"Escudo" de Arias costaría $1.800 millones

Plan de contingencia enfatiza en lo social y estímulo económico

“Escudo” de Arias costaría $1.800 millones

• Banca estatal bajaría dos puntos tasas de interés en créditos para vivienda y pequeñas empresas

Carlos Jesús Mora y Wilmer Murillo

cmorah@larepublica.net

wmurillo@larepublica.net

Apoyado en que ya existe una política social robusta aunada a una política fiscal y económica responsable, el presidente Oscar Arias lanzó ayer un plan que enfatiza en la protección social y el estímulo a la economía como un paliativo a lo que denominó “una crisis de dimensiones devastadoras”.

Las familias, los trabajadores, las empresas y el sector financiero, son los cuatro pivotes principales sobre los que se basa el plan que, según algunas estimaciones iniciales, tendría un costo de unos $1.800 millones.

Algunas de las medidas son conocidas, o se encuentran ya en proceso de ejecución, como la capitalización de los bancos del Estado. Otras, se aplicarán en los próximos días.

El plan se denomina “Escudo” en alusión al resguardo de la moneda y la estabilidad del sistema económico que conlleva.

Entre las disposiciones que más rápido podrán aplicarse está un incremento del 15% en las pensiones no contributivas y el incremento de beneficiarios en el programa Avancemos.

El plan dispone que el sector público refuerce su función empleadora, destinando alrededor del 5% del Producto Interno Bruto (PIB) a inversión, unos $1.430 millones. Cada punto del PIB equivale a $270 millones.

Muchas de las obras a desarrollar dependen de la aprobación, en la Asamblea Legislativa, del crédito por $850 millones tramitado con el Banco Interamericano de Desarrollo. Este préstamo, junto con el de $500 millones para fortalecer al ICE y el de $80 millones para el proyecto Limón-Ciudad Puerto, son considerados indispensables en 2009.

Por su parte, dentro del “Escudo” los bancos estatales y el Popular rebajarían dos puntos porcentuales a los créditos para vivienda menores de $88 mil y en la misma proporción a los préstamos para micro, pequeñas y medianas empresas.

Esa reducción de los intereses para préstamos de vivienda tendría para los bancos un costo en sus utilidades de $34 millones, sin incluir la rebaja de intereses para pymes.

Para el Banco Nacional, tomando en cuenta el saldo de su cartera para vivienda su aporte sería de $19 millones, $7 millones para el Banco de Costa Rica y unos $5,6 millones para el Banco Popular y poco más de $1 millón para Bancrédito.

Los bancos del Estado estudiarán con cuidado las propuestas. Sin embargo, el gerente de Bancrédito, Guillermo Quesada, indicó que es viable hacer dicha disminución e, incluso, calculó que la medida puede significar una baja de entre el 5% y el 10% en la cuota de los clientes.

Los recursos canalizables a los agricultores, artesanos, lecheros, pulperos y a grupos que habitualmente encuentran dificultades para acceder al crédito en la banca comercial, se estiman en $394 millones.

Adicionalmente, los bancos procurarán llegar a arreglos de pago en cada caso particular, incluso cuando los préstamos sean mayores de $88 mil.

Las medidas, que regirán hasta 2010, incluyen al Instituto de Fomento Cooperativo que se ha comprometido a reducir en un 2,5% las tasas de interés en todos sus préstamos de vivienda, y al Banco Hipotecario de la Vivienda que aumentaría el bono de vivienda para que supere los ¢5 millones y condonaría la deuda a 2.100 familias.

Además, para asegurar que las empresas cuenten con incentivos para invertir se aplicará una depreciación acelerada de activos, que lleva implícita una reducción del impuesto de la Renta. La medida será temporal durante el año 2009, prorrogable a 2010.

No obstante algunos sectores reclamaron “un vacío en el ámbito fiscal”.

“Hablo por el sector industrial, este primer plan se queda corto y se tendrá que dar un segundo paso, desgraciadamente, el señor Presidente no presentó casi nada en el ámbito fiscal, la referencia fue muy débil”, dijo Juan María González, presidente de la Cámara de Industrias.

Para apoyar las empresas que sirven como proveedores del sector público la Administración reducirá a 30 días naturales el plazo máximo para cancelar sus facturas, con el interés de que esas empresas puedan recuperar rápido sus inversiones.

Entre tanto en el Congreso, donde el discurso del Presidente llegó tres horas antes de que se pronunciara, generó diversas reacciones, tanto a favor, como en contra.

“Estamos en un período de crisis extraordinaria y eso requiere de medidas extraordinarias y no solo de asistencialismo y endeudamiento sin programas. Esta propuesta no contiene ninguna medida extraordinaria como la que se necesita en estas circunstancias”, dijo Lorena Vásquez, jefa de fracción de la Unidad Social Cristiana.

Entre tanto el oficialismo defendió el plan, Ofelia Tailtelbaum, diputada de Liberación Nacional consideró que el plan es integral y abarca todas las áreas.