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Caso Crucitas
Anulada concesión minera por Sala I, pero Sala IV aún no se pronuncia
Fin de Crucitas… por ahora

Imputados diez funcionarios por avalar permisos de viabilidad ambiental



La firma Industrias Infinito no podrá extraer oro en la mina Crucitas en Cutris de San Carlos, al menos por ahora.
Ayer la Sala I ratificó por unanimidad y de manera integral la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que anula esa concesión minera, al rechazar al menos ocho apelaciones.
Ante este fallo, la empresa canadiense agotaría a nivel nacional todas las instancias judiciales a las cuales podía acudir y tendría que apostar a un arbitraje internacional para pedir una indemnización al Estado por la cancelación del contrato.
Esta medida se llevaría a cabo con base en el tratado bilateral de protección a las inversiones costarricenses-canadienses o bien a través del Tratado de Libre Comercio vigente entre ambas naciones.
Sin embargo, aún falta que la Sala IV defina si acoge o no una acción de inconstitucionalidad interpuesta por Industrias Infinito, lo cual podría dejar en suspenso la decisión de la Sala I.
Esto tomando en cuenta que la minera aduce que la sentencia del Contencioso Administrativo y las gestiones ante la Sala I no tienen ninguna validez, por ser cosa juzgada, ya que con anterioridad la Sala IV —una instancia de mayor jerarquía—, se había pronunciado sobre este tema y había avalado la extracción de oro en la zona norte del país.
“Industrias Infinito procederá como corresponde a hacer el análisis de la sentencia a partir del momento en que sea debidamente notificada la sentencia integral. La empresa evaluará las opciones legales disponibles a partir de este hecho”, reza un escueto comunicado de prensa enviado por Industrias Infinito.
Entre tanto, la resolución dada a conocer ayer también avala condenar al Estado, a la empresa canadiense y al Sistema Nacional de Areas de Conservación al pago de los daños ocasionados por la tala ilegal en la finca donde se pretendía poner en marcha la mina.
En este sentido, un juez pericial deberá valorar el impacto y determinar cuál es monto a depositar en la Caja Unica del Estado, para que posteriormente el Ministerio de Ambiente y Energía establezca y ejecute un plan de reforestación.
De igual manera, los magistrados pidieron al Ministerio de Hacienda hacer las previsiones del caso para realizar la provisión presupuestaria de la suma que se llegue a establecer en ejecución de la sentencia.
“Si bien culminamos con un triunfo una lucha de muchos años, vamos a ser todos los costarricenses quienes ahora tengamos que pagar por los daños ocasionados en el ambiente, eso no es justo, los jerarcas de la administración pública deben ser obligados a pagar ese dinero, porque ellos hicieron al Estado incurrir en un error”, dijo Edgardo Araya, abogado ambientalista, quien demandó a Industrias Infinito ante el Contencioso Administrativo.
La Sala I además avaló recomendar a la Fiscalía abrir una investigación penal contra varios funcionarios y exfuncionarios públicos, quienes habrían incurrido en un delito.
Entre ellos, se menciona al expresidentes Oscar Arias y a Roberto Dobles, exministro de Ambiente y Energía por decretar este proyecto de interés público y conveniencia nacional en 2008.
“No conozco a fondo la sentencia de la Sala I. Sin embargo, este es un tema que la Fiscalía ha venido indagando desde hace mucho tiempo. Si eventualmente se considera que yo pueda ayudar a esclarecer sus investigaciones, como siempre, estaré en la mejor disposición de hacerlo”, manifestó Arias en su cuenta de Facebook.
Así mismo el fallo menciona una supuesta participación delictiva de Sonia Espinoza, Eduardo Murillo, José Francisco Castro, Cynthia Cavallini, Sandra Arredondo y Arnoldo Rudín, funcionarios de la Secretaría Técnica Ambiental (Setena) por aprobar erróneamente la viabilidad ambiental de esta mina.
En este sentido, desde hace dos meses, el Ministerio Público ha citado al menos a 20 testigos relacionados con este caso y ayer fueron llamadas diez personas para ser indagadas, pues figuran como imputadas, por supuestamente cometer el delito de prevaricato.
De ellas, Juan Carlos Cubillo, fiscal adjunto no quiso revelar su identidad, al ser de momento confidenciales; no obstante, señaló que nueve son funcionarios públicos, casi todos de Setena.
Cubillo no descartó que en los próximos meses también abran un proceso contra otros imputados, ya que la investigación está apenas comenzando.

Natasha Cambronero
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