Expolio a cielo abierto

De cal y de arena
Expolio a cielo abierto

En Costa Rica las concesiones han llegado a ser algo así como la bestia negra. Las referentes a construcción de aeropuertos, las otorgadas para construir carreteras, aquellos intentos para construir la cárcel en Pococí y para privatizar aduanas… lo que se adivina tras la licitación referente a Puerto Moín. Solo hacía falta que apareciera en el escenario el expediente para conceder la exploración y explotación de los recursos mineros al norte de Alajuela para tener así la guinda sobre el queque.
Con una derivación mucho más perniciosa y destructiva: la trama que se ha montado al impulso de la codicia que provoca la explotación del oro que se estima existente allí, no reconoce escrúpulos éticos ni fronteras jurídicas; simplemente quiere el negocio a cualquier precio.
Hay desenfreno en los procedimientos, por lo demás espurios y, como suele suceder con los abusos de confianza, se ha roto el saco. Una mano negra la de la bestia negra ha invadido los ámbitos de la ley y de la ética, se ha hecho del borrador de una sentencia de cruciales efectos, que por lo trascendido se sabe es contraria a los intereses de los promotores del proyecto y lo ha desparramado con la obvia intención de atizar un escándalo, empañar a los magistrados de la Sala Primera y despejar la vía a una instancia internacional.
En Internet abundan las referencias a las actividades de los consorcios canadienses de la minería. “Prospectors and Developer Association of Canada” las caracteriza por imponer su estilo absoluto y destructor y por operar al abrigo de un vacío jurídico abismal que libra de sanciones a sus abusos en el extranjero.
No hay contrato de obra concesionada por el Estado que no esté en la picota. Y no porque este recurso ideado para suplir las carencias del erario público a la hora de responder a las necesidades del desarrollo social y económico, sea pernicioso. Es porque el Estado se conduce con ligereza y sin visión de futuro a la hora de confeccionar el cartel licitatorio, al momento de negociar los términos de la contratación y a la hora de supervisar la ejecución del contrato.
No es preciso remontarse a los remotos tiempos y diferentes circunstancias en que se dio el Contrato Soto-Keith a cuyo amparo se construyó esa portentosa obra de ingeniería que fue el Ferrocarril al Atlántico, aunque al precio de elevadas cesiones de espacio y de soberanía.
Lo de hoy, aunque se está en un mundo totalmente distinto, tiene mucho de común a la hora de redactar los carteles licitatorios, al momento de negociar el otorgamiento del contrato y, muy en especial, a lo largo de los años de vigencia de la concesión cuando es de exigírsele capacidad y celo esmerados para impedir que el concesionario haga lo que le dé la gana con sus obligaciones e imponiendo arbitrarias exigencias que llegan a tornarse en mecanismo expoliador.
Aquí las concesiones están fallando porque el rol fiscalizador del Estado está fallando. Véase lo de Alterra y Autopistas del Sol.

Alvaro Madrigal