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Tres días de deliberaciones le bastaron a un jurado en Estados Unidos para hallar a Genaro García Luna culpable de unirse a los carteles que debió combatir como jefe de la guerra contra las drogas en México.
El veredicto unánime leído este martes en una corte federal de Nueva York indicó que García Luna cometió los cinco delitos por los que fue juzgado durante cuatro semanas, incluidos conspiración para el narcotráfico y delincuencia organizada.
El exsecretario mexicano de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) enfrenta ahora una pena de entre 20 años de cárcel y cadena perpetua. Está previsto que la sentencia se anuncie el 27 de junio.
Los fiscales de EE.UU., que basaron su acusación en diversos testimonios de narcotraficantes y policías, señalaron el veredicto como un acto de justicia.
"García Luna, quien una vez estuvo en la cúspide de la aplicación de la ley en México, ahora vivirá el resto de sus días como un traidor a su país y a los miembros honestos de los cuerpos de seguridad que arriesgaron sus vidas para desmantelar los carteles de la droga", declaró el fiscal Breon Peace en Brooklyn.
Sin embargo, César de Castro, el abogado que encabezó la defensa de García Luna, insistió tras el veredicto en que la Fiscalía careció de "pruebas fehacientes para corroborar sus testigos".
"El gobierno se vio obligado a conformarse con un caso construido sobre los hombros de algunos de los criminales más notorios y despiadados que testificaron en este juzgado", declaró De Castro al salir de la corte.
En cualquier caso, algunos testimonios vertidos en el juicio parecen haber sido cruciales para declarar culpable a García Luna, el exfuncionario mexicano de mayor rango juzgado en EE.UU.
Antes de las deliberaciones del jurado, la Fiscalía se preocupó especialmente por señalar la importancia de que los testimonios del juicio encajaran como piezas de un puzzle que mostraba la culpabilidad de García Luna, aunque no hubiera evidencia material al respecto.
También buscó refutar los cuestionamientos a la credibilidad de sus nueve testigos colaboradores por parte de la defensa, que los señaló como excriminales dispuestos a decir lo que los fiscales querían para reducir sus propias condenas, obtener visas en EE.UU. o vengarse de García Luna por haberlos arrestado.
"No les pido que (los testigos) les agraden. Son criminales que han cometido actos horribles, pero se necesita a un criminal para conocer a otro", dijo la fiscal Saritha Komatireddy en sus alegatos finales.
Y remarcó que apenas un testimonio aislado podía alcanzar como prueba de culpabilidad.
Si bien el jurado compuesto por 12 ciudadanos —siete mujeres y cinco hombres anónimos— deliberó en secreto, se ha reportado que durante ese proceso pidió revisar distintos testimonios para emitir su veredicto.
Uno de ellos fue el del último testigo llamado por los fiscales: Jesús "El Rey" Zambada, el hermano de un líder del cartel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada.
El Rey aseguró que en 2006, cuando García Luna dirigía la Agencia Federal de Investigación (AFI) y estaba a punto de pasar al gabinete de México, le pagó dos sobornos por un total de US$5 millones para que el cartel de Sinaloa tuviera protección del gobierno.
Relató que el dinero fue entregado por un abogado del cartel, Oscar Paredes, a García Luna en el segundo piso de un restaurante lujoso de Ciudad de México llamado Champs Elysées, próximo a la embajada de EE.UU.
Ese restaurante había sido mencionado antes en el juicio por Miguel Madrigal, un agente de la agencia antidrogas estadounidense DEA, quien dijo que sospechaban que era un lugar donde los narcos sobornaban a miembros del gobierno mexicano.
Ese testimonio de Madrigal también fue solicitado por el jurado para revisarlo durante las deliberaciones.
Zambada, que cumplió una pena de 12 años de prisión en EE.UU. y quedó libre bajo supervisión, indicó además que pagó US$350.000 a Víctor Hugo García, sobrino de García Luna, para colocar en la subprocuraduría contra la delincuencia organizada de México a Edgar Bayardo, quien pasaba información confidencial del gobierno al cartel.
