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Exagerado impuesto territorial desaparecería

Ernesto Villalobos evillalobos@larepublica.net | Miércoles 02 marzo, 2011




Agricultores esperanzados en una solución al cobro astronómico por sus parcelas
Exagerado impuesto territorial desaparecería
Planteamiento de LA REPUBLICA facilitaría proceso para diferenciar usos de la tierra

La respuesta a las peticiones de 250 mil agricultores, para que sus parcelas no se valoren fiscalmente como centros comerciales o quintas turísticas, podría estar más cerca que nunca.
Una comisión integrada a solicitud de la Presidencia de la República, analiza modificar la ley, para no afectar a quienes producen los insumos de la dieta costarricense.
Hace algunas semanas, LA REPUBLICA alertó sobre el aumento de hasta un 1.400% en el valor de las propiedades de uso agrícola, por la falta de distinción entre esos inmuebles y los desarrollos inmobiliarios que han florecido por todo el país, de acuerdo con la Nueva Plataforma de Valores por Zonas Homogéneas.
Como parte de las soluciones que se evalúan, figura incluir la metodología para valorar el uso que se les esté dando a los inmuebles, con base en el articulado contenido en la ley vigente.
“Eso es lo que venimos pidiendo; que hagan avalúos que diferencien el uso que se le está dando a la tierra, y que con base en eso se le ponga el precio”, indicó Guido Vargas, secretario general de la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios.
Tras ser consultado por este diario, Juan Marín, el ministro de Descentralización y Fortalecimiento Local, reconoció que el planteamiento abre buenas posibilidades de resolver la disyuntiva.
“Esa bien podría ser una salida. En este caso, haremos de inmediato la consulta a la Procuraduría General de la República, y de señalarnos que esa modificación es válida, procederíamos de inmediato”, reconoció el jerarca.
Parte de las salidas planteadas por los agricultores, esbozaban una disminución del porcentaje de dicho impuesto del 0,25% al 0,1%, ante lo cual los defensores de la descentralización y de los gobiernos locales habrían afirmado el peligro de afectar con ello las finanzas municipales.
Actualmente, en unas 30 municipalidades se cobran cifras elevadísimas por las propiedades dedicadas a la producción agropecuaria.
Por ejemplo, una finca de seis hectáreas, dedicada a la producción cafetera —localizada en Santo Domingo de Heredia pasó de valer ¢3,6 millones a ¢53,2 millones, lo cual hace impagables los impuestos territoriales.
La actividad agrícola y pecuaria ocupa el 32% del territorio nacional, genera más de 600 mil empleos y produce un 36,3% de las exportaciones nacionales.

Ernesto Villalobos
evillalobos@larepublica.net






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