Empresarios defienden que se mantenga el secreto bancario
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Jueves 30 abril, 2009
Sector rechaza reforma promovida por Hacienda para complacer exigencias de organismo internacional
Empresarios defienden que se mantenga el secreto bancario
Al menos ocho naciones latinoamericanas poseen un esquema de fiscalización similar al de Costa Rica
Daniel Chacón
dchacon@larepublica.net
El levantamiento del secreto bancario utilizando la figura de un juez como intermediario es una práctica común en al menos ocho de 17 países de Latinoamérica, esto sin contar las islas.
Costa Rica abandonaría este grupo, de cumplirse la promesa de reformar la ley para que Hacienda pueda revisar cuentas bancarias sin la intervención de un juez, iniciativa que no goza del beneplácito del sector empresarial.
Esto por cuanto los representantes del sector consideran que el país se estaría extralimitando al ofrecer el levantamiento del secreto bancario para fines tributarios sin la intermediación de un juez.
La propuesta fue presentada ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) con el fin de evitar que Costa Rica fuese considerada como “no cooperante” y “paraíso fiscal” en materia de intercambio de información fiscal.
No obstante, diversos empresarios se oponen a esta idea y exigen analizar con mayor profundidad el tema, luego de que la OCDE oficializara su intención de enviar una comisión a Costa Rica para fiscalizar de primera mano la redacción del proyecto de ley, aspecto dado a conocer ayer por LA REPUBLICA.
Además, consideran que la eliminación del secreto bancario no es necesaria, ya que el país desde hace más de 20 años tiene un acuerdo de intercambio de información con Estados Unidos, existen leyes contra el lavado de dinero, narcotráfico y posee varios convenios de extradición.
Asimismo, se cons
idera que Costa Rica no cumple con las condiciones de un “paraíso fiscal”, ni de una economía que facilite la evasión tributaria y lavado de dinero.
“El gobierno se extralimitó en su propuesta. En su declaración inicial, la OCDE aseveró que Costa Rica no tiene convenios de intercambio de información, cuando sí los tenemos desde 1984. Nuestro sistema sí funciona, sí damos información, por eso me parece que el tema va por otro lado”, consideró Humberto Pacheco, abogado e impulsor del convenio de intercambio de información tributaria con Estados Unidos hace dos décadas.
Aunado a ello, se critica el hecho de que el país tampoco posee algún tratado o convenio firmado con la OCDE, y que tampoco existieron reuniones multilaterales o la mediación de algún organismo para discutir los límites de acceso a la información bancaria con fines de fiscalización tributaria.
“El punto clave es que Costa Rica siempre ha colaborado cuando ha habido cualquier solicitud de información. Yo quiero ver sin intermediarios exactamente el requisito que está exigiendo la OCDE, porque eso se puede lograr de diferentes modos”, indicó Juan María González, presidente de la Cámara de Industrias.
A pesar de lo anterior, el gobierno ofreció la reforma de ley, indicando que este sería un requerimiento del organismo internacional.
Actualmente la administración tributaria puede solicitar la información bancaria de los contribuyentes para fines tributarios por medio de un juez. Este mecanismo ha funcionado de forma ágil, a tal punto que el Ministerio de Hacienda aceptó su buen funcionamient
o.
La OCDE presiona este cambio en las economías a nivel global para que se asuma como un estándar, pero ni siquiera el mismo G-20 ha adoptado estas políticas.
“Ellos insistieron en la necesidad de eliminar al juez del proceso de solicitud de información a los bancos en casos de investigaciones tributarias, fue lo primero que consulté”, respondió Jenny Phillips, viceministra de Hacienda.
El riesgo de estas reformas —a juicio de expertos en Derecho— es que se estaría hilando muy delgado contra derechos personales a la intimidad, que con la legislación actual son protegidos por la figura del juez. La apertura también genera temor por el uso que pudiera dársele a la información en tiempos en que bases de datos privadas mercadean estos datos.
“Nosotros estamos dispuestos a aumentar la cantidad de información que brindamos a Tributación, pero con la participación de un juez. Nuestro esquema es similar al de nuestros vecinos, no somos un paraíso fiscal y somos cooperantes; no veo las razones para cambiar”, consideró Luis Ortiz, asesor legal de la Cámara de Bancos.
Los sectores empresariales tampoco están muy a gusto con el proyecto de reforma. Incluso, se habla de la posibilidad de solicitar al Poder Ejecutivo que se retracte de enviar esta reforma legal al Congreso.
