En dos semanas se dará la resolución final por parte de los jueces

Espera crucial para puerto de Moín

Decisión tiene en vilo a quienes apoyan la obra y a opositores

El nuevo puerto de contenedores entró en una etapa crucial, luego de que este viernes se realizara la audiencia en la Sala Primera para definir, en última instancia, si se mantiene el visto bueno a la construcción de esta obra, a cargo de la firma holandesa APM Terminals.

A partir de ahora, los magistrados cuentan con diez días hábiles para tomar una decisión que podría dar el aval, o bien, echar abajo uno de los proyectos más importantes concebidos en la zona atlántica.
Tomando en cuenta el feriado del próximo viernes, los jueces tendrían tiempo hasta el próximo lunes 25 de agosto. Ya el Tribunal Contencioso Administrativo había fallado favorablemente, pero el caso fue elevado a la última instancia por el sindicato de Japdeva y el sector bananero.
Sea cual sea la decisión de los magistrados, no existe garantía de que la obra pueda continuar, pues aún falta la viabilidad ambiental por parte de Setena.
Además, los muelleros insistirán en oponerse al proyecto al considerar que se trata de un monopolio que creará desempleo en la zona.
Los jueces dejaron claro en la audiencia de ayer que solo escucharían por unos minutos los descargos de cada una de las partes.
En contra de la resolución que favoreció el aval a la concesión figuraron los miembros de Sintrajap y la Cámara Nacional de Bananeros. A la defensa del fallo asistieron los representantes legales de la firma concesionaria, además de los entes estatales Japdeva, Aresep, la Contraloría, la Procuraduría y el Consejo Nacional de Concesiones.
Los opositores insistieron en el tema de que se trata de un monopolio camuflado como una empresa especializada, lo cual es inconstitucional. Aparte de eso, quitaría empleo a los limonenses.
“La tendencia mundial es que todos los productos a lo largo de diez años vendrán en contenedores, con lo que nosotros perderíamos el 80% de los ingresos”, insistió Ronaldo Blear, vocero de los sindicalistas luego de la audiencia.
Por su parte, los bananeros están en contra porque la tarifa acordada por la Aresep pasa de los actuales $164 a $231, un incremento que no se justifica que se cobre sin haberse realizado las obras aún y porque los deja fuera de competencia del mercado internacional, afirmó Randall Quirós, representante legal del gremio.
En sus alegatos de defensa del fallo, tanto la concesionaria como la Contraloría afirman que es correcto porque está demostrado que el puerto no está saliendo del control del Estado.
“El Estado es el verdadero titular de los servicios. No se establece un monopolio sino que es la prestación de los servicios a través de un sujeto privado”, señaló Hansel Arias, representante legal de la Contraloría.
Hace dos semanas, la junta directiva de Japdeva aprobó una tercera prórroga, con una duración de tres meses, para que la firma concesionaria obtenga el permiso por parte de la Setena.
La concesión, adjudicada a APM Terminals, incluye el diseño, construcción y administración del puerto durante 33 años.

Rodrigo Díaz
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