Enviar
En 2010 el pasado atrapó a Polanski, y una propiedad lo salvó

Roman Polanski recordará 2010 como el año en que fue privado de libertad por un caso que lo persigue desde hace más tres décadas, y en el que vislumbró acabar sus días en la cárcel, una pesadilla de la que se libró, en parte, por ser dueño de un lujoso chalet en Suiza.
Algunos medios franceses vieron el “caso Polanski” como un entramado político-judicial orquestado por Estados Unidos para presionar a Suiza a que entregara una lista con 52 mil nombres de contribuyentes norteamericanos con cuentas secretas en el banco helvético UBS.
Otros achacaron “la decisión” a un funcionario de bajo rango con ganas de hacer méritos que acabó metiendo a su país en un embrollo internacional.
Fuera cual fuera la causa, los hechos son que el 26 de setiembre de 2009, el director franco-polaco fue detenido en el aeropuerto de Zúrich a donde había llegado para recibir un premio.
Los cargos: una orden internacional de búsqueda y captura dictada por Estados Unidos por un caso de abusos sexuales a una menor acontecido en 1977, una acusación que el director de “El Pianista” confesó en su momento y por la que ya había pasado 42 días en un centro psiquiátrico de Los Angeles en 1978.
El director quedó en libertad condicional a la espera de juicio, pero antes de que este se celebrara, huyó a Francia y nunca más volvió a pisar suelo estadounidense.
Después de ser detenido en Zúrich, pasó en prisión poco más de dos meses y, tras pagar una fianza de €3 millones, fue confinado al arresto domiciliario en su mansión de Gstaad, una casa que finalmente se convertiría en su salvación.
Polanski se comprometió a no salir de los límites de su propiedad y a portar un brazalete electrónico que permitía a la policía mantenerlo bajo control en todo momento.
Durante siete meses esperó paciente a que sus abogados intentaran, siempre en vano, convencer a los fiscales estadounidenses de que su cliente ya había pagado la pena y de que había huido, no por escapar, sino por sentirse víctima de una persecución basada en su notoriedad.
Argumentaban, además, que en 1993, Polanski llegó a un acuerdo extrajudicial con Samantha Geimer la niña de 13 años de la que abusó por el que, según la prensa, el director acordó pagarle una indemnización de al menos $500 mil.
Pero la justicia estadounidense preparó la orden de extradición y la entregó formalmente a Suiza para que la hiciera efectiva.
La Confederación se tomó varios meses para decidir, en los que aprovechó para pedir a Estados Unidos más datos sobre lo sucedido en 1977 y 1978.
Finalmente, el 12 de julio, la ministra de Justicia suiza, Eveline Widmer-Schlumpf, decidió rechazar la solicitud de extradición utilizando dos argumentos: que la demanda sufría de “un vicio grave” al no quedar probado que el cineasta no hubiera ya purgado su pena, y que se había violado el “principio de confianza”.
Este principio “de buena fe” se sustenta en el hecho de que el realizador nunca se habría imaginado que sería detenido en Zúrich dado que era propietario de una casa, que había frecuentado con asiduidad en los últimos tres años.
Tanto la Fiscalía del condado de Los Angeles como el Departamento de Estado se mostraron desolados y anunciaron que seguirían intentando la extradición.
El caso tuvo, además, otra repercusión: la modificación de la ley de la propiedad en Suiza para que no se pueda vender una casa a un extranjero hasta que las autoridades helvéticas no comprueben que este no se encuentra en situación de busca y captura.

Ginebra / EFE
Ver comentarios