Estancada ley de tránsito
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Martes 12 julio, 2011
Futuro de revisión técnica mantiene indecisos a diputados
Estancada ley de tránsito
Reducción de multas sigue entorpecida
La decisión sobre el futuro de la revisión técnica vehicular daría al traste con la aprobación de la nueva ley de tránsito y la subsecuente reducción de multas.
Tras casi un año de discusión en la comisión especial que analizó el proyecto de ley, los diputados no lograron ponerse de acuerdo sobre quién ofrecería el servicio de la inspección técnica y bajo qué condiciones.
Ese mismo debate, sin que haya un punto de consenso, se viene dando desde hace casi diez años, cuando la empresa Riteve ganó la licitación pública para ofrecer el servicio.
Por un lado, algunos diputados consideran que dicho servicio debe ser exclusivo para unas cuantas empresas por un período establecido y que tras la finalización del contrato, las estaciones construidas tienen que pasar a manos del Estado.
Este modelo permitiría un mayor control sobre las compañías que brindan el servicio, mantener los estándares de calidad de la revisión técnica y evitar la corrupción, explicó Viviana Martín, diputada de Liberación Nacional.
Por otro lado, están los legisladores que consideran que tan solo se necesita un permiso del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
De esta forma, la concesión de Riteve también llegaría a su fin y decenas de talleres en todo el país tendrían autorización para realizar la revisión técnica, bajo la inspección gubernamental.
“Los talleres no serían juez y parte en la revisión vehicular, pues solo se dedicarían a ofrecer la inspección o a dar el servicio como taller de autos y nos las dos cosas”, indicó Manrique Oviedo, congresista de Acción Ciudadana.
Las posiciones encontradas entre los dos bandos, pueden hacer que el proyecto de ley que se ha discutido por casi un año, pierda el impulso final que necesita, por lo que la esperada ley y la rebaja a las multas no serían una realidad dentro de poco, como lo reconocen legisladores de varios partidos.
El contrato de Riteve como operador único de la revisión técnica vehicular, vence en julio del próximo año, por lo que se debe tomar una decisión sobre este tema.
Ayer, al consultar a los personeros de Riteve, indicaron que la compañía está interesada en seguir prestando el servicio, siempre y cuando el Gobierno garantice un estricto control sobre todos los operarios que realicen la revisión técnica vehicular, sin importar si es por medio de permisos o de una licitación pública, concluyó Fernando Mayorga, gerente de Riteve.
En medio del debate sobre a quién le corresponde la prestación del servicio, se encuentran los conductores, quienes actualmente pagan multas de hasta ¢411 mil, las cuales han sido calificadas como desproporcionadas por la Sala IV.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
Estancada ley de tránsito
Reducción de multas sigue entorpecida
Tras casi un año de discusión en la comisión especial que analizó el proyecto de ley, los diputados no lograron ponerse de acuerdo sobre quién ofrecería el servicio de la inspección técnica y bajo qué condiciones.
Ese mismo debate, sin que haya un punto de consenso, se viene dando desde hace casi diez años, cuando la empresa Riteve ganó la licitación pública para ofrecer el servicio.
Por un lado, algunos diputados consideran que dicho servicio debe ser exclusivo para unas cuantas empresas por un período establecido y que tras la finalización del contrato, las estaciones construidas tienen que pasar a manos del Estado.
Este modelo permitiría un mayor control sobre las compañías que brindan el servicio, mantener los estándares de calidad de la revisión técnica y evitar la corrupción, explicó Viviana Martín, diputada de Liberación Nacional.
Por otro lado, están los legisladores que consideran que tan solo se necesita un permiso del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
De esta forma, la concesión de Riteve también llegaría a su fin y decenas de talleres en todo el país tendrían autorización para realizar la revisión técnica, bajo la inspección gubernamental.“Los talleres no serían juez y parte en la revisión vehicular, pues solo se dedicarían a ofrecer la inspección o a dar el servicio como taller de autos y nos las dos cosas”, indicó Manrique Oviedo, congresista de Acción Ciudadana.
Las posiciones encontradas entre los dos bandos, pueden hacer que el proyecto de ley que se ha discutido por casi un año, pierda el impulso final que necesita, por lo que la esperada ley y la rebaja a las multas no serían una realidad dentro de poco, como lo reconocen legisladores de varios partidos.
El contrato de Riteve como operador único de la revisión técnica vehicular, vence en julio del próximo año, por lo que se debe tomar una decisión sobre este tema.
Ayer, al consultar a los personeros de Riteve, indicaron que la compañía está interesada en seguir prestando el servicio, siempre y cuando el Gobierno garantice un estricto control sobre todos los operarios que realicen la revisión técnica vehicular, sin importar si es por medio de permisos o de una licitación pública, concluyó Fernando Mayorga, gerente de Riteve.
En medio del debate sobre a quién le corresponde la prestación del servicio, se encuentran los conductores, quienes actualmente pagan multas de hasta ¢411 mil, las cuales han sido calificadas como desproporcionadas por la Sala IV.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net