Reciba las últimas novedades e información directamente en su correo.
Reconocer públicamente el monto exacto de la deuda que tiene el Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y, más importante aún, establecer una forma de pago es el punto de partida que estableció el Partido Liberación Nacional (PLN) para negociar el proyecto de eurobonos que demanda la presidenta Laura Fernández.
Mientras tanto, los legisladores del Frente Amplio demandaron al gobierno descartar cualquier intento por quitar la exoneración de los bienes y servicios de la canasta básica y así “ponerles impuestos al arroz y los frijoles”.
Ambos partidos hicieron el anuncio ayer con una hora de diferencia, a la vez que indicaron que no le darán “un cheque en blanco” al gobierno.
Paralelamente, los dos grupos opositores exigen negociar un monto menor a los $13.500 millones que pretende el gobierno, además de metas de cumplimiento.
De lo contrario, el gobierno de Fernández no logrará conseguir los 38 votos que se requieren en el plenario para aprobar el plan.
En estos momentos, se estima que la deuda del Estado con la CCSS asciende a los ¢4 billones, mientras que los bienes de la canasta básica tienen un 1% de impuesto, pero el gobierno quiere cobrar el 13% a las familias de mayores recursos.
Los eurobonos son certificados de deuda que emite el Gobierno, con la característica especial de que se venden fuera del país, en mercados internacionales como Nueva York o Londres.
Sirven para conseguir dinero a plazos más largos y tasas de interés más baratas de las que se consiguen en el mercado nacional, y el Gobierno usa ese dinero para pagar deudas viejas que están por vencer, sin asfixiar el presupuesto del Estado.
En otras palabras, es cambiar deuda mala por deuda con mejores condiciones y, para los deudores del sistema bancario, como familias y empresas, eso implica tasas de interés más baratas en sus créditos.
“Primero que salga Chaves a desistir de meterle más impuestos a la canasta básica. Hasta que eso no pase no hay chance de iniciar conversaciones. Si lo hacen, ya nos sentaremos a la mesa para exigir que bajen el monto, plazo, interés máximo, y para exigir que antes de aprobar eurobonos tengamos aprobada una fuerte agenda de combate a la evasión y un mecanismo para que paguen a la CCSS”, dijo José María Villalta, jefe de fracción del Frente Amplio.
La autorización de eurobonos que pretende el gobierno busca colocar alrededor de $1.500 millones por año en un período de nueve años, para un total de $13.500 millones. De aprobarse en los términos planteados por la mandataria, la autorización abarcaría a la actual administración, a la que asumirá en 2030 y a la que iniciará funciones en 2034.
La autorización no es obligatoria, sino una posibilidad para el gobierno.
“No vamos a permitir que el Gobierno siga endeudando al país sin controles ni metas claras. El monto solicitado es excesivo y Liberación Nacional no va a otorgar un cheque en blanco a esta administración”, señaló de forma tajante la bancada del PLN.
Aparte del tema de la CCSS, los verdiblancos también ponen otras condiciones.
Se trata de aumentar el presupuesto en seguridad, garantizando por escrito que no tocará ni un colón del presupuesto de los cuerpos policiales, además de asegurar la inversión en salud y programas sociales básicos, “que hoy sufren por la falta de recursos”.
Ni se pagan en euros, ni son dinero gratis. Le explicamos de manera breve, ¿qué son los eurobonos? y ¿cómo influyen directamente en la cuota de sus deudas?
| Pregunta | Explicación |
|---|---|
| ¿Qué son los eurobonos? | Es un certificado de deuda que emite el Gobierno, con la característica especial de que se vende fuera del país en mercados internacionales como Nueva York o Londres. |
En palabras simples: es ir a pedir prestado al extranjero en lugar de pedirle a los bancos locales.
El Gobierno usa ese dinero para pagar deudas viejas que están por vencer, sin asfixiar el presupuesto del Estado.
Las emisiones podrían realizarse hasta el 31 de diciembre de cada año.
De aprobarse en los términos planteados por el Poder Ejecutivo, la autorización abarcaría a la actual administración, a la que asumirá en 2030 y a la que iniciará funciones en 2034.
La iniciativa genera reservas entre diputados de oposición, quienes consideran que la propuesta carece de controles suficientes y otorga un plazo inusualmente extenso.
