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Sábado 11 Diciembre, 2010

Enfoques equivocados

La semana en curso el diario LA REPUBLICA se ha ocupado del tema de la apertura de telecomunicaciones en dos oportunidades. El lunes ofreció a los lectores un análisis comparativo de los procesos de apertura en el mercado de seguros y en el mercado de telecomunicaciones. El miércoles da cuenta de un supuesto “choque entre amigos” que involucra al presidente ejecutivo del ICE y a la presidenta Laura Chinchilla. En ambos casos se incurre en incorrecciones que no pueden fácilmente pasarse por alto.
Si bien es posible entender el enfoque, en principio atractivo, de comparar la agilidad con que se produjo el proceso de apertura en el mercado de seguros versus la aparente lentitud con que se produce la apertura del mercado de telecomunicaciones, lo cierto es que se trata de procesos incomparables por razones de fondo que voy a enumerar, aparte de que se hacen afirmaciones sin respaldo documental o sin dar a conocer o procurar la posición oficial sobre cada tema.
En el primer caso, la apertura de seguros, la apertura es un tema estrictamente regulatorio que lleva a la empresa estatal y las privadas a un plano de pura competencia comercial. En el otro, telecomunicaciones, la estructura del mercado obliga a mantener conexiones de forma permanente entre operadores públicos y privados y, por ende, extrema fricción. Para la apertura de seguros, los nuevos oferentes no necesitan para nada al INS, en el caso de la apertura de telecomunicaciones los operadores tendrán necesariamente que utilizar infraestructura propiedad del ICE; por razones del uso eficiente de los recursos productivos del país y en última instancia para beneficio de los usuarios. Así de simple se explica por qué son dos cosas diametralmente diferentes, aunque ambos partan de un hecho similar: la apertura de un mercado monopólico.
En una larga lista de “desaciertos” que consigna la nota, se incurre en imprecisiones inaceptables, como afirmar que el Gobierno juega en dos bandos porque aunque “...avala y apoya la apertura, entra en la contradicción de también mantener al ICE como empresa estatal”. Atribuye al Gobierno una contradicción por condiciones definidas no por el Gobierno sino por los órganos legislativos que decidieron sobre la estructura de mercado del sector telecomunicaciones. El Gobierno es solo un tomador y ejecutor de decisiones legislativas y en todo caso, si los legisladores decidieron mantener al ICE como empresa estatal, eso no impide que haya apertura y aunque no compartan esa decisión no se trata de una contradicción intrínseca. Simplemente es una apertura en circunstancias especiales que los operadores privados conocen de antemano y deben considerar en sus planes de negocios.
También es posible señalar el error de descalificar el proceso de negociación a lo interno del ICE y señalar que no “...hubo proceso de transición ni lobby adecuado con los trabajadores y sindicatos...”. El punto de partida y condiciones de poder de las instituciones y procesos que pretenden comparar son abismalmente lejanos, realidades políticas y condiciones de poder subyacentes simplemente incomparables.
No puedo, por razones de espacio detallar las abundantes imprecisiones de la nota, pero solo las dos citadas dan cuenta del escaso rigor con que se construyó la nota.
Más sorpresa me causaron los fantasiosos alcances de la nota del día miércoles 8 en que dan cuenta de un supuesto “choque entre amigos” entre la jerarca del Poder Ejecutivo y el jerarca del ICE. Aparte de que toda lo comunicación en torno al tema se ha producido en condiciones de absoluto respeto a las competencias y autonomía, lo cierto es que puedo dar fe de que no existen recias presiones a ambos lados, como se afirma en la nota, que puedan estar determinando la forma de proceder de doña Laura o don Eduardo. Todos los involucrados en el tema estamos atentos a las voces que en distintos tonos y con diferentes intereses se alzan alrededor de los complejos y amplios alcances del tema de la apertura de telecomunicaciones, lo cual no implica que alguno esté marcando el ritmo de un proceso que está rigurosamente regulado por la ley y en el que prevalece el interés público. No existe tal choque, no existen tales presiones y lo que sí existe es mucha especulación en la que queda atrapado el comunicador.

Marco A. Vargas D.
Ministro de la Presidencia