¿En manos de quiénes no quieren rendir cuentas ni mostrar su calidad de conocimientos y habilidades?

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Evaluación de educadores

Lo que parecía ser un inicio de curso de lectivo rutinario y cansino fue sacudido por la importante declaración presidencial de que hay que evaluar a los educadores. Tal afirmación, reforzada por la Ministra de Educación, es una deducción intachable del principio también pregonado de que no se puede enseñar lo que no se sabe.
Lo singular e histórico ha sido la reacción de los dirigentes magisteriales. Sus expresiones, rayanas en lo soez, van desde el “no lo vamos a aceptar ni permitir” hasta el “daño psicológico que podría causar a los agremiados”. Simplemente, manifestaciones de antología. Para dejarlas bien documentadas y estarlas repasando.
Es indispensable recordar que por Ley Nº 8954 de 9 de junio de 2011, el artículo 78 de la Constitución Política fue objeto de una reforma que ha preceptuado que en “la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al 8 por ciento anual del producto interno bruto”. Altísimo porcentaje centrado únicamente en la gestión pública y que sin lugar a dudas establece el correlato de la rendición de cuentas.
Resulta muy conveniente citar los esfuerzos que realizan los colegios de abogados y de médicos por examinar a los futuros profesionales y hacer lo propio para garantizar la calidad de los incorporados. Ello es encomiable y evidencia una buena dirección.
No puedo generalizar las calificaciones porque sería injusto y malagradecido con quienes sí hacen bien las cosas pero, cuántas veces hay que preguntarse en manos de quién ponemos a los niños y jóvenes de nuestra sociedad. ¿En manos de quiénes no quieren rendir cuentas ni mostrar su calidad de conocimientos y habilidades?
Mala nota a los gremios de educadores y a quienes animosamente han saltado a la opinión pública a negarse a la evaluación de los educadores. Sus manifestaciones constituyen, además, un mal ejemplo de lo que debería inspirar su actividad. ¿Miedo a la valoración? ¿Negativa a la transparencia y a la rendición de cuentas?
¿Y las excusas? No pasan un examen básico. “Que el servicio civil los examinó” , “que tienen colegiatura (sic)”. ¡Qué pena y qué ridículo! Pues tales pretextos, de ser ciertos, no tendrían la potencia jurídica o argumental para impedir una valoración y, además, no son ciertos tal y como se les quiere esgrimir. ¡Doble falta!
Quiera de Dios que no se trate de un simple alegrón y que las autoridades públicas de verdad establezcan un adecuado sistema de valoración de los educadores. La educación pública debe ser ejemplo, debe ser transparente, debe ser garantizada y es el instrumento para llevar conocimientos y habilidades a los más necesitados.
Por otro lado, es gasto público que debe dar cuentas, exhibir resultados y enrolar a gente capaz y dispuesta.

Federico Malavassi