Fernando Cruz  da la cara. En cambio, los titiriteros que fraguaron su decapitación se esconden. Lo purgan no por inepto, corrupto, vago o inmoral. Lo sacan para que no estorbe a esa su “macro visión política”

De cal y de arena

En la hora de la represión – II

Eso tiene el tufo de una conjura urdida en los grandes antros de la corrupción, los que han acopiado el dudoso honor de figurar en investigaciones y procesos referentes relacionados con el expolio de la hacienda pública.
Una conjura que no necesariamente tenía que convenirse en un cruce de caminos, en despoblado, con nocturnidad y sangriento propósito. Una conjura no necesariamente igual a la que condujo al asesinato del juez Giovanni Falcone, famoso por ir al encuentro de los capos y sus redes en Italia, pero sí de gran similitud en punto al coraje, integridad e independencia del personaje en cuestión. También por el mensaje: calla y vivirás 100 años.
Es decir la omertá, tenebrosa regla de conducta entre los mafiosos. Al magistrado Fernando Cruz Castro lo condenaron a la guillotina por no callar. Probo, íntegro, de recia formación profesional, valiente e independiente de criterio, no dudó en asentar en distintas sentencias su opinión sobre candentes temas en los que los capos fincaban cuantiosos intereses.
Discrepó de quienes inconsultamente han venido imponiendo un modelo de Estado de perniciosos efectos sociales, a contrapelo de la concepción —aún no modificada— que acogieron los Constituyentes de 1949. Los motiva su irrefrenable codicia y su mundo de contrataciones muy lucrativas. Alguna de ellas de oro, el vil metal.
Fernando Cruz da la cara. En cambio, los titiriteros que fraguaron su decapitación se esconden. Lo purgan no por inepto, corrupto, vago o inmoral. Lo sacan para que no estorbe a esa su “macro visión política” o a esa su concepción de lo que es gobernabilidad. Ese voto de 38 legisladores hace escarnio del decoro, la dignidad y la majestad del principio de la independencia de los jueces y la regla de los frenos y contrapesos entre poderes. Su atropello es insostenible para infortunio de los capos.
Este oprobioso episodio en el tránsito de nuestra democracia está precedido por la “Ley Mordaza” y sus disposiciones concurrentes hacia la sofocación de la lucha contra la corrupción. Desde que la Presidente Chinchilla ordena su ejecución y su publicación en La Gaceta, legitima la sospecha de que hay influyentes padrinos detrás de tan artero golpe al Derecho a la Información y a la Libertad de Prensa, tejido a la medida de la necesidad de impedir la difusión de toda información que delate la corrupción en sus diversas figuras como es el caso de vedar la procuración indebida (¿?) del material que se repute secreto político (¿?) o el desvío de datos para un fin distinto del que fueron recolectados.
Pero —cuidado— que contra las reglas deontológicas conspiran los capos igual que los patronos en algunas empresas periodísticas. De ahí el riesgo de que a través de las reformas a la Ley Mordaza “metan goles” como el de la “reproducción fiel” y el de la “real malicia”, a lo cual bien les viene usar como mula de carga al Colegio de Periodistas. Mejor que la suerte de tal ley la determine la Sala Constitucional.

Alvaro Madrigal
 

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