Generar empleo no es una opción, es una obligación
| Sábado 15 enero, 2011
Generar empleo no es una opción, es una obligación
No basta empezar el año con buenos propósitos, hay que pasar a los actos. Para disminuir el desempleo, hay que crear las condiciones necesarias. Desde siempre el trabajo ha sido la forma honrada y obligada de ganarse la vida, como lo dijo San Pablo hace 2 mil años, cuando sentenció que “Quien no trabaje que no coma”.
¿Cómo hacer para que en Costa Rica todos tengamos mayores posibilidades de trabajo, estable y bien remunerado? La respuesta es sencilla: creando condiciones adecuadas para mejorar lo que hoy día conocemos como competitividad, una herramienta para bajar costos, atraer inversiones y generar negocios productivos para el país.
Es claro que en nuestro país la infraestructura es un tema por el cual nuestro Gobierno dejó de preocuparse desde hace 30 años, se olvidó de fijar políticas y programas de mediano y largo plazo, limitándose a Planes Nacionales de Desarrollo de cuatro años.
Como agravante, la misma administración pública se ha especializado en poner trabas y dificultades a quien quiera desarrollar alguna actividad productiva, obligándolo a transitar por el tortuoso e incierto camino del exceso de trámites, el cual, como la mala hierba, se fortalece y extiende cada vez que alguien le hace una poda, llevando a los inversionistas nacionales y extranjeros, grandes o pequeños, a desistir en sus empeños de llevar adelante esfuerzos productivos nuevos que generarían puestos de trabajo.
La necesidad de mejorar nuestra infraestructura no se discute, tanto la productiva como la social; es un asunto de interés nacional para mejorar nuestra competitividad, generar empleo y aumentar producción. Es claro que el Gobierno no puede sacar esta tarea por sí mismo, basta pensar en sus limitaciones presupuestarias o ver su lentitud para atender asuntos tan menores como la vergonzosa “platina”, o las aún no iniciadas reparaciones urgentes en gran cantidad de puentes en todo el país, o la tardanza en resolver las necesidades de los habitantes de Cinchona afectados por un terremoto en enero de 2009, o los cuatro años de restricción vehicular en San José centro sin solución alguna a hoy, o las dificultades del Primer Poder de la República que, tras años de intentos, no ha podido construir una nueva sede.
Ante esta realidad, esquemas como la concesión de obra pública son la solución. Es claro que una buena parte de la infraestructura que debemos construir no es “concesionable”, corresponde directamente al mismo Estado, por ejemplo aquella relacionada con el sector salud, con la educación y con la vivienda de interés social. La otra, la obra productiva, debe procurar concesionarse con base en cuatro premisas, la primera es que no deben sacrificarse recursos de los programas sociales del Estado, para invertirlos en infraestructura productiva.
La segunda es seguir el ejemplo de países exitosos como el caso de Chile, organizándose con su mejor gente para acelerar el proceso de construcción de la obra pública “concesionable” y ejercer un control estricto sobre la misma. La experiencia chilena ha permitido demostrar, el gran beneficio que la concesión de obra pública ha producido al pueblo de ese país; por eso es que precisamente el gobierno socialista de don Ricardo Lagos fue su principal impulsador, a partir de una ley que se promulgó durante la dictadura de Augusto Pinochet.
La tercera es que la concesión debe verse como un negocio para el mismo Estado, participando en los ingresos que genere la obra concesionada y con estos, financiar infraestructura social.
La cuarta premisa es que se debe fomentar que costarricenses de diferentes sectores, según corresponda, puedan organizarse para ser los concesionarios de obra pública, promoviendo la inversión de recursos nacionales hoy ociosos o colocados en el extranjero, a tasas improductivas.
Este es el gran paso que debemos dar como Estado, no se vislumbra otra manera de sacar adelante la infraestructura necesaria para mejorar nuestra competitividad. En nuestro país tenemos todos los recursos que necesitamos para tener éxito, tanto humanos como materiales, el asunto es comenzar a creer en nosotros mismos, desenmarañar el sistema de tanto trámite innecesario y apostar al desarrollo, como lo hicieron aquellos que nos precedieron hace 30, 40 o más años, de cuya visión y propósitos salieron las grandes obras de las que hemos disfrutado hasta hoy, pero que ya no nos alcanzan para generar más empleo, más producción ni más riqueza para todos.
