Miguel Angel Rodríguez

Miguel Angel Rodríguez

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Lunes 4 Agosto, 2014

Por años en América Latina se ha pretendido solucionar el incremento de la delincuencia con más extensas penas de prisión


Encarcelar no es la solución

Nuestro país es culpable de una grave violación a los derechos humanos por las condiciones en que mantiene a una gran proporción de la población penitenciaria.
Este es un enorme problema de justicia tanto por la responsabilidad colectiva que pesa sobre todos nosotros por el trato a los prisioneros, como por la inseguridad ciudadana que el propio sistema genera.


Por años en América Latina se ha pretendido solucionar el incremento de la delincuencia con más extensas penas de prisión y con mayores facilidades judiciales para su aplicación.
Y a pesar de que mientras en otras zonas del mundo la delincuencia disminuye y en la nuestra aumenta, no hemos querido aprender la futilidad de esas políticas.
Por un tiempo al menos se actuó de manera equilibrada. Así, a la par de una más drástica política de persecución criminal mediante el crecimiento y capacitación de la policía y el aumento del encarcelamiento, también se proveyó un crecimiento y mejora de las instalaciones penitenciarias.
En 2002 gracias a un programa de construcción se eliminó la sobrepoblación penitenciaria, a pesar del incremento en la proporción de personas en prisión.
En 1997 el país con 4.967 personas en prisión tenía una brutal sobrepoblación de un 64%, pero la capacidad de las cárceles prácticamente se duplicó en cuatro años y se eliminó el hacinamiento.
Lamentablemente no avanzamos lo suficiente en mejorar las técnicas y los recursos de educación, capacitación, trabajo y trato personalizado para mejorar las posibilidades de reinserción social de los condenados. Pero hasta 2006 se mantuvo la política constructiva que eliminó la sobrepoblación penitenciara a pesar de que el número de personas en prisión por cada cien mil habitantes pasó de 143,5 en 2000, a 160,6 en 2002 y a 209 en 2006.
Desde esa fecha se abandonó la obligación de atender una población penitenciaria que siguió en aumento con la ley de flagrancia y nuevas mejoras policiales en el Gobierno de doña Laura.
En marzo de 2014 la tasa de prisioneros por cien mil habitantes fue de 287 personas con un horroroso 39,2% de sobrepoblación. Esto nos transformó de un país ejemplar en América Latina a un gran conculcador de los derechos humanos.
Y en gran medida, con la detención de pequeños traficantes de droga o de quienes han hurtado por primera vez, lo que se obtiene es enviar a los condenados a una “escuela” para perfeccionar sus técnicas delincuenciales y socavar —en el hacinamiento y la violencia— sus valores de moralidad cristiana.
El pasado 30 de mayo el papa Francisco envió un mensaje a los Congresos sobre Derecho Penal en América Latina en el cual ofrece importantes guías éticas. “El Señor ha ido enseñando, poco a poco, a su pueblo que hay una asimetría necesaria entre el delito y la pena, que un ojo o un diente roto no se remedia rompiendo otro. Se trata de hacer justicia a la víctima, no de ajusticiar al agresor”, señaló y añadió: “La experiencia nos dice que el aumento y endurecimiento de las penas con frecuencia no resuelve los problemas sociales, ni logra disminuir los índices de delincuencia”.
 

Miguel Ángel Rodríguez