Empresarios defienden que se mantenga el secreto bancario
Al menos ocho naciones latinoamericanas poseen un esquema de fiscalización similar al de Costa Rica
Daniel Chacón
dchacon@larepublica.net
El levantamiento del secreto bancario utilizando la figura de un juez como intermediario es una práctica común en al menos ocho de 17 países de Latinoamérica, esto sin contar las islas.Costa Rica abandonaría este grupo, de cumplirse la promesa de reformar la ley para que Hacienda pueda revisar cuentas bancarias sin la intervención de un juez, iniciativa que no goza del beneplácito del sector empresarial.
Esto por cuanto los representantes del sector consideran que el país se estaría extralimitando al ofrecer el levantamiento del secreto bancario para fines tributarios sin la intermediación de un juez.
La propuesta fue presentada ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) con el fin de evitar que Costa Rica fuese considerada como “no cooperante” y “paraíso fiscal” en materia de intercambio de información fiscal.
No obstante, diversos empresarios se oponen a esta idea y exigen analizar con mayor profundidad el tema, luego de que la OCDE oficializara su intención de enviar una comisión a Costa Rica para fiscalizar de primera mano la redacción del proyecto de ley, aspecto dado a conocer ayer por LA REPUBLICA.
Además, consideran que la eliminación del secreto bancario no es necesaria, ya que el país desde hace más de 20 años tiene un acuerdo de intercambio de información con Estados Unidos, existen leyes contra el lavado de dinero, narcotráfico y posee varios convenios de extradición.
Asimismo, se cons
idera que Costa Rica no cumple con las condiciones de un “paraíso fiscal”, ni de una economía que facilite la evasión tributaria y lavado de dinero.“El gobierno se extralimitó en su propuesta. En su declaración inicial, la OCDE aseveró que Costa Rica no tiene convenios de intercambio de información, cuando sí los tenemos desde 1984. Nuestro sistema sí funciona, sí damos información, por eso me parece que el tema va por otro lado”, consideró Humberto Pacheco, abogado e impulsor del convenio de intercambio de información tributaria con Estados Unidos hace dos décadas.
Aunado a ello, se critica el hecho de que el país tampoco posee algún tratado o convenio firmado con la OCDE, y que tampoco existieron reuniones multilaterales o la mediación de algún organismo para discutir los límites de acceso a la información bancaria con fines de fiscalización tributaria.
“El punto clave es que Costa Rica siempre ha colaborado cuando ha habido cualquier solicitud de información. Yo quiero ver sin intermediarios exactamente el requisito que está exigiendo la OCDE, porque eso se puede lograr de diferentes modos”, indicó Juan María González, presidente de la Cámara de Industrias.
A pesar de lo anterior, el gobierno ofreció la reforma de ley, indicando que este sería un requerimiento del organismo internacional.
Actualmente la administración tributaria puede solicitar la información bancaria de los contribuyentes para fines tributarios por medio de un juez. Este mecanismo ha funcionado de forma ágil, a tal punto que el Ministerio de Hacienda aceptó su buen funcionamient
o.La OCDE presiona este cambio en las economías a nivel global para que se asuma como un estándar, pero ni siquiera el mismo G-20 ha adoptado estas políticas.
“Ellos insistieron en la necesidad de eliminar al juez del proceso de solicitud de información a los bancos en casos de investigaciones tributarias, fue lo primero que consulté”, respondió Jenny Phillips, viceministra de Hacienda.
El riesgo de estas reformas —a juicio de expertos en Derecho— es que se estaría hilando muy delgado contra derechos personales a la intimidad, que con la legislación actual son protegidos por la figura del juez. La apertura también genera temor por el uso que pudiera dársele a la información en tiempos en que bases de datos privadas mercadean estos datos.
“Nosotros estamos dispuestos a aumentar la cantidad de información que brindamos a Tributación, pero con la participación de un juez. Nuestro esquema es similar al de nuestros vecinos, no somos un paraíso fiscal y somos cooperantes; no veo las razones para cambiar”, consideró Luis Ortiz, asesor legal de la Cámara de Bancos.
Los sectores empresariales tampoco están muy a gusto con el proyecto de reforma. Incluso, se habla de la posibilidad de solicitar al Poder Ejecutivo que se retracte de enviar esta reforma legal al Congreso.