Ing. Ricardo Castro
Presidente
Cámara Costarricense de la Construcción
No basta empezar el año con buenos propósitos, hay que pasar a los actos. Para disminuir el desempleo, hay que crear las condiciones necesarias. Desde siempre el trabajo ha sido la forma honrada y obligada de ganarse la vida, como lo dijo San Pablo hace 2 mil años, cuando sentenció que “Quien no trabaje que no coma”.
¿Cómo hacer para que en Costa Rica todos tengamos mayores posibilidades de trabajo, estable y bien remunerado? La respuesta es sencilla: creando condiciones adecuadas para mejorar lo que hoy día conocemos como competitividad, una herramienta para bajar costos, atraer inversiones y generar negocios productivos para el país.
Es claro que en nuestro país la infraestructura es un tema por el cual nuestro Gobierno dejó de preocuparse desde hace 30 años, se olvidó de fijar políticas y programas de mediano y largo plazo, limitándose a Planes Nacionales de Desarrollo de cuatro años.
Como agravante, la misma administración pública se ha especializado en poner trabas y dificultades a quien quiera desarrollar alguna actividad productiva, obligándolo a transitar por el tortuoso e incierto camino del exceso de trámites, el cual, como la mala hierba, se fortalece y extiende cada vez que alguien le hace una poda, llevando a los inversionistas nacionales y extranjeros, grandes o pequeños, a desistir en sus empeños de llevar adelante esfuerzos productivos nuevos que generarían puestos de trabajo.
La necesidad de mejorar nuestra infraestructura no se discute, tanto la productiva como la social; es un asunto de interés nacional para mejorar nuestra competitividad, generar empleo y aumentar producción. Es claro que el Gobierno no puede sacar esta tarea por sí mismo, basta pensar en sus limitaciones presupuestarias o ver su lentitud para atender asuntos tan menores como la vergonzosa “platina”, o las aún no iniciadas reparaciones urgentes en gran cantidad de puentes en todo el país, o la tardanza en resolver las necesidades de los habitantes de Cinchona afectados por un terremoto en enero de 2009, o los cuatro años de restricción vehicular en San José centro sin solución alguna a hoy, o las dificultades del Primer Poder de la República que, tras años de intentos, no ha podido construir una nueva sede.
Ante esta realidad, esquemas como la concesión de obra pública son la solución. Es claro que una buena parte de la infraestructura que debemos construir no es “concesionable”, corresponde directamente al mismo Estado, por ejemplo aquella relacionada con el sector salud, con la educación y con la vivienda de interés social. La otra, la obra productiva, debe procurar concesionarse con base en cuatro premisas, la primera es que no deben sacrificarse recursos de los programas sociales del Estado, para invertirlos en infraestructura productiva.
La segunda es seguir el ejemplo de países exitosos como el caso de Chile, organizándose con su mejor gente para acelerar el proceso de construcción de la obra pública “concesionable” y ejercer un control estricto sobre la misma. La experiencia chilena ha permitido demostrar, el gran beneficio que la concesión de obra pública ha producido al pueblo de ese país; por eso es que precisamente el gobierno socialista de don Ricardo Lagos fue su principal impulsador, a partir de una ley que se promulgó durante la dictadura de Augusto Pinochet.
La tercera es que la concesión debe verse como un negocio para el mismo Estado, participando en los ingresos que genere la obra concesionada y con estos, financiar infraestructura social.
La cuarta premisa es que se debe fomentar que costarricenses de diferentes sectores, según corresponda, puedan organizarse para ser los concesionarios de obra pública, promoviendo la inversión de recursos nacionales hoy ociosos o colocados en el extranjero, a tasas improductivas.
Este es el gran paso que debemos dar como Estado, no se vislumbra otra manera de sacar adelante la infraestructura necesaria para mejorar nuestra competitividad. En nuestro país tenemos todos los recursos que necesitamos para tener éxito, tanto humanos como materiales, el asunto es comenzar a creer en nosotros mismos, desenmarañar el sistema de tanto trámite innecesario y apostar al desarrollo, como lo hicieron aquellos que nos precedieron hace 30, 40 o más años, de cuya visión y propósitos salieron las grandes obras de las que hemos disfrutado hasta hoy, pero que ya no nos alcanzan para generar más empleo, más producción ni más riqueza para todos.
Ing. Ricardo Castro
Presidente
Cámara Costarricense de la Construcción