebrados en las regiones de Beni y Pando son un "intento ilegal" para imponer estatutos de autogobierno "inviables" que "debilitan la legítima causa autonómica".
Así lo afirmó en La Paz el ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada, en un mensaje al país luego de las consultas autonomistas llevadas a cabo en Beni y Pando para ratificar sendos estatutos de autonomía que habrían logrado un respaldo superior al 80% , según sondeos a pie de urna.
El ministro aseguró que estos referendos, así como el celebrado el 4 de mayo en Santa Cruz, han demostrado que esos estatutos autonómicos no cuentan con un "verdadero respaldo" de la población.
También criticó que se oculte el dato sobre la abstención, ya que "importantes y mayoritarios sectores sociales de Beni y Pando se han expresado mayoritariamente en contra" de estos textos.
Rada advirtió que "no es posible implementar en la práctica estatutos cuya imposición se intenta por vías ilegales, inconstitucionales y poco democráticas" porque su aplicación queda "inviabilizada" y "debilita la causa autonómica".
"El mensaje sigue siendo: 'autonomías sí, estos estatutos no'", apostilló el ministro.
Rada aprovechó para criticar el alto coste de estos referendos cuyos recursos, según dijo, "podría haberse utilizado en proyectos de desarrollo regional".
"No es éste el camino para llegar a las autonomías. El camino debe ser legal, constitucional, verdaderamente democrático y sobre la base de una nueva constitución", sostuvo el ministro quien lamentó la "esterilidad" e "inutilidad" del voto en este tipo de referendos.
Las regiones de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, todas gobernadas por opositores al Gobierno, abanderan un movimiento autonomista en Bolivia enfrentado al proyecto constitucional del presidente Evo Morales.
Después de la proclamación de los estatutos de Santa Cruz, Beni y Pando, será la sureña Tarija la que celebre un referendo similar el próximo 22 de junio.
Entre tanto La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) viajará la próxima semana a Bolivia para tratar con el Gobierno la situación de las comunidades indígenas que viven en una situación de servidumbre análoga a la esclavitud y para analizar los hechos de violencia ocurridos la semana pasada en Sucre contra campesinos e indígenas.
El embajador boliviano ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Reynaldo Cuadros, adelantó ayer que CIDH viajará a Bolivia para "tomar nota de lo acontecido (en Sucre), elevar un informe y recomendar las medidas" necesarias para garantizar el respeto a los derechos humanos.
"La CIDH ha tenido una reacción muy pronta a partir información recibida. Estamos muy complacidos por esta forma de reaccionar ante los hechos, de una forma espontánea y pronta", dijo Cuadros, quien agregó que "ojalá eso sea un nuevo precedente en la forma de actuar de la CIDH para que esté presente donde se la necesita".
El pasado 29 de mayo, la comisión condenó en un comunicado lo ocurrido en Sucre, cuando manifestantes opositores atacaron a campesinos e indígenas, e instó a las autoridades a que efectúen una exhaustiva investigación y sancionen debidamente a los responsables.
Gobierno de Morales rechaza estatutos "inviables"
La Paz EFE
El Gobierno de Evo Morales denunció ayer que los referendos celebrados en las regiones de Beni y Pando son un "intento ilegal" para imponer estatutos de autogobierno "inviables" que "debilitan la legítima causa autonómica".
Así lo afirmó en La Paz el ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada, en un mensaje al país luego de las consultas autonomistas llevadas a cabo en Beni y Pando para ratificar sendos estatutos de autonomía que habrían logrado un respaldo superior al 80% , según sondeos a pie de urna.
El ministro aseguró que estos referendos, así como el celebrado el 4 de mayo en Santa Cruz, han demostrado que esos estatutos autonómicos no cuentan con un "verdadero respaldo" de la población.
También criticó que se oculte el dato sobre la abstención, ya que "importantes y mayoritarios sectores sociales de Beni y Pando se han expresado mayoritariamente en contra" de estos textos.
Rada advirtió que "no es posible implementar en la práctica estatutos cuya imposición se intenta por vías ilegales, inconstitucionales y poco democráticas" porque su aplicación queda "inviabilizada" y "debilita la causa autonómica".
"El mensaje sigue siendo: 'autonomías sí, estos estatutos no'", apostilló el ministro.
Rada aprovechó para criticar el alto coste de estos referendos cuyos recursos, según dijo, "podría haberse utilizado en proyectos de desarrollo regional".
"No es éste el camino para llegar a las autonomías. El camino debe ser legal, constitucional, verdaderamente democrático y sobre la base de una nueva constitución", sostuvo el ministro quien lamentó la "esterilidad" e "inutilidad" del voto en este tipo de referendos.
Las regiones de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, todas gobernadas por opositores al Gobierno, abanderan un movimiento autonomista en Bolivia enfrentado al proyecto constitucional del presidente Evo Morales.
Después de la proclamación de los estatutos de Santa Cruz, Beni y Pando, será la sureña Tarija la que celebre un referendo similar el próximo 22 de junio.
Entre tanto La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) viajará la próxima semana a Bolivia para tratar con el Gobierno la situación de las comunidades indígenas que viven en una situación de servidumbre análoga a la esclavitud y para analizar los hechos de violencia ocurridos la semana pasada en Sucre contra campesinos e indígenas.
El embajador boliviano ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Reynaldo Cuadros, adelantó ayer que CIDH viajará a Bolivia para "tomar nota de lo acontecido (en Sucre), elevar un informe y recomendar las medidas" necesarias para garantizar el respeto a los derechos humanos.
"La CIDH ha tenido una reacción muy pronta a partir información recibida. Estamos muy complacidos por esta forma de reaccionar ante los hechos, de una forma espontánea y pronta", dijo Cuadros, quien agregó que "ojalá eso sea un nuevo precedente en la forma de actuar de la CIDH para que esté presente donde se la necesita".
El pasado 29 de mayo, la comisión condenó en un comunicado lo ocurrido en Sucre, cuando manifestantes opositores atacaron a campesinos e indígenas, e instó a las autoridades a que efectúen una exhaustiva investigación y sancionen debidamente a los responsables.