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Miércoles 3 Septiembre, 2014

Direccionar la solución a más rellenos sanitarios no solo es contraproducente para la hacienda municipal, sino para el ambiente


Entre dimes y diretes

Tras la publicación del Decreto Ejecutivo N°38500 S-MINAE a finales de junio de este año, los medios de comunicación no han dejado de informar las disposiciones de quienes sí avalan la prohibición indefinida para generar energía a base de residuos sólidos y quienes vemos esta medida como un mensaje de desconocimiento y de inseguridad jurídica para los inversionistas que tanto el Gobierno de la República añora para alcanzar su nueva meta de generar 217 mil empleos.
La discusión se ha extendido entre los dimes y diretes que no buscan descubrir el agua tibia, puesto que una gran cantidad de países utilizan estas tecnologías para dar soluciones a sus habitantes, por un lado un destino seguro a los residuos y el otro, la generación de electricidad que —coincidentemente— en este país se ha convertido en todo un reto para el Gobierno de turno en busca de nuevas alternativas de generación de electricidad como una forma de abaratar este servicio que ya no solo impacta a las empresas, sino a nuestros hogares.


La Ley 8839 “Ley para la Gestión Integral de Residuos” brinda lineamientos, cambia paradigmas y establece responsabilidades.
Esta normativa en su artículo 2 permite a los gobiernos locales la “promoción de la gestión integral de residuos en el ámbito municipal y local fomentando las soluciones regionales” y en el artículo 8 otorga a las municipalidades para que desarrollen tecnologías alternativas para el tratamiento de residuos.
También cambia el uso real de los residuos basados en la separación y tratamiento de la basura que las mismas empresas ofrecen para producir energía, ya que hay una legislación que se debe respetar y las distintas empresas oferentes de este servicio lo conocen, al punto de integrarlo dentro de su propuesta.
Esta ley también crea nuevas responsabilidades o competencias (sin recursos, nada nuevo en este país) con los programas de gestión de residuos sólidos, pero la ambición de quienes dirigen los municipios no solo se simplifica en el hábito que llevará décadas de educación y una nueva cultura costarricense. La responsabilidad de los alcaldes se inmiscuye más allá, se adentra en encontrar soluciones probadas, efectivas e inmediatas que junto a la educación nos pondrá en una vitrina ejemplar en América Latina.
Direccionar la solución a más rellenos sanitarios no solo es contraproducente para la hacienda municipal, sino para el ambiente. Crear un relleno sanitario supera los $5 millones.
En las manos del Gobierno de la República se encuentran estudios de las universidades de Costa Rica y Nacional que aprueban la introducción de estas tecnologías con la recomendación de utilizar la normativa europea, en las manos de quienes toman decisiones están los borradores de reglamentos, respaldos legales y convenios firmados entre federaciones municipales y el Instituto Costarricense de Electricidad, el cual solo espera la definición de la tarifa de la Aresep.

Gilberto Monge Pizarro
Vicepresidente de Anai y alcalde de Mora