Aval a huelgas en servicios públicos esenciales complica a Presidente

Empresarios y sindicatos presionan a Solís

Zapote no quiere tomar decisión y busca devolver debate al Congreso

Debido a que la seguridad jurídica y la estabilidad del país están en juego, los empresarios exigen al presidente Luis Guillermo Solís, no levantar el veto sobre la ley que permitiría la huelga en los servicios públicos esenciales como la policía y los bomberos.

Por el contrario, el Frente Amplio y los sindicatos demandan al mandatario cumplir con su palabra y promover las leyes que supuestamente benefician a los trabajadores.
A una semana de que se archive la reforma procesal en el Congreso y ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo legislativo acerca de este tema, la presión sobre el Presidente no deja de aumentar.
Esto, porque a más tardar el 13 de diciembre, Solís tendrá que determinar si respalda o no las huelgas en los servicios públicos esenciales y dependiendo de su decisión, enfurecerá a sindicatos o al sector productivo.
“De levantarse el veto, todas las acciones tomadas por el Gobierno con ocasión de la huelga de Japdeva, no podrían ejecutarse y las pérdidas para el país serían millonarias”, indica José Álvaro Jenkins, presidente de la UCCAEP.
Para el sector productivo, la reforma procesal laboral debería encaminarse a establecer los mecanismos que permitan la contratación de trabajadores temporales, cuando los servicios queden suspendidos, así como a establecer sanciones laborales, penales y civiles por el ejercicio abusivo del derecho a la protesta, agregó Jenkins.
Si el mandatario respalda al sector productivo, el apoyo incondicional del Frente Amplio en el Congreso se esfumará como por arte de magia.
Esto, porque a inicios de mayo Zapote pactó con esa agrupación de izquierda sus votos, a cambio de levantar el veto sobre la reforma procesal laboral.
“Don Luis nos dio su palabra de que permitiría la huelga en los servicios públicos esenciales y si no cumple con ella, puede olvidarse del apoyo de los votos del Frente Amplio”, indicó Gerardo Vargas, jefe de fracción de esa agrupación.
Por otra parte, de no cumplir con su palabra en relación con este tema, el Presidente recibiría fuertes críticas por parte de los sindicatos, quienes en los últimos días han demandado al Presidente actuar de acuerdo con sus intereses.
“Estamos a pocos días y a pocas horas de una decisión presidencial tan crucial, que marcará el límite de la confianza en la palabra presidencial. El mandatario Solís tiene bien claro que la reforma procesal laboral, es la más grande transformación del Código de Trabajo desde que este fuera promulgado”, indicó Albino Vargas, secretario de la ANEP.
Ante la encrucijada en la que se encuentra, el Presidente ha intensificado el cabildeo en el Congreso, para conseguir los 38 votos que requiere para ampliar por cuatro años, la discusión sobre este tema.
De esta forma, él devolvería la discusión a la Asamblea Legislativa y su acción no sería condenada, ni por los sindicatos, ni por los empresarios.

Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
@earrietaLR