Déjennos competir piden Movistar y Claro

Estado solo contrata a ICE y Racsa

A pesar de que ley exige competencia efectiva

Las entidades públicas e instituciones autónomas utilizan exclusivamente los servicios de telefonía fija, celular y acceso a Internet que ofrecen el ICE y Racsa.
Eso sucede a pesar de que nada les prohíbe contratar los servicios de telecomunicaciones de una empresa privada.
Los operadores como Movistar y Claro piden ser tratados en igualdad de condiciones, de forma que se les incluya dentro de las licitaciones de servicios o renovaciones de contratos.
La queja tiene validez, y tanto la Sutel como la Contraloría deberían intervenir para comprobar si existe una conducta que impida la competencia.
El reclamo tendría el respaldo de los principios de competencia y libertad de elección, que forman parte del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en inglés).
La decisión de a quién contratar es de cada administración y pueden participar tanto operadores privados como públicos, a criterio de la Contraloría.
Sin embargo, la Ley de Contratación Administrativa les permite escoger entre el proveedor que la institución quiera.
El procedimiento idóneo sería realizar una licitación pública en donde todas las partes tengan el derecho de ofertar
Esto no los obliga a contratar solo a operadores públicos, aunque si deciden hacerlo, están autorizados, dijo Viviana Vargas de la unidad de comunicación del ente contralor.
“Algunas instituciones argumentan una norma que les permite la contratación directa, sin embargo, con el mercado en competencia la norma aplicable sería la de la ley general de telecomunicaciones”, dijo Juan Manuel Campos, socio de Cyberegulación.
Escudarse en la contratación directa por ser más expedita con otras instituciones públicas, aprovechar contratos viejos para ampliar nuevos servicios o recurrir a la libertad de escogencia, son tres de los recursos que se vienen utilizando.
Esto a pesar de que el principio de competencia efectiva se encuentra establecido en la Ley General de Telecomunicaciones promulgada en 2008.

Johnny Castro
jcastro@larepublica.net
@La_Republica