Estamos rezagados en acoso por cobro de deuda: Danilo Montero, de la Oficina del Consumidor Financiero

Sobre las principales características de acoso por cobro de deuda y las acciones para contrarrestarlo conversó con LA REPÚBLICA Danilo Montero, director ejecutivo de la Oficina del Consumidor Financiero.

¿Qué acciones realizan para contrarrestar los casos de acoso?

Desarrollamos el Protocolo de Buenas Prácticas, el cual está en nuestro sitio web, y que los miembros de la Oficina van a adoptar a partir de este año y regiría en el 2020 al servir como estándares para proteger al consumidor.

Todos los bancos privados y tres principales cooperativas están afiliados a la Oficina, pero no los bancos públicos, por lo que en esos casos que no contemplamos, solo podemos empoderar al afectado a que haga valer sus derechos y darle alguna recomendación o información de a quién acudir, al contactarnos al 22221-6624, en ocf.fi.cr o al correo info@ocf.fi.cr

En Costa Rica nos hemos visto rezagados en actualizar la legislación. Hay 185 casos de este tipo en lo que va del año y se visualizan unos 600 al cerrarlo, duplicando el año pasado.

¿En qué casos puede considerarse un cobro de deuda como acoso?

En las situaciones en las cuales se atenta contra la intimidad de la persona.

Una tercera parte de los casos tiene relación con una posible deuda prescrita, en la que las entidades financieras venden su cartera a un bufete de abogados o a una gestionadora de cobros, que aplican métodos de cobro agresivos para que la persona vaya a hacer un pago e interrumpa el periodo de prescripción que está cercano a acabarse.

¿Cómo puede proceder el afectado?

Primero, proponer algún tipo de arreglo de pago; si continúan, hacerles notar que están haciendo llamadas reiteradas, al llevar la cantidad de estas y guardando los audios.

En última instancia, acudir a la Oficina del Consumidor Financiero, Agencia de Protección de Datos que está adscrito al Ministerio de Justicia, Ministerio de Economía o hasta los Tribunales de Justicia.

Pueden darse sanciones a estas instituciones que rondan hasta los ₡4 millones o ₡5 millones.