Glotonería del Estado crece
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Jueves 15 diciembre, 2011
Se duplicaron gastos en una década en términos reales
Glotonería del Estado crece
Desorden en presupuesto, deuda interna y aumento en planilla afectan salud financiera
El presupuesto de la República es una especie de bola de nieve que no termina de rodar. En la última década, el gasto del Gobierno se duplicó.
Para inicios de este milenio, el presupuesto era de apenas ¢1,6 billones. Una década después, el Gobierno añadió ¢1,5 billones en términos reales a los egresos anuales.
Al igual que una persona que sufre problemas de desorden alimenticio, la glotonería por más dinero año tras año, le ha generado graves problemas al Estado en su salud financiera.
En 2000, el presupuesto estatal representaba cerca del 29% de la producción nacional.
Doce años después, el plan de gastos del Gobierno central sigue representando prácticamente lo mismo del producto interno bruto; sin embargo, el gasto aumentó el doble en términos reales, la planilla estatal se duplicó y el déficit fiscal alcanzó casi un 6%.
Esto significa que el Estado no tiene recursos para invertir en educación, salud, seguridad, infraestructura y otras áreas, como sí lo hizo en el pasado, por lo que se ve obligado a financiar sus gastos con más deuda.
La elaboración de un presupuesto desordenado y mal planificado durante la última década, una deuda interna creciente que consume alrededor del 34% de los recursos presupuestados, así como el incremento de la burocracia en un 80%, son algunos de los primeros síntomas de la glotonería estatal.
En medio de todo esto, el Poder Ejecutivo se resiste a hacer fuertes recortes en el gasto, y por el contrario, puja en la Asamblea Legislativa por obtener más recursos por medio de un paquete tributario, el cual le daría por lo menos ¢285 mil millones más para saciar su glotonería.
Eso sí, la factura la pagan principalmente los consumidores, ya que la mayor parte del plan fiscal recaerá sobre el 14% de gravámenes que se cobrará a todos los bienes y servicios, como parte del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Parte del problema de la glotonería del Gobierno, se debe a que cada año el plan de gastos que envía al Congreso para su aprobación, se elabora sin una verdadera planificación, ya que se nutre simplemente de la inflación y de los planes de los ministerios para el siguiente año.
Esto queda al descubierto al verificar los miles de millones de colones que son engavetados por las diferentes instituciones públicas sin haber sido utilizados.
La liquidación presupuestaria que hicieron los legisladores de 2010, determinó que ¢257 mil millones que se planificaron no se utilizaron, incluidos miles de millones para la lucha contra la criminalidad y el crimen organizado, así como para arreglar vías, carreteras y puentes, a pesar de ser las principales preocupaciones del ciudadano.
Pero no solo el Gobierno central ha sufrido de glotonería en esta última década, ya que algunas de las instituciones autónomas más emblemáticas, como la Caja de Seguro Social, la Refinadora Costarricense de Petróleo, el Instituto Nacional de Seguros y el Instituto Costarricense de Electricidad, entre otras, han aumentado también su presupuesto significativamente.
En la última década, esa fue la tónica entre las dependencias gubernamentales.
Otro elemento que podría explicar la glotonería del Estado en los últimos años, está relacionado con el crecimiento de la deuda interna.
Para el próximo año, al menos ¢1,4 billones de los ¢5,9 billones presupuestados, se utilizarán para cancelar la deuda interna y sus intereses, un grave problema que amenaza con asfixiar por completo al Gobierno.
Si se tratara de una familia, es como si el jefe de hogar financiara todos los gastos anuales con una tarjeta de crédito, a la cual abona un poco cada mes, mientras que los intereses siguen creciendo, explica Patricia Pérez, legisladora del Movimiento Libertario.
“Para el otro año, el país financiará casi la mitad del presupuesto con más deuda, esto es imposible de sostener en el tiempo, porque en vez de pagar, lo que se hace es utilizar más y más esa tarjeta de crédito para financiar los gastos corrientes, mientras se hace poco por pagar”, indica Pérez.
En ese sentido, el paquete tributario que impulsa el Gobierno tiene como objetivo detener el crecimiento del déficit que se genera entre lo que recauda y lo que gasta el Estado.
Sin embargo, una verdadera lucha contra la deuda interna implicaría una reingeniería estatal, para acabar con la duplicación de funciones y con aquellas dependencias que generan déficit.
Algunas instituciones autónomas como el Consejo Nacional de la Producción, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y Japdeva están en quiebra técnica.
