Fortalecimiento del poder civil

Fortalecimiento del poder civil

La participación de los militares como actores políticos, es una realidad en casi todos los países latinoamericanos, y con mucha frecuencia esas fuerzas armadas se arrogan el rol de institución tutelar de la patria.

En Centroamérica, y con la excepción de Costa Rica, a finales de la década de 1980, el proceso de paz tenía el objetivo de desmilitarizar y detener las muertes entre hermanos y avanzar hacia regímenes democráticos, lo que suponía la restitución de derechos y la inserción de mecanismos de participación social en los asuntos públicos.

Concretamente, el 28 de junio de 2009, en horas de la mañana, el presidente hondureño Manuel Zelaya, constitucionalmente electo, fue objeto de un golpe de Estado por parte de la cúpula militar.

El golpe de Estado, conceptualmente hablando, es la toma del poder político de un modo repentino y violento, por parte de un grupo de poder asociado fuertemente con militares, vulnerando la legitimidad institucional establecida.

Esto supone, que el poder civil, que es ejercido por el Presidente en ejercicio, y la disposición constitucional que manda el sometimiento de los fuerzas militares y la ejecución de la acción militar, así como el deber a intervenir en el control del orden interno, en Honduras no se cumplieron.

No obstante, Micheleti y los militares asumieron, funciones políticas, administrativas y jurisdiccionales, supliendo a las autoridades elegidas y designadas por el Gobierno central, generando la errónea idea de que el gobierno de facto estaba legitimado para ello y que ante la ineficacia civil impondrían el orden y la seguridad.

Obviamente, los actos violatorios de derechos ciudadanos generaron reacciones adversas, y se presentan en el escenario nacional grupos que apelan a la violencia como “política” para lograr lo que consideran “justicia social”.

Actualmente, este rompimiento del Estado democrático, en que se cuestiona la sostenibilidad del sistema, ha creado una grave crisis no solo en lo político, sino en la vigencia de las bases que sustentan la democracia, en manos de un poder fáctico.

Sin embargo, cabe destacar que la mala gestión política, económica y social de algunos gobiernos del continente americano, que se ensañó contra las clases deprimidas, ha dado auge en algunos países al autoritarismo, que algunos insisten en llamar socialismo.

A todas luces, el control civil efectivo requiere que se impida que las fuerzas armadas dominen el gobierno, porque deben verse como servidores de todos los ciudadanos y no de ellos mismos o de un segmento particular de la sociedad.

Finalmente, en los países democráticos, la Constitución designa al presidente como el comandante supremo de las fuerzas armadas, razón por la cual las decisiones, cualesquiera que sean, deben ser tomadas por un líder, que en última instancia es el responsable ante los ciudadanos que lo eligieron.

Luis Fernando Allen Forbes

Asociación Salvemos el Río Pacuare

Director ejecutivo