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Fiscalía pide exonerar a Garzón

La Fiscalía y la defensa pidieron ayer el sobreseimiento de la causa abierta al juez Baltasar Garzón por declararse competente en el año 2008 para investigar las desapariciones durante la guerra civil española (1936-1939) y en la posterior dictadura del general Francisco Franco.
Garzón, el juez español que se dio a conocer internacionalmente tras ordenar en 1998 la detención del ya fallecido exdictador chileno Augusto Pinochet, está acusado de prevaricación al abrir la investigación ignorando la existencia de la Ley de Amnistía aprobada en España en 1977 durante la transición a la democracia.
Dos asociaciones ultraderechistas, Manos Limpias y Libertad e Identidad, presentaron sendas querellas contra la actuación del juez, admitidas a trámite, y por las que ayer se sentó en el banquillo de los acusados.
El juicio, en el que el magistrados se enfrenta a la petición de hasta 20 años de inhabilitación, comenzó en el Tribunal Supremo español en medio de una gran expectación y con la presencia de representantes de varias organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos que asisten como "observadores".
La defensa de Garzón y la Fiscalía han pedido la nulidad de la causa y descalificaron la labor del juez instructor de la misma, Luciano Varela, al que acusaron de tomar partido y de haber perdido "su imparcialidad".
El ministerio público, ejercido por el fiscal Luis Navajas, calificó de "absolutamente insólita e insostenible" la actuación de Varela.
El abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresnada, afirmó que el instructor "vulneró normas esenciales del procedimiento, tomó partido y perdió su imparcialidad" al sugerir la forma en la que el sindicato ultraderechista Manos Limpias, en 2010, debía corregir los errores de su escrito de acusación contra el magistrado.
Garzón, que a su llegada al Tribunal fue recibido con aplausos y gritos de apoyo por simpatizantes, es juzgado por declarase competente para investigar, en virtud de la ley de la Memoria Histórica aprobada en 2007, las denuncias de asociaciones de familiares de desaparecidos durante la guerra civil y el franquismo.
Sin embargo, el 18 de noviembre de 2008, el propio Garzón decidió inhibirse en la investigación que había lanzado un mes antes y que había generado una fuerte polémica en España entre partidarios y detractores de la misma.
El magistrado se inhibió a favor de los juzgados territoriales en los que están ubicadas las fosas comunes donde se sospecha que pueden encontrarse los restos de personas desaparecidas en la guerra civil y durante la dictadura, algunas de las cuales había ordenado abrir para proceder a la exhumación.

Madrid/EFE

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