Esto, porque deberán invertir hasta un 98% de sus presupuestos anuales en el pago de salarios, dejando de esta forma muy poco
dinero para operar, además de un creciente déficit.
“Consideramos que es necesario hacer una verdadera reestructuración. Me preocupa que no nos quede un solo cinco para invertir en Limón”, expresó Allan Hidalgo, presidente ejecutivo de Japdeva.
El último elemento que podría explicar la glotonería del Estado por más recursos está relacionado con el crecimiento de la burocracia.
A inicios de la década anterior, apenas había 167 mil empleados públicos, mientras que ahora, al menos 305 mil personas trabajan para el sector público.
A ese crecimiento desmedido, habría que agregar los caros privilegios que disfrutan los empleados públicos, a través de las 19 convenciones colectivas que también generan gastos millonarios.
De esta forma, el Estado acepta y hasta subvenciona lo que podrían ser abusos en diferentes instituciones.
Por ejemplo, las jornadas semanales de 40 horas y su consecuente pago de horas extras a partir de ese número que reciben los empleados de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, los topes de cesantía de hasta 20 años, las vacaciones de 30 días, así como otros estipendios como servicios de odontología, oftalmología y otros, que no disfruta la mayoría del sector privado.
“En el pasado se dieron abusos con las convenciones colectivas, sin embargo, a partir de 2004 la Sala Constitucional ha venido echando por tierra ciertos privilegios que eran excesivos, como la inexistencia de topes de cesantía. Creo que el Gobierno fue permisivo en su momento con estos instrumentos”, concluyó Eugenio Solano, viceministro de Trabajo.
Lo peor de todo, es que para financiar la glotonería estatal, el Gobierno no contiene el gasto.
En ese sentido, solo coloca parches en el camino, para tratar de mantenerse a flote.
Esto, porque Fernando Herrero, ministro de Hacienda, ya reconoció a LA REPUBLICA, que la reforma fiscal que impulsa en el Congreso es insuficiente para reducir el déficit, el cual ascenderá a por lo menos un 5% de la producción nacional al finalizar este año.
Y como si esto no bastara, indica Herrero que el otro Gobierno también tendrá que impulsar otro plan fiscal, ya que de lo contrario, el país volverá a estar contra las cuerdas dentro de poco, por el fuerte peso que le genera “su glotonería”.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
Glotonería del Estado crece
Desorden en presupuesto, deuda interna y aumento en planilla afectan salud financiera
El presupuesto de la República es una especie de bola de nieve que no termina de rodar. En la última década, el gasto del Gobierno se duplicó.
Para inicios de este milenio, el presupuesto era de apenas ¢1,6 billones. Una década después, el Gobierno añadió ¢1,5 billones en términos reales a los egresos anuales.
Al igual que una persona que sufre problemas de desorden alimenticio, la glotonería por más dinero año tras año, le ha generado graves problemas al Estado en su salud financiera.
En 2000, el presupuesto estatal representaba cerca del 29% de la producción nacional.
Doce años después, el plan de gastos del Gobierno central sigue representando prácticamente lo mismo del producto interno bruto; sin embargo, el gasto aumentó el doble en términos reales, la planilla estatal se duplicó y el déficit fiscal alcanzó casi un 6%.
Esto significa que el Estado no tiene recursos para invertir en educación, salud, seguridad, infraestructura y otras áreas, como sí lo hizo en el pasado, por lo que se ve obligado a financiar sus gastos con más deuda.
La elaboración de un presupuesto desordenado y mal planificado durante la última década, una deuda interna creciente que consume alrededor del 34% de los recursos presupuestados, así como el incremento de la burocracia en un 80%, son algunos de los primeros síntomas de la glotonería estatal.
En medio de todo esto, el Poder Ejecutivo se resiste a hacer fuertes recortes en el gasto, y por el contrario, puja en la Asamblea Legislativa por obtener más recursos por medio de un paquete tributario, el cual le daría por lo menos ¢285 mil millones más para saciar su glotonería.
Eso sí, la factura la pagan principalmente los consumidores, ya que la mayor parte del plan fiscal recaerá sobre el 14% de gravámenes que se cobrará a todos los bienes y servicios, como parte del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Parte del problema de la glotonería del Gobierno, se debe a que cada año el plan de gastos que envía al Congreso para su aprobación, se elabora sin una verdadera planificación, ya que se nutre simplemente de la inflación y de los planes de los ministerios para el siguiente año.
