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Fernández echa al presidente del Banco Central
Mandataria argentina recurrió a un decreto para destituir a Redrado quien se negó a usar reservas para pagar deudas soberanas

Buenos Aires
EFE

Cristina Fernández, presidenta de Argentina, redobló ayer el pulso de dos días que mantiene con el jefe del Banco Central, Martín Redrado, al echarlo por decreto por su negativa a usar reservas monetarias para pagar deudas soberanas.
Fernández recurrió a un decreto que firmaron todos los ministros en momentos en que la actitud de Redrado es apoyada por las principales fuerzas políticas de la oposición, que, por su lado, la semana pasada presentaron demandas judiciales contra el pago de deudas con reservas del instituto emisor.
El conflicto estalló cuando Argentina se prepara para ofrecer la refinanciación de bonos en mora por $20 mil millones en manos de acreedores que rechazaron la reestructuración de 2005, que puso fin al cese de pagos de 2001, el mayor de la historia (unos $102 mil millones).
Agentes bursátiles señalaron a Efe que el conflicto no ha tenido mayor impacto en los mercados de capitales, donde los bonos argentinos registraron ayer leves alzas, si bien se incrementó la tasa de riesgo de inversión en este país según el indicador de la banca JP Morgan.
Mientras, fuentes de las principales fuerzas de la oposición dijeron que en las próximas horas saldrán a repudiar el cese del presidente del Banco Central y a ratificar su rechazo a la política económica gubernamental.
El decreto que destituye a Redrado, fundado en la “mala conducta” del funcionario y el “incumplimiento” de sus deberes, entrará en vigor hoy cuando sea publicado en el Boletín Oficial del Estado.
Redrado, quien aduce que sólo el Parlamento puede echarlo por más que haya sido designado a propuesta del Ejecutivo, “debe irse a primerísima hora” de este viernes, aseguró ayer el jefe del Gabinete, Aníbal Fernández.
La jefa del Estado despidió por decreto a Redrado “para no tener que esperar a tomar una decisión que diera por finalizado al conflicto” en momentos en que el Parlamento está en receso, apuntó Fernández al canal C5N, de la televisión por cable.
El funcionario señaló al respecto que “aún no están formadas” las comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados que deben resolver sobre la validez de los decretos presidenciales, que tienen “el valor de normas legales” a menos que sean anulados por los legisladores.
El peronista Frente para la Victoria de Fernández es la principal fuerza en el Legislativo, pero perdió la mayoría a raíz de la derrota en las elecciones legislativas de junio pasado, con lo que la oposición domina ahora 25 de las 20 comisiones parlamentarias.
La constitución de la comisión parlamentaria que controla los decretos presidenciales está dividida entre ocho parlamentarios oficialistas y otros tantos opositores y, por tanto, está estancada en esa cuestión.
“Es una discusión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pero mientras tanto tiene validez” el decreto presidencial y este viernes el Banco Central quedará en manos de su vicepresidente, Miguel Ángel Pesce, afirmó el jefe del Gabinete.
Pesce es un economista que se ha sumado a las filas del Gobierno peronista de Fernández luego de su paso por la Unión Cívica Radical (UCR), la segunda fuerza parlamentaria, que junto con otros partidos de la oposición defiende a Redrado y ha presentado demandas contra el uso de las reservas monetarias para pagar deudas.
Aníbal Fernández reiteró que Redrado se había apartado de la política económica al negarse a abrir una cuenta en el Banco Central con reservas monetarias a nombre del Fondo del Bicentenario, por $6.569 millones destinados a afrontar vencimientos de deudas este año.
El Gobierno ha emitido un título por similar monto a favor del Banco Central, como consecuencia del fondo que Fernández creó por decreto a mediados de diciembre pasado con el alegado propósito de dar una señal positiva a los acreedores de Argentina.
Fernández remarcó que “no es la primera vez” que Argentina recurre a sus reservas para pagar deudas, en referencia al desembolso de $9.574 millones para cancelar las que tenía con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en enero de 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, esposo y antecesor de la actual mandataria.
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