Alvaro Madrigal

Alvaro Madrigal

Enviar
Jueves 27 Junio, 2013

De todos los efectos de los acuerdos tomados por ese directorio (de Recope) —dentro de esto el contrato para determinar la factibilidad de la obra— son responsables los directores que concurrieron con su voto aprobatorio


De cal y de arena

Facturas compartidas de RECOPE

Siendo la junta directiva de RECOPE un cuerpo colegiado en el que las decisiones se adoptan con la participación de todos sus miembros, no se entiende cómo la responsabilidad de tantos vicios de procedimiento y de conformación estructural del proyecto para construir una nueva refinería de petróleo se hace recaer exclusivamente en quien ejercía la presidencia ejecutiva de la institución.
De todos los efectos de los acuerdos tomados por ese directorio —dentro de esto el contrato para determinar la factibilidad de la obra— son responsables los directores que concurrieron con su voto aprobatorio; sólo quien haya salvado el voto queda exento de las responsabilidades y sanciones contempladas en el Código Penal y en la Ley General de la Administración Pública, tanto en el extremo de la intención dolosa como en el evento de una culpa grave con efectos dañosos.
Si a lo largo del accidentado trámite del expediente de la refinería se acusan decisiones viciadas de nulidad, es a todos los miembros de la junta directiva de RECOPE que hayan concurrido con su voto aprobatorio —así sea el Ministro rector del área energética, o su presidente Jorge Villalobos o quien lo precedió— a los que hay que llamar a cuentas.
Ni siquiera en el evento de que esta junta se haya conformado con criterios propios de un “club de amigos” y en el supuesto de que Villalobos, con la anuencia de doctos ingenieros químicos o de adormilados “calienta nalgas”, ejerciera con sentido absolutista sus funciones, se salvan quienes aprobaron el fallido contrato y los gastos derivados. Si hay gestión culposa grave en los desembolsos de $50 millones succionados de los presupuestos de RECOPE, procede responsabilizar a quienes tomaron parte en el festín y dejaron huella de una desventurada forma de administrar tan importante empresa pública.
La arremetida de competentes juristas, valedores ambientalistas, economistas y analistas financieros fue suficiente para dejar en cueros todo lo de audaz que tiene este emprendimiento que unos cuantos venían impulsando callada y sigilosamente.
La percepción de que algo malo se cocía provocó una masiva repulsa popular luego aupada por el veto de la Contraloría General de la República una vez que detectó inobservancia de prohibiciones legales y groseras inconsistencias en la estimación de costos y rentabilidades. Fue una reacción popular similar a la gestada de cara a un esquema de políticas de gobierno desprovistas de consideraciones éticas que se viene dando en el campo de obras públicas.
Fue reacción nacida con total prescindencia de los partidos y de las organizaciones sociales igualmente desgastadas. Los casos de la maltrecha trocha fronteriza y de la concesión de la carretera San José-San Ramón, denunciados por el despertar ético de los ciudadanos que desafiaron aquellos pecaminosos contubernios, son presagio de que algo está cambiando en este país.
¿Habrá alguna nueva sorpresa? Quien quita si por allá, por Moín, salte la libre.

Columnista
Álvaro Madrigal