El primero de los testimonios que el jurado pidió revisar en sus deliberaciones fue el de Sergio Villarreal, un narco conocido como "El Grande" por sus dos metros de estatura y que también fue el primer testigo en declarar contra García Luna, una señal de la importancia que le dieron los fiscales en este caso.
Villarreal dijo haber presenciado sobornos millonarios que su jefe, el capo narco Arturo Beltrán Leyva, entregaba a García Luna para proteger sus negocios y traficar droga hacia EE.UU. sin ser perseguido por la policía mexicana.
El mismo día en que solicitó revisar el testimonio de El Grande, el jurado hizo lo mismo con un tramo de lo declarado en el juicio por Israel Ávila, quien trabajó como contador de narcos mexicanos y formuló dos revelaciones importantes.
Una de ellas fue que García Luna figuraba en nóminas de pagos del cartel de Sinaloa al que pertenecía Beltrán Leyva, bajo dos apodos que solían darle los narcos: "El Tartamudo" y "El Metralleta".
Aunque en el juicio no se presentaron esas nóminas como prueba material, lo dicho por Avila como testigo protegido —y revisado por el jurado en sus deliberaciones— encajó con el testimonio de El Grande.
El otro pasaje importante del testimonio de Avila fue cuando se refirió a la guerra interna que estalló en el cartel entre Beltrán Leyva y la facción integrada por Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien fue condenado en 2019 en la misma corte que García Luna.
En particular, Ávila relató que Beltrán Leyva quería saber si García Luna lo seguiría apoyando a él y, para asegurarlo, lo mantuvo secuestrado durante una semana.
A ese episodio se refirieron otros testigos del juicio incluido El Grande, quien explicó que Beltrán Leyva ordenó el secuestro para mostrarle a García Luna que "no hay imposibles" en el mundo del narco.
El narco colombiano Harold Mauricio Poveda, conocido como "El Conejo" porque marcaba su droga con el símbolo de Playboy, también habló sobre ese secuestro de García Luna y su testimonio fue revisado por el jurado durante las deliberaciones.
El Conejo sostuvo que Beltrán Leyva quería cortarle la cabeza a García Luna y él lo convenció de que desistiera de hacerlo, para evitar problemas con el gobierno mexicano.
Según los distintos testimonios, García Luna fue liberado sano y salvo tras ese secuestro y siguió colaborando con Beltrán Leyva.
Otro testigo importante del juicio fue Édgar Veytia, un exfiscal del estado mexicano de Nayarit conocido como "El Diablo" y que cumple una condena de 20 años en EE.UU. por narcotráfico.
Veytia llamó la atención durante el juicio por haber asegurado que en 2011 el entonces gobernador de Nayarit, Ney González, le dijo que había recibido instrucciones del entonces presidente Calderón y de García Luna para apoyar a la facción del cartel liderada por "El Chapo" Guzmán en su lucha con Beltrán Leyva.
Calderón rechazó de inmediato las declaraciones de Veytia. "Lo que señala sobre mí es una absoluta mentira. Nunca negocié ni pacté con criminales", tuiteó el expresidente.
Pero Veytia se refirió a otro episodio que causó menos polémica y pudo ser importante para el jurado, que también revisó su testimonio: un diferendo entre la policía federal y estatal de Nayarit sobre la detención de una camioneta blindada, que finalmente dejaron ir.
El Diablo sostuvo que le indicaron que dentro de ese vehículo podía haber estado El Chapo y que, después de que le permitieran seguir camino, recibió un agradecimiento telefónico del propio García Luna.
Luego de conocerse el fallo del tribunal estadounidense, el expresidente Calderón escribió un comunicado en el que criticó que el veredicto sea utilizado políticamente para atacarlo y reivindica la lucha contra el narcotráfico durante sus años en el poder:
"Esa resolución no demerita la lucha valiente de miles de policías, soldados, marinos, fiscales, jueces y servidores públicos de bien que defendieron a las familias mexicanas de la delincuencia".
"Luché con toda determinación contra la delincuencia con la ley en la mano, sin dar tregua ni hacer distinción entre grupos. Jamás negocié ni pacté con criminales. Jamás usé la investidura presidencial para abogar por sus intereses", agregó.
El abogado defensor de García Luna ahora tiene 45 días para apelar el veredicto.
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