Evasión y los pobres

Se publicó recientemente en LA REPUBLICA una información que guarda estrecha relación con la necesidad del país de invertir más en su desarrollo. Se refiere a la fuerte evasión de impuestos que ronda el 70%, según la Contraloría General de la República. Este hecho se agrava con la reaparición de un problema fiscal, que es un freno para tener un crecimiento alto, estabilidad cambiaria y baja inflación. De ahí que el país deberá solucionar el próximo año, no solo déficit, sino el problema de la evasión, antes de que se conviertan en una brasa caliente en manos de las autoridades económicas. Este tema debe analizarse cuidadosa y objetivamente, pues toca una dimensión sobresaliente de la función pública y de la economía nacional. El divorcio entre el desarrollo y la evasión no debe continuar por más tiempo. La inversión total en diversos programas del Estado es escasa, lo que causa un perjuicio a los más necesitados. Una adecuada recaudación tiene como sus mayores beneficiarios a los adultos mayores en condiciones de pobreza, los niños, adolescentes y las personas con discapacidad. La evasión de impuestos también les resta fondos a los proyectos de vivienda y de creación de empleos y pequeñas empresas en diversas comunidades del país. La inseguridad y las agresiones contra la sociedad, los bienes y las personas, se originan en parte en la falta de recursos públicos para combatirlas. La preocupación real por los desvalidos debe ser por lo tanto uno de los cometidos principales del Estado. ¿Cómo? Su cumplimiento exige necesariamente cuantiosos recursos y, por tanto, una esmerada administración y recaudación de ellos. Pero esta relación a pesar de ser tan elemental no ha derivado en resultados concretos. Como hemos expuesto en otros editoriales, la experiencia ha demostrado la imposibilidad de la cuadratura del círculo: la elaboración, como dice nuestro pueblo, de chocolate sin cacao. La primera víctima de un Estado refractario a la eficacia tributaria son los pobres y, en general, la calidad de los servicios públicos. De ahí la angustia que produce la reiteración de datos como los expuestos por parte de la Contraloría y otras instituciones sobre la evasión. En cuanto a las autoridades hacendarias, no nos queda más que exhortarlas a que por favor actúen, y que de una vez por todas echen las bases de un sistema de cobro de los impuestos decente y productivo. Es demasiado el tiempo perdido en denuncias, estudios, seminarios, quejumbres y promesas.

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