Faltan las denuncias

La realidad nacional actual nos muestra una práctica común. Por cada actuación irregular que se investiga en la administración pública, se producen las renuncias de los funcionarios involucrados, lo cual en principio pareciera deseable. El problema es que esto no va acompañado de la correspondiente denuncia para que se investigue la eventual responsabilidad penal.

Atosigamos el sistema judicial con innumerables acciones que solo generan ingobernabilidad y ponen en jaque a los Tribunales de Justicia, pero no acudimos al sistema de justicia para que investigue hechos tan graves como los que a diario nos informan los diversos medios de comunicación, como por ejemplo lo que está sucediendo con el Consejo Nacional de la Producción (CNP).

No se trata de iniciar una cacería de brujas, pero tampoco parece lo más sano para la institucionalidad de este país, que hechos en los cuales podría existir una falta de probidad en el ejercicio de la función pública, bajo pretexto de una simple renuncia no se investigue la eventual responsabilidad penal.

La posible distracción de fondos del Estado podría configurar el delito de peculado. Se falta al deber de probidad cuando se distraen bienes o fondos públicos. Resulta irrelevante si se ocasiona o no un perjuicio patrimonial, lo esencial es que en el ejercicio de la función pública se actúe con rectitud e integridad.

Utilizar fondos públicos, que por su origen son para asistir a un sector de la población de escasos recursos, para financiar grandes empresarios y luego pretender condonar la deuda, pareciera que atenta contra ese principio de probidad que integra la función pública.

Lo acontecido con el CNP, no es más que un ejemplo que se suma a los casos en que se producen las renuncias pero no se denuncian los hechos, lo cual también atenta contra el deber de los funcionarios públicos, pues ellos tienen por imperativo legal la obligación de denunciar cuando conozcan de un eventual delito.

Adrián Bonilla

abonilla@legal-solutions-group.com