Es hora de acudir a las máximas instancias
| Viernes 19 noviembre, 2010
Es hora de acudir a las máximas instancias
A pesar de nuestras diferencias, el 14 de noviembre acudí a una reunión con la Presidente Laura Chinchilla y otros Ex–Cancilleres para examinar la tensa situación con Nicaragua y afinar la estrategia hacia delante. Asistí con la mejor intención de aportar una que otra idea, pero sobre todo para insistir en la urgencia de acudir a otros mecanismos además de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Contrariamente a como se ha afirmado en algunos medios, aunque apoyo la resolución de este conflicto por medios diplomáticos y jurídicos, en ningún momento he avalado las gestiones en curso ante la OEA.
Desde el primer momento he sido un abanderado de recurrir a las máximas instancias —el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), como lo sugirió la semana pasada el Ex–Presidente Oscar Arias, y la Corte Internacional de Justicia (la Corte)—, y no de quemar semanas en organismos desprovistos de dientes, con informes y resoluciones no vinculantes.
Esta posición no es nueva, fue enunciada con toda claridad a la Presidenta-Electa en ocasión de una anterior reunión que sostuvimos pocas semanas después de su elección, precisamente para analizar el futuro de las relaciones bilaterales con Nicaragua.
Desde el inicio de este triste capítulo, mucho se ha dicho sobre las ventajas y desventajas de acudir al Consejo Permanente de la OEA versus el Consejo de Seguridad de la ONU.
A tres semanas de iniciada la agresión armada, seguimos enfrascados en la OEA en una disputa supuestamente fronteriza —así se desprende del informe del Secretario General Insulza—, y no denunciándola como lo que verdaderamente es: un crimen de agresión, tal como se define en la resolución 3314 de la Asamblea General de la ONU.
La invasión armada de Isla Calero cumple con dicha definición y los requisitos del artículo 34 de la Carta de la ONU, que le otorga al Consejo de Seguridad la potestad de investigar cualquier conflicto que podría amenazar la paz.
Al insistir en agotar etapas en la OEA antes de acudir al Consejo, los responsables están haciendo caso omiso a la Carta de la ONU, que en el artículo 52 expresamente dice que la acción regional “no afecta en manera alguna la aplicación de los artículos 34 y 35.”
Recordemos que en septiembre 2009 Brasil acudió al Consejo, con el fin de resguardar la integridad de unos 400 metros cuadrados en Tegucigalpa, al temer una incursión armada a su Embajada para apresar al Presidente José Manuel Zelaya.
Brasil invocó la ayuda de la ONU, apenas transcurridas 24 horas del ingreso de Zelaya a la Embajada, y logró reunir al Consejo de Seguridad apenas 72 horas después. En nuestro caso, ya invadidos y con una isla de 151 kilómetros cuadrados prácticamente bajo el control del ejército de Nicaragua, seguimos temporizando con otras instancias.
Aunque no ha existido el mismo debate en relación con la posibilidad de acudir paralelamente al Consejo de Seguridad y a la Corte Internacional de Justicia, es precisamente mediante el recurso a ambas instancias máximas que tendremos más posibilidades de hacer valer nuestros derechos. Invito a quienes tienden a pensar que ambas instancias se inhabilitan mutuamente a revisar el artículo 35 de la Carta de la ONU y el artículo 36 del Estatuto de la Corte.
Cierto, al Consejo le incomoda la división de labores con la Corte, dado que teme que esta someta sus decisiones a “revisión judicial”. Sin embargo, como se desprende de las sentencias emitidas en varios casos anteriores, la Corte es prudente y ha reconocido que “las disputas legales entre Estados soberanos, por su naturaleza misma, probablemente ocurren en contextos políticos y frecuentemente constituyen solo un elemento de un conflicto político más amplio”.
Así como la Corte se esfuerza en limitar su jurisdicción a aquellos aspectos que son de naturaleza jurídica, el Consejo, como instancia política, debe atenerse a su mandato para el mantenimiento de la paz internacional.
El recurso al Consejo o a la Corte tiene sus riesgos. En el Consejo, habrá que generar el ambiente propicio para nuestra causa. Además, habrá que insistir en la urgencia e importancia de atender esta agresión contra un vecino desarmado cuando aún no se ha producido, afortunadamente, ningún derramamiento de sangre.
En la Corte, habrá que considerar seriamente la petición de medidas cautelares o provisionales, con el fin de frenar la afectación territorial y ambiental a Isla Calero y a la cuenca del Río Colorado.
