Gobernanza en el sector transporte

Gobernanza en el sector transporte

El país se encuentra nuevamente ante un cambio de ministro de MOPT y una lista de tareas que no han podido consolidarse en más de una década. Artículos de opinión indican que el MOPT es indomable, destacan la inestabilidad de los ministros del MOPT y señalan el rezago de las obras públicas y pagos por empréstitos sin ejecutarse. Existen insatisfacción y cuestionamientos sobre la transparencia ante casos como la trocha, el sobrepago de limpieza de cunetas, obras que han fallado como el puente “La Platina”, o los taludes de la concesión San José – Caldera.

Demandamos procesos más transparentes y eficientes en la obra pública, así como solventar la congestión vial de la GAM. La academia, el CFIA y diversas asociaciones del sector privado en construcción de carreteras, critican la gestión del MOPT y del Conavi. El sector empresarial de transporte público reclama infraestructura, carriles exclusivos para mejorar tiempos de viaje y mejores condiciones de accesibilidad del peatón.

Sin duda alguna, esta situación trasciende al partido político que esté gobernando. Direccionar en buen cauce al sector transporte está en el mejor interés de todos los partidos políticos, esto será posible cuando las soluciones vayan al origen de los problemas y trasciendan el periodo electoral. Un problema tan complejo requiere dedicación y análisis por parte de los partidos políticos para llegar a acuerdos y soluciones éticas fundamentadas en evidencias.

Don Carlos Segnini en el programa Hablando Claro del 19 de enero, señaló que “hay delincuentes de cuello blanco de mucha altura en el Conavi que tienen tapado su rastro y que se ríen de nosotros porque saben que pueden seguir haciendo sus gollerías y que nos cuesta mucho agarrarlos”, concluyo que la corrupción tiene invadidas las instancias responsables y que padecemos de una rigidez en el sistema para remover de puestos clave a estos funcionarios públicos. Para que exista corrupción debe darse también un incentivo económico desde algún sector empresarial, el Banco Mundial en su informe Frenar el fraude, la corrupción y la colusión en el sector de carreteras (2011) señala que “la forma más común de anomalías es la colusión (arreglo entre empresas) en las licitaciones, así como el fraude en la ejecución de los proyectos”.

En 1998 se publicó la Ley de Creación del Conavi. Los entes externos de fiscalización han evidenciado malas prácticas constructivas, débiles controles en supervisión de calidad de materiales y construcción de obra, diseños que se modifican ampliando plazos, montos y objeto contractual, aumentando el costo de obra y compensación al contratista en reajustes de precios según la ley.

Existen propuestas para reformar el MOPT y sus consejos. Debemos analizar si se incorporan mecanismos de control interno más rigurosos, un sistema donde se incentive al funcionario público con buen desempeño técnico y ético y donde, bajo los principios de legalidad, se permita movilizar el recurso humano que no se desempeñe adecuadamente. Reformas que fortalezcan los sistemas de control en las instituciones para que se documente la trazabilidad de la toma de decisiones, la calidad de las obras, el estado del avance y pagos para que les permita a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público recabar las evidencias contundentes para que casos de corrupción no sean impunes.

En cuanto a transportes –movilidad y seguridad vial— tenemos otros dos consejos: CTP y Cosevi. Este marco de gestión actual desarticulado, donde la gestión de movilidad de personas y carga es independiente de la gestión de mantenimiento y construcción de vías, nos deja un vacío social y ambiental, generando costos económicos en términos de accidentes viales, congestión y contaminación. La rama de transporte y la rama de infraestructura vial no pueden estar divorciadas.

Siendo así las cosas, cualquier propuesta de reforma de las instituciones del sector transportes e infraestructura debe analizarse desde el nuevo paradigma de movilidad que ordene con prioridad a peatones, ciclistas, motociclistas, transporte público, de carga y vehículos particulares. Deberá permitir un sector transporte articulado con los diversos sectores costarricenses, donde existan los mecanismos adecuados de medición de desempeño así como de control para fortalecer la transparencia, credibilidad y donde la toma de decisiones se base en una planificación y en la ética bajo una política pública de largo plazo.

Marcela Guerrero Campos

Diputada Partido Acción Ciudadana