En dos meses CCSS desoyó tres criterios técnicos en contra de la adjudicación de 138 Ebáis a cooperativas
Adjudicación no siguió el procedimiento ordinario, según la denuncia de la Auditoría
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A pesar de varias alertas de precio excesivo y criterios técnicos, la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) aprobó la adjudicación de 138 Ebáis a un puñado de cooperativas.
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En dos meses, los altos jerarcas de la institución desoyeron al menos tres criterios técnicos en los cuales se recomendó declarar la compra de servicios como “infructuosa” por sobreprecio.
La decisión implicaría un perjuicio económico para la CCSS de más de ¢12 mil millones al año, según la fiscalía, que investiga el caso por los presuntos delitos de Influencia en contra de la Hacienda Pública y Tráfico de Influencias.
Así se desprende del informe de auditoría que fue presentado al Ministerio Público por Randal Jiménez, subauditor interno de la institución, y que sirvió la semana pasada, para que la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), detuvieran a ocho personas por este caso, el cual fue llamado “Barrenador”.
La denuncia a la fiscalía fue presentada por la auditoría de la CCSS tan solo cuatro días después de que se aprobara la adjudicación de los Ebáis. Cortesía/La República.
De acuerdo con el informe, el 8 de mayo de 2024, la Junta de Adquisiciones de la CCSS fue el primer órgano interno en recomendar la compra como “infructuosa”, ya que, producto de los análisis técnicos ejecutados, se determinó que los “precios ofertados eran excesivos”.
Posteriormente, el Área de Contabilidad de Costos, adscrita a la Dirección Financiero Contable, presentó dos análisis el 8 y el 10 de abril, en los cuales informó que las ofertas presentadas por los proveedores “se consideraban como excesivas”.
El el Área de Contabilidad de Costos, adscrita a la Dirección Financiero Contable hizo dos análisis con el mismo resultado negativo, Cortesía/La República.
Los precios ofertados fueron considerados "excesivos" por el Área de Contabilidad de costos de la CCSS. Cortesía/La República.
Sin embargo, el 22 de junio, durante la sesión de Junta Directiva N° 9459, Marta Esquivel, presidenta de la CCSS, solicitó a María de los Ángeles Gutiérrez, Directora de Proyección de Servicios de Salud, que elaborara a la brevedad un estudio de conglomerados de las 105 áreas de salud, así como un análisis de la “oferta de servicios”.Ese mismo día, se conformó un equipo de trabajo para atender lo solicitado por la junta directiva, lo cual derivó en un informe que fue entregado el 3 de julio a los directivos, y en donde se recomendó avanzar con la adjudicación pese a los criterios técnicos.
En ese sentido, la auditoría señala al Ministerio Público que no se corrobora que este último documento “se ajustara a la metodología establecida institucionalmente para el desarrollo de los análisis técnicos”.
Finalmente, el sábado 6 de julio, en una sesión extraordinaria convocada por Esquivel, se aprobó la adjudicación de los Ebáis, según indicó Lenín Hernández, del Sindicato Nacional de Enfermería a LA REPÚBLICA.
“Una de las cosas que más llama la atención en todo este tema es que, a pesar de que la institución dispone de una estructura formal para el trámite de los procedimientos de contratación administrativa, la junta directiva recurrió a una comisión especial con la finalidad de que se analizara este tema (…), asimismo, debemos señalar que había criterios técnicos en contra por sobreprecios”, dijo Hernández.
La investigación en curso ha levanto un polvorín en la Asamblea Legislativa, la Presidencia y entre los trabajadores, quienes demandan la salida de la presidenta de la CCSS.
Uno de ellos es Albino Vargas, secretario general de la ANEP, quien señaló que desde el 6 de julio, día en que se aprobó la adjudicación, el sindicado denunció públicamente que algo malo estaba pasando.
Mientras tanto diputados como Diego Vargas, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista y Alejandra Larios, subjefa del PLN, calificaron el supuesto acto de corrupción como vergonzoso, a la vez que plantearon su preocupación por la continuidad de los servicios de salud.
Por un presunto sobreprecio de un 33% en la adjudicación de contratos a cooperativas para la operación de Ebáis, la fiscalía detuvo a Marta Esquivel, presidenta de la CCSS, hace una semana.
La acción de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción incluyó allanamientos en la sede central de la CCSS, casas de habitación, cooperativas y oficinas.
Se confirmaron 8 detenciones entre altos funcionarios, directivos y exfuncionarios de la CCSS.
“De acuerdo con el informe preliminar, la investigación habría dado inicio a principios de 2023, cuando al parecer miembros de la junta directiva de la CCSS anularon un cartel de licitación y, a su vez, realizaron un nuevo procedimiento en el que supuestamente estas personas habrían ejercido controles y aportes con la finalidad de modificar las condiciones de este acuerdo bajo los intereses de varias cooperativas de salud, que se encargarían de la administración de los Ebáis del país”, dijo el OIJ.
El nuevo proceso de contratación para la administración de Ebáis comenzó en el 2021, pero después de 17 meses de apelaciones, la Caja decidió anular todo en marzo de 2023 y comenzar de cero.
Un nuevo proceso se inició en noviembre de 2023 y el resultado fue la cuestionada adjudicación de julio pasado.
Justicia politizada
Mientras tanto, el miércoles anterior el presidente Rodrigo Chaves señaló que la justicia en Costa Rica “está politizada” sin duda alguna.
“¿Será que en Costa Rica la justicia está politizada? Es una pregunta retórica. La misma justicia que no ha detenido a Ofelia Taitelbaum, exdefensora de los habitantes, ya condenada, pero sí a Marta Esquivel. Este ya no es un tema de rivalidad política, sino de derechos humanos que nos hace ver la politización de la justicia de nuestro país”, dijo Chaves.
Para el mandatario, la decisión del Ministerio Público “es un capricho torpe de la fiscalía y de quienes manejan a los fiscales en el poder judicial”.
El presidente también indicó que la presidenta de la CCSS fue tratada como una sicaria del narco.
“La fundamentación del delito es absurda e insulta la inteligencia de los costarricenses”, dijo Chaves.
Para el mandatario, la detención de Esquivel, hace una semana, demuestra el matonismo y el acoso por parte de la fiscalía en contra del gobierno.
El objetivo, según Chaves, es amedrentar a los funcionarios valientes de su gobierno para que no tomen decisiones que cambien el status quo y acaben con las viejas estructuras de poder.
“¿Cómo vamos a pedir a los funcionarios que tomen decisiones valientes, cuando la fiscalía está atrás, matoneando y acosando con sus actuaciones inmorales e ilegales (…) Hemos vivido puntos negros en la historia democrática de Costa Rica, hemos sido testigos de cómo la fiscalía abusó de su poder, del músculo que tiene, para amedrentar e intimidar al gobierno de la República, deteniendo de manera arbitraria y amenazante a una alta jerarca del gobierno”, dijo Chaves.