Por ende, no existe ninguna razón para no proceder, sin más tardanza, a denunciar el crimen de agresión perpetrado por Managua ante el Consejo de Seguridad y a demandar a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia. Todas las demás gestiones son meras medias tintas. Es hora de acudir a las máximas instancias. Esperemos que no sea demasiado tarde.Bruno Stagno Ugarte
Bruno Stagno Ugarte
Ex Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica
A pesar de nuestras diferencias, el 14 de noviembre acudí a una reunión con la Presidente Laura Chinchilla y otros Ex–Cancilleres para examinar la tensa situación con Nicaragua y afinar la estrategia hacia delante. Asistí con la mejor intención de aportar una que otra idea, pero sobre todo para insistir en la urgencia de acudir a otros mecanismos además de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Contrariamente a como se ha afirmado en algunos medios, aunque apoyo la resolución de este conflicto por medios diplomáticos y jurídicos, en ningún momento he avalado las gestiones en curso ante la OEA.
Desde el primer momento he sido un abanderado de recurrir a las máximas instancias —el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), como lo sugirió la semana pasada el Ex–Presidente Oscar Arias, y la Corte Internacional de Justicia (la Corte)—, y no de quemar semanas en organismos desprovistos de dientes, con informes y resoluciones no vinculantes.
Esta posición no es nueva, fue enunciada con toda claridad a la Presidenta-Electa en ocasión de una anterior reunión que sostuvimos pocas semanas después de su elección, precisamente para analizar el futuro de las relaciones bilaterales con Nicaragua.
Desde el inicio de este triste capítulo, mucho se ha dicho sobre las ventajas y desventajas de acudir al Consejo Permanente de la OEA versus el Consejo de Seguridad de la ONU.
A tres semanas de iniciada la agresión armada, seguimos enfrascados en la OEA en una disputa supuestamente fronteriza —así se desprende del informe del Secretario General Insulza—, y no denunciándola como lo que verdaderamente es: un crimen de agresión, tal como se define en la resolución 3314 de la Asamblea General de la ONU.
La invasión armada de Isla Calero cumple con dicha definición y los requisitos del artículo 34 de la Carta de la ONU, que le otorga al Consejo de Seguridad la potestad de investigar cualquier conflicto que podría amenazar la paz.
Al insistir en agotar etapas en la OEA antes de acudir al Consejo, los responsables están haciendo caso omiso a la Carta de la ONU, que en el artículo 52 expresamente dice que la acción regional “no afecta en manera alguna la aplicación de los artículos 34 y 35.”
Recordemos que en septiembre 2009 Brasil acudió al Consejo, con el fin de resguardar la integridad de unos 400 metros cuadrados en Tegucigalpa, al temer una incursión armada a su Embajada para apresar al Presidente José Manuel Zelaya.
Brasil invocó la ayuda de la ONU, apenas transcurridas 24 horas del ingreso de Zelaya a la Embajada, y logró reunir al Consejo de Seguridad apenas 72 horas después. En nuestro caso, ya invadidos y con una isla de 151 kilómetros cuadrados prácticamente bajo el control del ejército de Nicaragua, seguimos temporizando con otras instancias.
Aunque no ha existido el mismo debate en relación con la posibilidad de acudir paralelamente al Consejo de Seguridad y a la Corte Internacional de Justicia, es precisamente mediante el recurso a ambas instancias máximas que tendremos más posibilidades de hacer valer nuestros derechos. Invito a quienes tienden a pensar que ambas instancias se inhabilitan mutuamente a revisar el artículo 35 de la Carta de la ONU y el artículo 36 del Estatuto de la Corte.
Cierto, al Consejo le incomoda la división de labores con la Corte, dado que teme que esta someta sus decisiones a “revisión judicial”. Sin embargo, como se desprende de las sentencias emitidas en varios casos anteriores, la Corte es prudente y ha reconocido que “las disputas legales entre Estados soberanos, por su naturaleza misma, probablemente ocurren en contextos políticos y frecuentemente constituyen solo un elemento de un conflicto político más amplio”.
Así como la Corte se esfuerza en limitar su jurisdicción a aquellos aspectos que son de naturaleza jurídica, el Consejo, como instancia política, debe atenerse a su mandato para el mantenimiento de la paz internacional.
El recurso al Consejo o a la Corte tiene sus riesgos. En el Consejo, habrá que generar el ambiente propicio para nuestra causa. Además, habrá que insistir en la urgencia e importancia de atender esta agresión contra un vecino desarmado cuando aún no se ha producido, afortunadamente, ningún derramamiento de sangre.
En la Corte, habrá que considerar seriamente la petición de medidas cautelares o provisionales, con el fin de frenar la afectación territorial y ambiental a Isla Calero y a la cuenca del Río Colorado.
Por ende, no existe ninguna razón para no proceder, sin más tardanza, a denunciar el crimen de agresión perpetrado por Managua ante el Consejo de Seguridad y a demandar a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia. Todas las demás gestiones son meras medias tintas. Es hora de acudir a las máximas instancias. Esperemos que no sea demasiado tarde.Bruno Stagno Ugarte
Bruno Stagno Ugarte
Ex Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica