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Ministerio Público recibió caso sobre presunto mal manejo de fondos del ministro de Vivienda
Fernando Zumbado será investigado por la Fiscalía

Carlos Jesús Mora
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Desde el pasado 5 de agosto, cuando tuvo que renunciar a la institución que lo dio a conocer como “el ministro de los pobres”, prácticamente nadie sabe nada de él.
Quienes alguna vez trabajaron y recorrieron con él barrios y precarios de todo el país, inaugurando nuevas viviendas de bien social y repartiendo besos y abrazos, ahora desconocen su paradero.
“Dondequiera que esté, es bien largo de Rincón Grande”, dijo uno de sus asesores al que este medio consultó.
Hoy, un mes después de su salida del Ministerio de Vivienda (MIVAH) el ex ministro Fernando Zumbado tampoco contesta su teléfono celular para al menos dar su opinión sobre que la Contraloría General de la República habría encontrado elementos de juicio suficientes para presumir la existencia de un delito en el manejo de los dineros destinados para la comunidad de Rincón Grande de Pavas, donados por Taiwán en 2006 y utilizados por la cartera que lideró en el pago de consultorías.
LA REPUBLICA trató de localizar a Zumbado, sin embargo pese a varios mensajes dejados en su servicio de mensajería de voz no devolvió las llamadas.
El pasado 2 de setiembre el órgano contralor envió la denuncia penal al Ministerio Público “en acatamiento de la Ley Contra la
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y el Código Procesal Penal”.
“No puedo referirme a la pesquisas halladas, por la confidencialidad del caso; pero en efecto sí es una denuncia penal y que la enviamos a esta entidad porque acá es donde corresponde estar”, dijo Rocío Aguilar, contralora general, quien no quiso precisar los nombres de las personas contra las que se sientan las presuntas responsabilidades del caso.
Por su parte, en la Presidencia de la República no se quisieron referir al caso.
Al jerarca de Vivienda, como al resto de su equipo de trabajo, se le cuestiona por haber presuntamente destinado $1,5 millones al pago de consultorías para el proyecto “Mejoramiento Barrial y Gestión de Programas Sociales Innovativos” donados por Taiwán para la erradicación de tugurios en Rincón Grande de Pavas.
De igual manera, al ex funcionario se le cuestiona el haber contratado entre las firmas consultoras al Centro Internacional de Derechos Humanos (CIDH) por $315 mil.
El CIDH es una organización que Zumbado fundó hace nueve años y fue recomendada por él para las contrataciones, de acuerdo con las cartas divulgadas en el último mes y por las audiencias de distintos personeros del Ministerio y del CIDH en la comisión de Ingreso y Gasto Público del Congreso.
De igual forma, las investigaciones efectuadas hasta el momento arrojan que el ex jerarca habría contratado a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) para la consultoría “Estudios socioeconómicos para la selección de beneficiarios de la fase piloto del Programa Avancemos”, antes de contar con los $1,5 mill
ones donados por Taiwán.
“Además de (presuntamente) desviar esos fondos para otras prácticas, el ex jerarca puso en juego el patrimonio del Estado toda vez que si el dinero taiwanés nunca hubiera entrado, el Estado tendría que haber hecho el pago de un contrato”, aseveró Sergio Alfaro, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Por estos hechos, en julio de este año el Ministerio Público se incautó varios documentos en la oficina del ex ministro, quien una semana después presentó sus alegatos.
El accionar de la Contraloría generó diversas reacciones a lo interno de la bancada de Gobierno.
“Es lamentable que un funcionario vaya a enfrentar una causa y un proceso solo por el hecho de no tener un poco de cuidado en el manejo de los fondos, la decisión de la Contraloría es muy pertinente y oportuna”, dijo Oscar Núñez, jefe de fracción del oficialismo.
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