Esto queda al descubierto al verificar los miles de millones de colones que son engavetados por las diferentes instituciones públicas sin haber sido utilizados.
La liquidación presupuestaria que hicieron los legisladores de 2010, determinó que ¢257 mil millones que se planificaron no se utilizaron, incluidos miles de millones para la lucha contra la criminalidad y el crimen organizado, así como para arreglar vías, carreteras y puentes, a pesar de ser las principales preocupaciones del ciudadano.
Pero no solo el Gobierno central ha sufrido de glotonería en esta última década, ya que algunas de las instituciones autónomas más emblemáticas, como la Caja de Seguro Social, la Refinadora Costarricense de Petróleo, el Instituto Nacional de Seguros y el Instituto Costarricense de Electricidad, entre otras, han aumentado también su presupuesto significativamente.
En la última década, esa fue la tónica entre las dependencias gubernamentales.
Otro elemento que podría explicar la glotonería del Estado en los últimos años, está relacionado con el crecimiento de la deuda interna.
Para el próximo año, al menos ¢1,4 billones de los ¢5,9 billones presupuestados, se utilizarán para cancelar la deuda interna y sus intereses, un grave problema que amenaza con asfixiar por completo al Gobierno.
Si se tratara de una familia, es como si el jefe de hogar financiara todos los gastos anuales con una tarjeta de crédito, a la cual abona un poco cada mes, mientras que los intereses siguen creciendo, explica Patricia Pérez, legisladora del Movimiento Libertario.
“Para el otro año, el país financiará casi la mitad del presupuesto con más deuda, esto es imposible de sostener en el tiempo, porque en vez de pagar, lo que se hace es utilizar más y más esa tarjeta de crédito para financiar los gastos corrientes, mientras se hace poco por pagar”, indica Pérez.
En ese sentido, el paquete tributario que impulsa el Gobierno tiene como objetivo detener el crecimiento del déficit que se genera entre lo que recauda y lo que gasta el Estado.
Sin embargo, una verdadera lucha contra la deuda interna implicaría una reingeniería estatal, para acabar con la duplicación de funciones y con aquellas dependencias que generan déficit.
Algunas instituciones autónomas como el Consejo Nacional de la Producción, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y Japdeva están en quiebra técnica.
Esto, porque deberán invertir hasta un 98% de sus presupuestos anuales en el pago de salarios, dejando de esta forma muy poco
dinero para operar, además de un creciente déficit. “Consideramos que es necesario hacer una verdadera reestructuración. Me preocupa que no nos quede un solo cinco para invertir en Limón”, expresó Allan Hidalgo, presidente ejecutivo de Japdeva.
El último elemento que podría explicar la glotonería del Estado por más recursos está relacionado con el crecimiento de la burocracia.
A inicios de la década anterior, apenas había 167 mil empleados públicos, mientras que ahora, al menos 305 mil personas trabajan para el sector público.
A ese crecimiento desmedido, habría que agregar los caros privilegios que disfrutan los empleados públicos, a través de las 19 convenciones colectivas que también generan gastos millonarios.
De esta forma, el Estado acepta y hasta subvenciona lo que podrían ser abusos en diferentes instituciones.
Por ejemplo, las jornadas semanales de 40 horas y su consecuente pago de horas extras a partir de ese número que reciben los empleados de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, los topes de cesantía de hasta 20 años, las vacaciones de 30 días, así como otros estipendios como servicios de odontología, oftalmología y otros, que no disfruta la mayoría del sector privado.
“En el pasado se dieron abusos con las convenciones colectivas, sin embargo, a partir de 2004 la Sala Constitucional ha venido echando por tierra ciertos privilegios que eran excesivos, como la inexistencia de topes de cesantía. Creo que el Gobierno fue permisivo en su momento con estos instrumentos”, concluyó Eugenio Solano, viceministro de Trabajo.
Lo peor de todo, es que para financiar la glotonería estatal, el Gobierno no contiene el gasto.
En ese sentido, solo coloca parches en el camino, para tratar de mantenerse a flote.
Esto, porque Fernando Herrero, ministro de Hacienda, ya reconoció a LA REPUBLICA, que la reforma fiscal que impulsa en el Congreso es insuficiente para reducir el déficit, el cual ascenderá a por lo menos un 5% de la producción nacional al finalizar este año.
Y como si esto no bastara, indica Herrero que el otro Gobierno también tendrá que impulsar otro plan fiscal, ya que de lo contrario, el país volverá a estar contra las cuerdas dentro de poco, por el fuerte peso que le genera “su glotonería”.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net