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La eventual designación de una función distinta a la que les fue asignada originalmente a los hospitales de la Caja, justificaría especial contenido financiero para su cumplimiento

Función distinta, requiere presupuesto

Más allá del debate de naturaleza ética y religiosa, el tema de la técnica de fertilización asistida lleva a otro asunto que padece el país en diferentes áreas de la vida nacional.
Nos referimos a la funesta práctica, que en algún momento se inició en nuestro Primer Poder de la República, de aprobar leyes que obligan a ejecutar algo a una institución sin determinar la fuente de donde se obtendrá el contenido económico necesario, cuando esto fuere el caso por tratarse de alguna nueva función que no estaba contemplada en su creación.
La posibilidad de aprobación por parte del Congreso del proyecto de fertilización asistida sería una de esas situaciones a las que nos estamos refiriendo.
Probablemente, en esa eventualidad, los hospitales de la Caja se verían en la obligación de brindar el servicio a quienes lo requieran para poder tener un hijo, sin tener los recursos económicos necesarios para implementar la infraestructura, el equipamiento técnico y los profesionales especializados para poner en práctica una nueva técnica.
Es decir, que si se le llegara a encomendar alguna nueva función a la Caja, en este caso por medio de sus hospitales, distinta a la que le fue asignada originalmente, pareciera que esto justificaría tanto desde el punto de vista financiero como jurídico, nuevos fondos para que las acciones pertinentes puedan ser llevadas a cabo.
Para nadie es hoy un secreto que la Caja se encuentra en serios problemas porque no cuenta con infraestructura, equipos ni profesionales suficientes para atender a los enfermos asegurados en casos en donde la vida depende de esa rápida atención, como es ocurre con el cáncer y otras enfermedades que no pueden aguardar en las muchas veces mortales listas de espera.
Sin embargo, esto es algo que la institución debe resolver mediante los mecanismos idóneos a fin de ponerse al día, como es su obligación, y cumplir con los mandatos que la ley le impone.
No obstante, el especial caso de alguna legislación que la obligara a cumplir, como hemos dicho, con funciones distintas a las que se le encomendaron desde su origen, sí requeriría una asignación especial de financiamiento.
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