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Proyecto declararía como monopolios empresas o productos que actualmente no lo son
Fiscalización a comercios desata choque contra Gobierno

• Ejecutivo considera que normativas más bien benefician la competencia
• Industria alimentaria y supermercados cuestionan supuestos “excesos que atentan contra la libre competencia”

Ernesto José Villalobos
[email protected]

Una serie de reglas impulsadas para mejorar la fiscalización de los comercios desató una nueva lucha entre empresarios y el gobierno.
Se trata de un proyecto de ley dictaminado positivamente por unanimidad, y que a juicio de los empresarios catalogaría a productos y empresas como monopolios.
Asimismo, las reformas implican potestades de fiscalización que a juicio de los comerciantes son “exageradas”.
Las reformas serían vistas en plenario próximamente, y comprenden la modificación de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.
“Si se convierte en ley, la propuesta le robaría el espíritu a la actual legislación, porque asfixiaría las posibilidades de competir libremente”, puntualizó Tomás Pozuelo, presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia).
Ante la posición empresarial, el oficialismo en el Congreso se mostró anuente a añadir cualquier valoración adicional, mediante la inclusión de mociones.
“El proyecto nació precisamente de una queja planteada por uno de los asociados de Cacia. La discusión siempre estuvo abierta para escuchar a las partes, y creo que el proyecto contiene solamente beneficios para el intercambio comercial”, explicó Mayi Antillón, diputada de Liberación Nacional.
Parte importante de los cambios que incluye la iniciativa, tiene que ver con el concepto de Poder de Mercado Relevante, es decir, la forma en que se interpreta si un producto o empresa está incurriendo en prácticas monopolísticas.
“En esta materia, por ejemplo, la legislación baja a un 40% la participación de un producto específico para que sea considerado monopolio. Como se comprende, esto deja en total desprotección al sector productivo, y expone a quienes llevan produciendo una marca muchos años, a quedar fuera de lo permitido por ley”, explicó Andrés Avalos, asesor legal de Cacia.
Al respecto, la versión del Gobierno es que el proyecto dictaminado constituye parte importante de la protección que procura el Gobierno para los actores comerciales.
“No me parece apropiado decir que los cambios impulsados a la ley son exagerados o bien que atentan contra la libre competencia. Es muy sencillo: el Gobierno debe velar por las mejores condiciones para que se dé el intercambio comercial, y eso no solo incluye a los grandes comerciantes o distribuidores”, puntualizó Marco Vargas, ministro de Economía, Industria y Comercio.
Representantes de las grandes cadenas de supermercados también emitieron su oposición al proyecto, y confirmaron que unirán esfuerzos junto con los industriales alimentarios para que se hagan modificaciones antes de que ingrese al plenario.
“Uno de los principios básicos de nuestro negocio es ofrecer los mejores y más convenientes productos a los consumidores; las variaciones a esta ley podrían resultar muy perjudiciales para cumplir este propósito”, agregó Ignacio Pérez, vicepresidente de Wal-Mart para Centroamérica.
El enojo de los empresarios por estas reformas se suma al mostrado días atrás por las variaciones aprobadas en la Asamblea a la Ley Orgánica de Ambiente, la cual otorgaría mayores potestades a los ciudadanos sobre las construcciones que se realicen en sus comunidades, entre otros aspectos.
Ante ello, esta tarde los inquilinos de Casa Presidencial se reunirán con voceros de la Unión de Cámaras, la Cámara de Industrias y de la Cámara Costarricense de la Construcción, para intentar dirimir las diferencias.
Sobre el tema ambiental incluso se estaría valorando el veto de los cambios aprobados por los diputados.
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