Fonatel: en el Minaet o en el Micit
| Viernes 11 febrero, 2011
Fonatel: en el Minaet o en el Micit
Con el fin de procurar acceso universal, servicio universal y solidaridad en los servicios de telecomunicaciones, la Ley General de Telecomunicaciones creó el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel). Este fondo se nutre de varias fuentes, principalmente de los recursos que se obtengan de las concesiones que se otorguen por el uso del espectro radioeléctrico, para los servicios celulares específicamente, actualmente en trámite.
Alexander Mora, presidente de Camtic, propone que los fondos que se reciban por el pago de esas concesiones se inviertan no solo en infraestructura, sino en “aplicaciones de contenido social, programas de educación y capacitación virtual, computadoras o teléfonos móviles inteligentes para los niños y jóvenes en condición vulnerable”.
Los operadores de telecomunicaciones piensan diferente. “Nuestra legislación es clara, por ningún lado se establece la posibilidad de adquirir contenido, o la adquisición de “múltiples dispositivos digitales”, así se expresó Juan Manuel Campos por ejemplo, recientemente.
La discusión cobra ribetes incluso políticos, pues quienes defienden que se utilicen dichos fondos principalmente para infraestructura, favorecen que se mantenga como ente rector de las telecomunicaciones al MINAET, y quienes desean que dicho fondo financie más que eso, lo prefieren en el MICIT. La discusión obedece a que el gobierno ha propuesto un proyecto de ley para trasladar el Viceministerio de Telecomunicaciones, del Minaet al Micit, como por naturaleza y afinidad corresponde.
Lamentable que unos y otros piensen por encima de la ley, en la defensa de su gremio o cámara empresarial. Más interesa el posible beneficio de ellos mismos, que el del país, o el del pueblo, o qué servicios y con qué calidad se presten.
Incluso les alcanza la imaginación para argumentar que un jerarca es más proclive a las telecomunicaciones o a la informática y que por eso debe la Rectoría mantenerse en, o trasladarse a, uno u otro Ministerio.
Como si la legislación debiera tomar en cuenta las personas y las circunstancias del momento, para crear o ubicar una dependencia, cuya función es permanente. Igualmente reprochable es el hecho de que un viceministro amenace con renunciar si se le traslada a otro Ministerio, pues antepone intereses personales, a los nacionales, egoísmo, al servicio del país, confort personal, a la responsabilidad de la función pública.
Comparto con el Lic. Campos que “Acceso universal incluye políticas de redes digitales neutrales, banda ancha fija y móvil con cobertura nacional, múltiples dispositivos digitales de acceso, amplio contenido para los diversos sectores sociales y económicos; la oportunidad de crear plataformas masivas para educar y desarrollar en la población las competencias digitales o no, para poner lo digital al servicio de la producción, de la administración pública, etc.”.
Lo que no es aceptable es que se usen esos $170 millones para algún festín, o se pretenda con ellos resolver ahora todos los déficits y debilidades del gobierno y sus instituciones, como ya ha sido propuesto, pues hay en la corriente legislativa un proyecto de ley que dispone de un 10% de esos recursos para la creación de un expediente electrónico para los pacientes de la CCSS.
Gerardo Fumero Paniagua
Ingeniero
Con el fin de procurar acceso universal, servicio universal y solidaridad en los servicios de telecomunicaciones, la Ley General de Telecomunicaciones creó el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel). Este fondo se nutre de varias fuentes, principalmente de los recursos que se obtengan de las concesiones que se otorguen por el uso del espectro radioeléctrico, para los servicios celulares específicamente, actualmente en trámite.
Alexander Mora, presidente de Camtic, propone que los fondos que se reciban por el pago de esas concesiones se inviertan no solo en infraestructura, sino en “aplicaciones de contenido social, programas de educación y capacitación virtual, computadoras o teléfonos móviles inteligentes para los niños y jóvenes en condición vulnerable”.
Los operadores de telecomunicaciones piensan diferente. “Nuestra legislación es clara, por ningún lado se establece la posibilidad de adquirir contenido, o la adquisición de “múltiples dispositivos digitales”, así se expresó Juan Manuel Campos por ejemplo, recientemente.
La discusión cobra ribetes incluso políticos, pues quienes defienden que se utilicen dichos fondos principalmente para infraestructura, favorecen que se mantenga como ente rector de las telecomunicaciones al MINAET, y quienes desean que dicho fondo financie más que eso, lo prefieren en el MICIT. La discusión obedece a que el gobierno ha propuesto un proyecto de ley para trasladar el Viceministerio de Telecomunicaciones, del Minaet al Micit, como por naturaleza y afinidad corresponde.
Lamentable que unos y otros piensen por encima de la ley, en la defensa de su gremio o cámara empresarial. Más interesa el posible beneficio de ellos mismos, que el del país, o el del pueblo, o qué servicios y con qué calidad se presten.
Incluso les alcanza la imaginación para argumentar que un jerarca es más proclive a las telecomunicaciones o a la informática y que por eso debe la Rectoría mantenerse en, o trasladarse a, uno u otro Ministerio.
Como si la legislación debiera tomar en cuenta las personas y las circunstancias del momento, para crear o ubicar una dependencia, cuya función es permanente. Igualmente reprochable es el hecho de que un viceministro amenace con renunciar si se le traslada a otro Ministerio, pues antepone intereses personales, a los nacionales, egoísmo, al servicio del país, confort personal, a la responsabilidad de la función pública.
Comparto con el Lic. Campos que “Acceso universal incluye políticas de redes digitales neutrales, banda ancha fija y móvil con cobertura nacional, múltiples dispositivos digitales de acceso, amplio contenido para los diversos sectores sociales y económicos; la oportunidad de crear plataformas masivas para educar y desarrollar en la población las competencias digitales o no, para poner lo digital al servicio de la producción, de la administración pública, etc.”.
Lo que no es aceptable es que se usen esos $170 millones para algún festín, o se pretenda con ellos resolver ahora todos los déficits y debilidades del gobierno y sus instituciones, como ya ha sido propuesto, pues hay en la corriente legislativa un proyecto de ley que dispone de un 10% de esos recursos para la creación de un expediente electrónico para los pacientes de la CCSS.
Gerardo Fumero Paniagua
Ingeniero