Envío del Cafta siembra división
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Sábado 16 febrero, 2008
Presidencia y Procuraduría difieren en si se debe depositar el acuerdo comercial ante la OEA
Envío del Cafta siembra división
• Gobierno asegura que enviará el Tratado una vez que quede aprobada la agenda de implementación
• Plazo de la prórroga se anunciará próximo miércoles, ya empezó negociación con países signatarios
Carlos Jesús Mora
cmorah@larepublica.net
La conveniencia de depositar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (Cafta) ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) ya no solo enfrenta a los diputados y al Poder Ejecutivo. La Procuraduría General de la República también se sumó a esta polémica discusión.
La entidad resolvió que el Gobierno debería depositar el Cafta ante la OEA antes del próximo 29 de febrero, en un pronunciamiento dado a conocer el viernes sobre una consulta formulada por los opositores al acuerdo comercial.
Jurisdiccionalmente la opinión de la Procuraduría no es vinculante ni de acatamiento obligatorio, por lo que después de hacer pública su posición el Gobierno anunció que no notificará ante la OEA la ratificación del Cafta en el país.
Para ello aguardará a que esté aprobada en su totalidad la agenda de implementación que se discute en el Plenario.
En la Casa Presidencial sopesaron el hecho de que depositar el Cafta ante la OEA significa tener solamente 90 días para aprobar la agenda paralela en el Congreso, pues este es el plazo que señala el tratado para que entre en vigencia después d su depósito.
“Difícilmente podamos tener aprobada la agenda de implementación en ese tiempo y no queremos; 90 días más no garantiza que podamos salir, apenas tenemos proyectos que están comenzando su trámite bajo el artículo 41 bis”, aseguró Rodrigo Arias, ministro de la Presidencia.
Los 90 días para que el Cafta entre en vigencia posteriormente a su notificación en la OEA aún son aplicables para el país, a pesar de que otras naciones de la región como El Salvador han aprobado enmiendas en sus congresos para que no se cumplan y apresurar la entrada en vigencia del tratado, adujo Arias.
En la oposición, por su parte, señalan que “la Procuraduría es el abogado del Estado, a pesar de que su voz no es vinculante debe tomarse en consideración”, dijo Alberto Salom, diputado de Acción Ciudadana, quien rescató que su agrupación hizo la misma consulta formulada a la Procuraduría ante la Sala IV.
Entre tanto, el próximo miércoles el Gobierno anunciará oficialmente cuál será la ampliación del plazo que solicitará ante los países signatarios del Cafta para aprobar los seis proyectos aún pendientes de la agenda paralela.
En este sentido, Marco Vinicio Ruiz, ministro de Comercio Exterior, señaló que la solicitud y la decisión que tomen los países recaerán en el Poderes Ejecutivos de cada país, con los cuales se iniciaron las negociaciones semanas atrás.
“Ellos son conscientes de lo que esto significa para el país en términos de los sectores que se están viendo afectados, en general no hay ningún problema”, sostuvo Ruiz, quién agregó que los gobiernos centroamericanos están anuentes a cooperar sin ningún condicionamiento.
Envío del Cafta siembra división
• Gobierno asegura que enviará el Tratado una vez que quede aprobada la agenda de implementación
• Plazo de la prórroga se anunciará próximo miércoles, ya empezó negociación con países signatarios
Carlos Jesús Mora
cmorah@larepublica.net
La conveniencia de depositar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (Cafta) ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) ya no solo enfrenta a los diputados y al Poder Ejecutivo. La Procuraduría General de la República también se sumó a esta polémica discusión.La entidad resolvió que el Gobierno debería depositar el Cafta ante la OEA antes del próximo 29 de febrero, en un pronunciamiento dado a conocer el viernes sobre una consulta formulada por los opositores al acuerdo comercial.
Jurisdiccionalmente la opinión de la Procuraduría no es vinculante ni de acatamiento obligatorio, por lo que después de hacer pública su posición el Gobierno anunció que no notificará ante la OEA la ratificación del Cafta en el país.
Para ello aguardará a que esté aprobada en su totalidad la agenda de implementación que se discute en el Plenario.
En la Casa Presidencial sopesaron el hecho de que depositar el Cafta ante la OEA significa tener solamente 90 días para aprobar la agenda paralela en el Congreso, pues este es el plazo que señala el tratado para que entre en vigencia después d su depósito.
“Difícilmente podamos tener aprobada la agenda de implementación en ese tiempo y no queremos; 90 días más no garantiza que podamos salir, apenas tenemos proyectos que están comenzando su trámite bajo el artículo 41 bis”, aseguró Rodrigo Arias, ministro de la Presidencia.
Los 90 días para que el Cafta entre en vigencia posteriormente a su notificación en la OEA aún son aplicables para el país, a pesar de que otras naciones de la región como El Salvador han aprobado enmiendas en sus congresos para que no se cumplan y apresurar la entrada en vigencia del tratado, adujo Arias.
En la oposición, por su parte, señalan que “la Procuraduría es el abogado del Estado, a pesar de que su voz no es vinculante debe tomarse en consideración”, dijo Alberto Salom, diputado de Acción Ciudadana, quien rescató que su agrupación hizo la misma consulta formulada a la Procuraduría ante la Sala IV.
Entre tanto, el próximo miércoles el Gobierno anunciará oficialmente cuál será la ampliación del plazo que solicitará ante los países signatarios del Cafta para aprobar los seis proyectos aún pendientes de la agenda paralela.
En este sentido, Marco Vinicio Ruiz, ministro de Comercio Exterior, señaló que la solicitud y la decisión que tomen los países recaerán en el Poderes Ejecutivos de cada país, con los cuales se iniciaron las negociaciones semanas atrás.
“Ellos son conscientes de lo que esto significa para el país en términos de los sectores que se están viendo afectados, en general no hay ningún problema”, sostuvo Ruiz, quién agregó que los gobiernos centroamericanos están anuentes a cooperar sin ningún condicionamiento.